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TRIBUNA

Derecho, no política

José Luis Martínez López-Muñiz
jueves 13 de enero de 2022, 19:56h

El Tribunal Constitucional es pieza decisiva de garantía en nuestro sistema constitucional y, por lo tanto, en el armazón institucional de nuestra convivencia en paz y seguridad.

Como intérprete supremo de la Constitución –dice el artículo 1º de su Ley Orgánica-, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica.

Así debe ser: su razón de ser y su única función es la garantía suprema del respeto al orden constitucional, fundamento de todo el resto del orden jurídico. Y ello comporta necesariamente que sea, en efecto, quien aporta la interpretación suprema de lo que la Constitución contiene, reconoce o impone. Una tarea jurídica, que implica a la lógica propia del Derecho. Algo que, debe, pues, estar al margen de objetivos y condicionamientos propiamente políticos. La tarea del Tribunal Constitucional es el Derecho, no la política. Y precisamente, entre otras cosas, para que la política pueda hacerse y canalizarse del mejor modo en un Estado democrático como lo es el nuestro, con el debido respeto a los derechos y libertades de cada uno y a las reglas institucionales, unos y otras determinados por la Constitución. La política es el ámbito propio de los Poderes legislativos y ejecutivos, y lo propio del Estado de Derecho es que haya de sujetarse, precisamente, al orden jurídico constitucional, como único modo de respetar y tener en cuenta debidamente la dignidad inalienable de cada ciudadano, de cada persona. La ley del Poder legislativo dejó de ser, hace mucho tiempo, soberana, omnipotente. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, dice el art. 1.2 de nuestra Constitución. Y ha sido su voluntad, expresada el 6 de diciembre de 1978, la que ha respaldado y configurado los actuales Poderes del Estado y las bases fundamentales de los de las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las Corporaciones públicas. Esa misma voluntad soberana ha dispuesto los modos que han de seguirse para modificar cualquier elemento de la Constitución, reservándose en último extremo, para los más esenciales, la última palabra. Nadie puede innovar ni cambiar lo dispuesto explícita e implícitamente en la Constitución de otro modo.

Estas nociones son elementales y resulta difícil entender que alguien pueda ponerlas entre paréntesis, marginarlas o relativizarlas, máxime si ocupa alguno de los cargos públicos derivados del orden constitucional o aspira seriamente a hacerlo.

Cualquiera algo familiarizado con el Derecho sabe bien que la interpretación jurídica, aun teniendo unas reglas propias insoslayables, tiene ciertos márgenes de indeterminación, como cierta indeterminación tienen los términos que emplean los principios y las reglas jurídicas y los conceptos que expresan. Y es inevitable que en ese margen cada intérprete, aun operando con absoluta independencia personal y con voluntad objetiva de imparcialidad, integre y sintetice del modo que estime más lógico y justificado las implicaciones de aquellos principios y reglas, de aquellos conceptos. En lo que, ciertamente, puede producirse y es normal que se produzcan discrepancias de una u otra entidad entre varios intérpretes, todos ellos igualmente comprometidos con el Derecho. Y es lógico que en esa síntesis hermenéutica cada intérprete proyecte de algún modo su más básica comprensión del ser humano, de su dignidad y sus derechos y libertades, de la sociedad y del Derecho mismo, por sometida que se tenga al orden constitucional establecido. Todo juez está, en efecto, condicionado en una u otra medida por su weltanschauung, su cosmovisión. Solo que, para ejercer adecuadamente la función interpretativa del Derecho en general y del orden constitucional en particular en la condición de juez del Tribunal Constitucional, es imprescindible que esa cosmovisión incluya la necesidad ineludible y prioritaria de atenerse en tal función a lo establecido en la Constitución y en los complementos hermenéuticos que ella misma haya, en su caso, dispuesto.

La Constitución ha dispuesto unos modos de elegir y nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional y unas condiciones personales para estos, que tratan de asegurar lo mejor posible –con independencia de que otras fórmulas fueran posibles- que cumplan con su función del mejor modo, con la debida sumisión al orden constitucional y con plena independencia, especialmente política, pero también económica o social de cualquier tipo. Pero ni el modo en que esto se ha dispuesto por nuestra Constitución ni cualquier otro posible, impedirán que los magistrados que componen el alto Tribunal tenga cada uno una determinada cosmovisión ni que haya sido precisamente ésta uno de los factores probablemente tenidos en cuenta en su elección, porque la cosmovisión se proyecta en la conducta y todos los elegidos lo han sido en atención a ella. Aunque siempre deba presumirse el condicionamiento de que todos comprenden y asumen ante todo su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y que no lo distorsionarán de hecho para tratar de imponer sus preferencias políticas contrarias a ella o no amparadas por ella.

A partir de ahí, los analistas podrán tratar de clasificar o encasillar a los magistrados de uno u otro modo y es cosa corriente que se haga en todos los países. Lo que sería de todo punto rechazable es que se cuestione la legitimidad del Tribunal Constitucional según que la hipotética o previsible mayoría de sus magistrados pueda inclinarse por una u otra interpretación de la Constitución. Como tampoco parece tener justificación alguna que, porque, en el enjuiciamiento de la constitucionalidad de tal o cual ley, pueda darse una u otra división del voto de los magistrados, haya de demorarse el fallo de la cuestión planteada. Y menos aún que haya de esperarse a que cambie la supuesta orientación preferente de la mayoría. ¿Por qué habría de tener más valor y legitimidad una sentencia adoptada por una mayoría digamos “progresista”, aun con votos particulares en contra de la minoría “conservadora”, como, aplicándose tales inciertas categorías, tantas veces se ha producido, que otra en la que la mayoría y la minoría, por amplia que sea, sean de signo contrario?

Por lo demás, ¿significará de algún modo, en este contexto, “conservador”, un talante más proclive precisamente a “conservar” el orden constitucional y sus valores, y “progresista”, una tendencia a hacer evolucionar lo establecido en la Constitución de un modo innovador que podría desbordar sus límites, sustituyendo al poder democrático al que tal cosa corresponde? Quede la cuestión abierta para otra ocasión.

José Luis Martínez López-Muñiz

Catedrático de Derecho Administrativo y profesor emérito de la Universidad de Valladolid

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