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¿Inseguridad para todos?

La imagen que trasciende a los medios de comunicación es macabra: decapitados, policías y militares muertos, rehenes secuestrados y ejecutados a sangre fría, enfrentamientos estilo Al Capone entre bandas por control de territorios. Es la manifestación externa de la guerra que ha declarado el presidente de México al narcotráfico. Las noticias subrayan la truculencia del momento; los análisis de fondo se van por los cerros de Úbeda, y los señores funcionarios encargados de la seguridad nacional se reúnen a cambiar solemnemente puntos para el efecto mediático, sin que ello tenga impacto palpable en la violencia que vive el país. Recientemente apareció un nuevo elemento: el narcoterrorismo, la violencia indiscriminada contra población inocente. Los atentados con granadas de fragmentación en una fiesta popular la noche del Grito de la Independencia en Morelia (Michoacán), marcan un hito y exigen urgentemente una estrategia distinta de parte del Estado.

Viejo problema de relación entre México y Estados Unidos, el narcotráfico ha sido tema de desencuentro constante. Estados Unidos nunca ha atacado el asunto por el lado del consumo. No hay político norteamericano que se atreva a proponer legislación severa contra el consumidor de cocaína, por ejemplo, porque es droga de ciudadano rico, cuyos votos nadie quisiera perder. Tampoco se atreven a legalizarlo porque les enajenaría los votos de las buenas conciencias y de la derecha religiosa. Por ello, desde el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), la política estadounidense contra el tráfico de drogas se ha dirigido al exterior, hacia los países de producción y tránsito. El tema así planteado es más productivo políticamente y mucho más barato para las agendas presidenciales norteamericanas. El costo corre a cargo de otros países, los de la lista negra. Los gobiernos mexicanos han resentido esa actitud como ausencia de cooperación e intento hipócrita de simular soluciones culpando a otros de sus vicios .

Una reciente redada que desarticuló en Estados Unidos una cadena de narcotráfico de colombianos, mexicanos, norteamericanos y mafiosos italianos, puede ser el primer paso en la necesaria cooperación binacional, algo imprescindible en estos momentos ya que Felipe Calderón se lanzó a la guerra prácticamente desarmado, literal y figuradamente hablando. Los mecanismos institucionales mexicanos y binacionales fueron montados para otros momentos y no para una ofensiva de este tamaño. Es de esperar que la Iniciativa Mérida, que quiere plantear este combate en una correcta y simétrica perspectiva binacional, dé frutos pronto y no sea víctima de la politiquería electoral de los legisladores norteamericanos.

En el ámbito interno, el primer problema de México es el de las policías, no tanto porque sean totalmente corruptas, hay muchos y muy decentes elementos en ellas, sino porque son tantas que resultan ineficaces y susceptibles a la corrupción. Para empezar el país cuenta con 2,439 municipios, de los cuales la mayoría tiene al menos una policía, cuyo tamaño va acorde al número de habitantes. El país está organizados en 31 estados y un Distrito Federal y, gracias al federalismo, cada uno cuenta por lo bajo con dos policías: la preventiva y la judicial. Encima de todo ello están los federales: Policía Ministerial, Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigaciones y, claro, las fuerzas armadas. A la evidente falta de coordinación, muchas veces obstaculizada por celos federalistas de los gobernadores o competencias entre jefes policíacos, se apareja el problema del armamento. Estrechamente vigiladas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la mayor parte de estas policías cuentan con un armamento limitado y obsoleto, muy por debajo en poder de fuego del de los narcotraficantes.

La sociedad civil no puede ayudar y está inerme. Por razones políticas, desde 1968 sistemáticamente se la ha desarmado . Las armerías desaparecieron y hoy es casi imposible que un ciudadano consiga un permiso de portación (salvo muy limitados casos de armas para usos deportivos y cinegéticos). En Estados Unidos poseer y portar armas es un sacrosanto derecho constitucional vigilado y apoyado por el poderoso grupo de cabildeo National Rifle Association (NFR). Según información reciente, bajo ese amparo, existen en la ciudades norteamericanas fronterizas con México cerca de 150 armerías. Basta un papel que justifique residencia en Estados Unidos, no ciudadanía, para adquirir, por ejemplo, hasta cinco AK-47 en alrededor de 400 dólares cada una. Esta vía, que carece de control, es la de abastecimiento de las infanterías del narcotráfico. Sus estados mayores se encargan de la importación de los explosivos, granadas y ametralladoras antiaéreas.

El Estado mexicano hace lo que puede, pero no puede hacerlo solo. Si Estados Unidos no coopera, habrá inseguridad para todos.
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