La crisis del Partido Popular en Madrid ha llegado en mal momento porque nos distrae de algo de suma importancia como es el análisis de las elecciones de Castilla y León, recientemente celebradas. Claro que siempre podemos optar por relacionar ambos sucesos, viendo aquella como consecuencia de estos comicios. Pero a lo que vamos, lo que llama la atención en el proceso de la implosión del partido popular es su origen en una nuda disputa de poder y su ajenidad a cualquier diferencia ideológica que pudiese dar cuenta de ella. También que se esté produciendo sin consideración a las reglas establecidas en el partido para dirimir los conflictos o las diferencias entre su miembros.
Estamos acostumbrados a entender la política en términos exclusivamente polémicos, olvidando que el objetivo de conseguir el poder está al servicio de la finalidad del mismo, de su causa. En la base del partido está el acuerdo para hacer algo por la cosa pública, sin cuya referencia es vana la acción política y carece de sentido su actuación. "Un partido es un cuerpo de hombres unidos para promover en el Estado, mediante su labor conjunta, el interés nacional sobre la base de algún principio particular acerca del cual todos están de acuerdo” dijo Edmund Burke en 1790. En el partido no caben disputas personales, si estas no tienen trascendencia pública, esto es, no pueden justificarse en términos ideológicos. ¿Qué diferencias en el modelo de Estado, en el entendimiento de la organización territorial, en la propuesta de renovación institucional que tanto necesita España hay entre Pablo Casado e Isabel Ayuso?.
Ya sabemos que el personalismo extremo, muchas veces trasunto de planteamientos caudillistas tanto como de ayunos o simplismos ideológicos, ha caracterizado la política española desde siempre, como prueba la misma expresión castiza del fulanismo; y que la fidelidad al líder se ha valorado más en los partidos que la consideración del aporte independiente y la crítica, de los que, a pesar de su relieve objetivo, siempre se ha preferido prescindir. También sabemos que es en los partidos donde se practica la versión más dura del enfrentamiento cainita: fuera hay adversarios, dentro están los enemigos. Pero queremos significar la trascendencia del apartamiento de la referencia ideológica para que existan verdaderos partidos y la perversión que supone convertir el partido en una pandilla de propios o en una simple asociación privada. Es una desviación institucional consentir la justificación meramente privada de la actuación de los miembros del partido, y más cuando son dirigentes, en función de los intereses particulares dé cada uno, en razón de una estrategia de mero poder, ayuna de cualquier consideración general o, como decía Burke, nacional.
Para nada querría que la denuncia de esta levedad ideológica se entendiese como un reproche un punto oportunista referido exclusivamente al Partido Popular, y tampoco se pensase en aplicarlo sólo a nuestros días. Pérez Galdós por ejemplo veía la raíz del pluralismo constitucional (ya se sabe, muchas constituciones y poco constitucionalismo) en la inconsecuencia nacional y creyó en la raíz insustancial de nuestros enfrentamientos durante el pasado siglo, con sus evocaciones hueras a la Libertad y el Progreso. Claro que el nominalismo de nuestros enfrentamientos no les liberó de su condición cruenta, sólo daba razón de su escasa urdimbre mental.
Pero, decíamos, la gravedad de la crisis se ha incrementado por su presentación inopinada, abrupta y pública, lo que dificulta su solución a la vez que incrementa previsiblemente sus efectos perniciosos. No se acierta a ver como podrían salir indemnes Ayuso o Casado, o quizás ambos. Los partidos como todas las asociaciones tienen su propia ordenación interna -sus Estatutos- para hacer valer los derechos de los miembros en su seno, preservando al tiempo la conducta regular del conjunto. Así se contribuye al libre desarrollo del proceso político a la vez que se asegura la capacidad del partido para participar en este. Por eso existen en todos los partidos los comités de derechos o garantías, como instancias neutrales en la medida de lo posible, y que aseguran la tramitación de quejas, a la vez que la toma de medidas encaminadas a restaurar la tranquilidad de la vida del partido cuando esta se hubiera perturbado por enfrentamientos graves entre sus miembros o conducta impropia de los mismos.
Estos órganos con potestades disciplinarias han de disfrutar de independencia de criterio, permitiendo así que los pronunciamientos sancionatorios se adopten con las suficientes garantías procedimentales, entre las que se cuenten la audiencia de quienes puedan ser objeto de una medida disciplinaria y la fundamentación de la misma, excluyendo por tanto sanciones de plano. Nótese que la justificación de tales órganos está no solo en evitar el daño para la reputación del partido derivado de las sanciones a cargo de la jurisdicción, civil, penal o administrativa correspondiente, sino en garantizar la participación política en los partidos con toda libertad, dando cumplimiento a la exigencia constitucional de vida democrática de los mismos.
Pues bien, en el caso presente ¿se ha recurrido a tal instancia en la crisis del Partido Popular?¿El comité de derechos y garantías del mismo, contemplado en el artículo16 de sus Estatutos, ha sido puesto verdaderamente en funcionamiento?¿Se ha incoado o tramitado expediente alguno? ¿Han sido llamados a comparecencia los interesados en algún procedimiento? Responder a estas sencillas preguntas es vital para certificar la buena salud democrática del Partido Popular y su conducta como partido constitucional. Ello importa obviamente al mismo partido conservador, pero también al sistema democrático en su conjunto del que la formación política azul es un engranaje imprescindible.
Si (
No(
