La crisis, una amenaza para la libertad

Cuando estalló la crisis financiera, largamente larvada, George Bush compareció ante el mundo para ofrecer un mensaje de confianza en la economía estadounidense y en la capacidad del mercado de reconducir la situación para volver al crecimiento económico desde bases más sólidas. Pocos días después, el pasado miércoles, volvía a presentarse ante los medios, pero ahora para decir que el mero funcionamiento del mercado llevaría al país, y con él al mundo, a una “grave crisis financiera”. ¿Qué o quién ha llevado a la persona más poderosa del mundo a cambiar de opinión de manera tan radical?

Sea lo que fuere, también le ha empujado al Presidente Bush a proponer un plan de rescate masivo de las entidades financieras en dificultades, un plan que, desbrozado de sus referencias a las buenas intenciones, muestra un cambio esencial en el modo de abordar la fase decreciente del ciclo económico. Es cierto que no se ha permitido que el mercado resuelva una crisis económica desde 1921 y que la de 1929 fue seguida de una política de regulaciones, planificación y gasto público sin precedentes. También lo es que después se abrazó el keynesianismo como si fuese capaz de superar los ciclos económicos, para luego abandonarlo tras su miserable fracaso en los años detenta del siglo pasado. Pero el nuevo plan Paulson puede resultar especialmente peligroso, si tenemos en cuenta que otorga al Secretario del Tesoro poderes muy amplios y cuyos límites puede fijar la propia oficina de Paulson. El planteamiento es en sí anticonstitucional. Sin embargo, Estados Unidos tiene una larga historia de ampliación de los poderes federales sin respaldo de la Constitución, pero sí de la historia.

Es precisamente la historia, y particularmente la de Estados Unidos, la que ilustra una ley no escrita pero que se cumple con singular regularidad, consistente en que todos los poderes extraordinarios que se conceden sólo para atender una situación de crisis y de riesgo para la nación, con menoscabo temporal de las libertades, no desaparecen una vez la crisis se ha desvanecido. Es decir: termina la crisis pero los poderes especiales permanecen. Este peligro no puede ser minusvalorado para aquellos que creen en la libertad y desconfían del poder.

Por añadidura, el riesgo de que esa ley histórica se vuelva a cumplir no merece la pena, pues, según un consenso creciente entre los analistas independientes, el resultado del plan Paulson es mucho más incierto que lo que asegura la Administración Bush. Cabe recordar que la creciente regulación de los mercados financieros, que suma ya decenas de miles de páginas, y la creación del banco central (la Reserva Federal) en 1913, se han justificado siempre con la pretensión, precisamente, de que merced a ellas jamás llegaríamos a esta situación. No sólo no ha sido así, sino que el papel de la Reserva Federal en el origen de la crisis es incontestable. No es obvio, por tanto, que la salida a la actual situación sea todavía una mayor regulación y un mayor control del mercado desde el Estado.

El presidente ha tenido el acierto de llamar a los dos candidatos a presidir los Estados Unidos en los próximos cuatro años. Por desgracia, ni John McCain ni Barack Obama suponen un cambio, al menos en el rumbo que ha tomado Estados Unidos en el último giro de la Administración Bush en materia económica. Si en algo coinciden ambos candidatos y con ellos la gran mayoría de los estadounidenses es que ese gran país necesita un cambio. Por desgracia, parece que esa verdadera renovación tendrá que esperar al menos cuatro años.