Tres opciones descolonizadoras para Puerto Rico

La Cámara de Representantes del gobierno de los Estados Unidos presentó el borrador de un proyecto de ley con el objetivo de atender el asunto del estatus colonial de Puerto Rico. Desde la invasión estadounidense en 1898, con la que Estados Unidos de América tomó bajo las armas el archipiélago puertorriqueño que pertenecía a la Corona Española, el tema del estatus ha sido motivo de muchos sinsabores para los puertorriqueños. Luego de 124 años de coloniaje y seis consultas de estatus no vinculantes realizadas en la Isla, el proyecto plantea realizar el primer referéndum avalado por el congreso federal.

Ante el mundo, cuando se inauguró el autogobierno en 1952, bajo el nombre de Estado Libre Asociado, se hizo creer que ya Puerto Rico había dejado de ser colonia. La estrategia de permitir un autogobierno para cumplir con el proceso de descolonización de las 72 colonias que habían identificado las potencias que pertenecían a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) funcionó para sacar a Puerto Rico de la lista de colonias de la potencia que se autoproclama con el estandarte de la democracia y las libertades. Claramente, la selección del nombre oficial de Puerto Rico creó la falsa idea de libertad con la que la subordinación colonial se disfrazó.

El tiempo devela los eufemismos que se ocultan en el ejercicio de hacer política. Así, lo que se utilizó para hacerle creer al mundo la existencia de la soberanía del autogobierno local, se tornó en el estatus oficial de Puerto Rico ante el mundo y con el paso del tiempo, mostró la realidad del colonialismo actual. Fueron dos las ramas de poder dentro del sistema republicano del gobierno estadounidense las que mostraron al mundo que Puerto Rico no era estado, ni libre ni asociado. Un territorio no incorporado, que le pertenece, pero no forma parte de la unión federal estadounidense sigue siendo una colonia del imperio del norte, en pleno siglo XXI.

Tanto el Tribunal Supremo como el Congreso de los Estados Unidos determinaron en dos ramas del poder distintas que Puerto Rico es una colonia, carece de soberanía y que, como caso insular en doctrina judicial, a Puerto Rico se le puede tratar distinto a los estados, legitimando el coloniaje. El Congreso federal aprobó la ley PROMESA e impuso la Junta de Control Fiscal (JCF) cuyos integrantes tienen mayor poder que el propio gobierno local. En términos fiscales, la JCF son quienes aprueban o determinan los cambios a ejecutar en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. En el Tribunal Supremo, con el caso de Sánchez Valle (doble exposición), se determinó que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no era un territorio soberano y con el reclamo del seguro social suplementario denegado a los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico se demostró que, aunque se posea la ciudadanía, legalmente, se puede discriminar contra los ciudadanos estadounidenses residentes en el archipiélago. En cambio, los ciudadanos estadounidenses de nacionalidad puertorriqueña residentes en algunos de los cincuenta estados sí pueden recibir el seguro social complementario.

El borrador del proyecto de ley resulta importante para auscultar el interés real del congreso estadounidense en solucionar el asunto del estatus de Puerto Rico. Los plebiscitos criollos que se han celebrado en la isla no han sido vinculantes porque nunca han contado con el aval del congreso federal. El borrador plantea que las tres alternativas descolonizadoras son la estadidad, la independencia y la libre asociación. Si la Cámara de Representantes aprobara el proyecto y también fuera avalado por el Senado federal habría que ver la acción que tomaría el pleno del Congreso con los resultados, en especial el sector republicano.

En caso de que los puertorriqueños seleccionaran la estadidad, sería interesante ver los pasos que realizaría el congreso federal, ya que son los únicos que pueden determinar quién ingresa a la unión. Las dos opciones restantes proponen la independencia y la libre asociación. Para seleccionar la libre asociación, primero tendría que ser libre e independiente en aras de determinar las condiciones de asociarse a otra república.

De otra parte, líderes del Partido Popular Democrático (PPD) se han pronunciado en contra del borrador por haber dejado fuera de las alternativas al estadolibrismo o el Estado Libre Asociado. En una consulta descolonizadora, sería absurdo mantener el estatus colonial que han recalcado las dos ramas del poder en el gobierno estadounidense. El sector estadolibrista insiste en que el eufemismo del ELA sea una alternativa “descolonizadora” cuando es el problema que se desea resolver. Persistir en mantener la situación colonial actual como alternativa en un borrador de un proyecto de ley sería perpetuar el coloniaje que Puerto Rico ha mantenido desde 1898 y que el gobierno de los Estados Unidos disfrazó ante el Comité Descolonizador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ante el mundo desde 1952.

Ante la negativa del representante Raúl Grijalva, quien lidera el Comité de Recursos Naturales en la Cámara Baja estadounidense y del liderato que le acompañó a Puerto Rico, José Luis Dalmau Santiago, presidente del Senado de Puerto Rico y presidente del Partido Popular Democrático alega que no integrar la opción del ELA es antidemocrático. Sus declaraciones luego de la reunión son una muestra de la incapacidad del liderato del PPD en reconocer los problemas que confronta Puerto Rico. Sus declaraciones para insistir en que “La aspiración del PPD siempre es evolucionar y buscar mayores poderes autonómicos” es negar la involución que ha tenido como partido y que, bajo el ELA, en vez de tener mayores poderes autonómicos, ha ocurrido lo contrario.

Ya es hora de erradicar a Puerto Rico de la lista de colonias en el siglo XXI. 124 años de coloniaje desde la invasión y 70 años de disfrazar el coloniaje con el ELA han sido suficientes como para seguirlo perpetuando. Habrá que estar pendiente a cómo transcurre el proceso de enmiendas al borrador del proyecto de ley y ver si existirá la voluntad en la Cámara Baja de aprobarlo. Más aún, observar si el Senado federal atenderá el proyecto de ley que es un reclamo muy legítimo del pueblo que fue invadido por las tropas estadounidenses. Son tres alternativas de estatus con las cuales hay que educar al pueblo para que analicen a profundidad las implicaciones de cada una de las opciones que pudieran definir el futuro económico, social, político y cultural de Puerto Rico. Por último, al sector estadista, les tocará educar al pueblo sobre los deberes y las responsabilidades económicas que tendrán los puertorriqueños de convertirse en estado. El placebo de la paridad en ayudas federales y de la igualdad a los ciudadanos estadounidenses de nacionalidad puertorriqueña (tratados como ciudadanos de segunda) utilizado como señuelo para atraer estadistas, no será avalado en el Congreso.