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CHOQUE CON EL CGPJ

El Gobierno aprueba la Ley de Vivienda contra el criterio del Consejo del Poder Judicial

El Gobierno aprueba la Ley de Vivienda contra el criterio del Consejo del Poder Judicial
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(Foto: EFE/ Fernando Alvarado)
EL IMPARCIAL
martes 01 de febrero de 2022, 15:17h
La ministra Raquel Sánchez asegura que el Estado "no invade ninguna competencia autonómica".

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la polémica Ley de Vivienda en contra del criterio del Poder Judicial, que emitió un informe desfavorable sobre la norma, al considerar que invadía las competencias de las comunidades autónomas.

Según ha explicado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la ley "no invade ninguna competencia autonómica".

Un año después de que los socios de gobierno empezaran oficialmente la negociación del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, el Consejo de Ministros aprueba así el texto este martes en segunda vuelta y lo enviará al Congreso para su tramitación como proyecto de ley.

Considerada una de las leyes estrella del Ejecutivo de coalición, la conocida como Ley de Vivienda recibió la semana pasada el informe desfavorable, pero no vinculante, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con un voto particular de cinco vocales del sector progresista.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sostenido que el anteproyecto "respeta las competencias de las comunidades autónomas, salvaguarda y protege el derecho a la vivienda y es compatible con el derecho a la propiedad".

El texto penaliza las viviendas vacías, permite a las comunidades autónomas regular el precio de los alquileres, prohíbe la venta del patrimonio público residencial y prevé aumentar el parque de vivienda social, así como que sean los juzgados los que de oficio suspendan los desahucios por impago de renta de familias vulnerables, entre otras medidas.

La regulación de los alquileres, uno de los puntos más polémicos y que suscitan más rechazo en el sector inmobiliario, contempla la limitación de rentas para las persona jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas en las zonas que los gobiernos regionales declaren tensionadas, en función de un índice de precios que se elaborará en un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley.

Los arrendadores particulares y las empresas propietarias de menos de diez viviendas podrán subir la renta en los nuevos contratos hasta un 10 %, si en los dos años anteriores la vivienda ha sido objeto de rehabilitación o de obras de mejora energética y de accesibilidad.

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