El Congreso de los Diputados acogió en noviembre de 2021 la toma de posesión de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo, que aseguró entonces que trabajaría “con dignidad y ecuanimidad, con rigor, con eficacia y con independencia”. Sin embargo, desde ese día, el exministro de Educación y exdiputado por el Grupo Municipal Socialista de la Asamblea madrileña durante dos legislaturas parece haber centrado gran parte de su actuación en casos que se centran únicamente en la Comunidad de Madrid.
De hecho, se espera que el Defensor del Pueblo nombrado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pronuncie o anuncie alguna actuación al respecto de las agresiones con machetes de las bandas latinas que durante este fin de semana han provocado dos fallecidos, uno menor de edad, y varios heridos, uno muy grave, pero todavía no se sabe nada.
Estos sucesos violentos son responsabilidad del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno en Madrid, pero el Defensor del Pueblo todavía no se ha dirigido a ellos. Por el contrario, el pasado 4 febrero, sí abría una investigación sobre incidencias en el centro de salud de Ciempozuelos.
Igualmente, el 5 de enero, el Defensor del Pueblo abría también una investigación sobre el reciente asesinato de una niña en Madrid, en lo que se presenta como un nuevo caso de violencia vicaria. Tan solo un día antes, el 4 de enero, Ángel Gabilondo pedía a la consejera de Familia, Juventud y Política Social de La Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, información sobre la situación de las menores liberadas de una trama de proxenetas.
También recientemente, el Defensor del Pueblo admitía a trámite la queja presentada por los cinco sindicatos que integran la Mesa Sectorial de Sanidad sobre la precariedad e inestabilidad que sufren los 11.300 profesionales sanitarios contratados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como refuerzo Covid. Más en concreto, Gabilondo ha cursado petición de información sobre esta situación a la Consejería de Sanidad sobre estos contratos de personal sanitario y no sanitario del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
Del mismo modo, el 21 diciembre, el Defensor del Pueblo elegido por Pedro Sánchez llama a las administraciones a tomar "medidas urgentes" para restablecer la luz en la Cañada Real y siete días después, el 28 diciembre, Gabilondo avisa a la Comunidad de Madrid porque la situación en Cañada Real tiene "dimensiones de emergencia humanitaria".
La figura del Defensor del Pueblo, además, está siendo utilizada como arma política por algunos alcaldes no afines a la presidenta regional. Así, el 22 de enero, el alcalde de Pinto amenazaba con llevar ante esta institución independiente el estado de los centros de salud y unos días después, el 1 febrero, era la localidad de Fuenlabrada la que anunciaba que podría sumarse a Pinto en su intención de llevar a Díaz Ayuso ante el Defensor del Pueblo.
De lo realizado en menos de tres meses se deduce que la independencia del nuevo Defensor del Pueblo puede quedar en entredicho.
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