El ministro de la Presidencia deberá comparecer ante el juez Calama el próximo 5 de julio para declarar sobre el espionaje al presidente y la ministra de Defensa.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha levantado el secreto de sumario en el Caso Pegasus y ha citado a declarar al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para el próximo 5 de julio.
El magistrado ha ampliado también la comisión rogatoria a Israel para que el responable de la empresa que comercializa el programa espía declare ante el Alto Tribunal.
En el marco de esta investigación y mientras ha permanecido secreta el juez ha tomado declaración como testigos el pasado viernes a la anterior directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, y al funcionario de este organismo encargado de elaborar los informes sobre este asunto.
Calama había decretado el secreto de sumario por un mes de la causa abierta por la infección de los dispositivos móviles del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y les ofreció personarse en la causa como perjudicados, tal y como había solicitado el Ministerio Fiscal en su informe presentado en el juzgado.
En su auto, el magistrado explicaba que la declaración del secreto tiene por objeto "prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación", pues solo así se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, teniendo presente la posible existencia de información sensible que puede estar legalmente clasificada, comprometer gravemente la seguridad del Estado, o perjudicar los legítimos intereses de personas ajenas al procedimiento”.
Calama recordaba que el resultado de las diligencias que se practiquen durante este periodo podrá ser conocido posteriormente, “evitando así cualquier merma del derecho de defensa, ya que una vez conseguida la efectividad con esta medida perseguida el levantamiento del secreto permitirá a las partes el ejercicio de defensa sin restricción de clase alguna”.
El juez de la Audiencia Nacional abrió una investigación por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos en relación a la denuncia de la Abogacía del Estado por la infección con la herramienta Pegasus de los teléfonos móviles de Sánchez y Robles.
Según consta en el auto, el dispositivo móvil del presidente del Gobierno fue infectado por Pegasus en dos ocasiones, el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021. Por tanto, se habrían producido después de la invasión de miles de jóvenes de la frontera en Ceuta y Melilla, una acción que se interpretó en su momento como la respuesta a la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España. El auto también explica que el móvil de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fue infectado por Pegasus en junio de 2021.
Aparece “meridianamente claro”, según Calama, la competencia de la Audiencia Nacional para instruir la causa penal encaminada a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento. En su auto, el magistrado explica que los hechos que constan en la denuncia de la Abogacía del Estado podrían enmarcarse dentro de los delitos que el Código Penal tipifica como de descubrimiento y revelación de secretos.
La Abogacía del Estado denunció que en las dos intrusiones en el móvil de Sánchez, en el mes de mayo del año pasado, se extrajeron 2,6 gigas y 130 megas de datos, en tanto que fueron 9 megas de información en el caso de Robles, en un solo ataque en junio de 2021, según fuentes gubernamentales. Sin embargo, el contenido exacto de estos datos se desconoce en estos momentos.
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