Andan todos los partidos a vueltas con la reforma constitucional, como si ellos supiesen de qué están hablando. La cosa es que sí, que hace falta remozar de forma coherente el artículo VIII sobre la organización territorial del Estado, que urge la activación del Senado como verdadera cámara de representación territorial, que la melé de los límites de las competencias de las diecisiete administraciones regionales es intolerable, que la anacrónica prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona es cosa del Medievo y la inviolabilidad del monarca parece del Antiguo régimen.
Alemania en los últimos cuarenta años ha hecho hasta sesenta reformas de su carta magna y nosotros solo hemos hecho dos: una para permitir el sufragio de los europeos en las elecciones municipales y la otra para fijar el techo de gasto. Pero los teutones son otra cosa, epicentro de los avances de esta vieja/nueva Europa, están acostumbrados a reunirse y a debatir durante días, semanas y meses las cosas que importan a nivel cosmopolita y paneuropeo: aquí sus señorías aprueban los PGE y otras cosas capitales in absentia, desde Casa Manolo o en el hotel con la querida. Domésticamente y a lo cutre, queremos decir, tras mucha grita y barahúnda congresual, que es donde verdaderamente escenifican y pierden la poca fuerza que tienen.
Nuestra Ley fundamental, que supuso la culminación de la transición a la democracia, ha cumplido hoy cuarenta y tres años, y no es un dogma de fe, como el de la asunción de la Virgen a la esfera celeste, y requiere de retoques. Pero siete fueron diputados de nivel los que redactaron la Constitución: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez-Llorca, Miguel Herrero de Miñón, Miquel Roca, Manuel Fraga, Jordi Solé Tura y Gregorio Peces-Barba. El profesor Enrique Tierno Galván, junto al jurista Pablo Lucas Verdú, fue el encargado de elaborar el preámbulo constitucional. La Constitución que estos prohombres de Estado fijaron establece un principio de solidaridad entre municipios, provincias y regiones, casi nada para la ausencia de consenso, convivencia y lealtad actuales que reina entre nuestros dirigentes, que son las dos Españas que nos hielan el corazón machadiano. No tenemos estos mimbres intelectuales; si acaso algún diputado que va a Telecinco y así.
Para reformar nuestra Ley de Leyes harían falta mayorías muy cualificadas, de dos tercios, y en algún punto incluso la disolución de las Cortes, la convocatoria de elecciones generales y la votación del nuevo texto en un nuevo referéndum. Lo único que algunos vemos posible es clonar a los padres constitucionales ausentes y volver a convocar e invocar en carne y hueso mortal a los que aún nos acompañan, como Herrero y Roca. De manera que, una vez se haya “reformado”, cultivado y educado en cuestiones básicas de articulación completa del Estado a nuestros nuevos “ponentes”, pues igual se pueden tantear unos cambios en algún título anacrónico y con respecto al reconocimiento de algunas especificidades territoriales. Pero eso y con estas alforjas intelectuales sesteando en el Hemiciclo, a día de hoy es pedirle peras al olmo, Amore.