El Congreso aprueba tramitar de urgencia la treta de Sánchez para asaltar el Constitucional

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica para la reforma del Poder Judicial, además de dar luz verde a su tramitación directa por 183 votos a favor, 153 votos en contra y 8 abstenciones. Por ello, este jueves se debatirá y votará en tramitación directa y lectura única.

Esta proposición de ley orgánica, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, recoge la introducción de un nuevo numeral 1ª en el apartado 1 del artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reconoce al Consejo General del Poder Judicial en funciones la capacidad de "proponer el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional".

En esta sesión extraordinaria, se debatirán dos reales decretos-leyes relativos a la prórroga de medidas para responder a las consecuencias de la guerra en Ucrania, hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y la recuperación económica y social de La Palma, y de reforma del Estatuto Marco del personal de los servicios de salud. También se debatirá el dictamen de la comisión del Proyecto de Ley de Memoria Democrática.

138 propuestas de los grupos parlamentarios

Otro de los asuntos que se votarán serán las 138 propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios en el marco del Debate sobre el Estado de la Nación.

Los grupos abordan todo tipo de cuestiones, entre las que destacan las de ámbito institucional, económico y social. No tienen carácter vinculante ya que se trata de demandas que el Congreso hace al Ejecutivo.

El PSOE, grupo mayoritario, acude con todos los anuncios que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho en el debate de política general, como el impuesto a la banca y las eléctricas.

El grupo popular, en 81 páginas de propuestas, defiende sus recetas para tratar de atajar la inflación, como la deflactación del IRPF a rentas medias y bajas, y reclama unos presupuestos para el próximo año "realistas" y "eficaces" ante la crisis, sin olvidar medidas referidas al sistema energético para tratar de contener los precios.

Vox reclama devolver al Estado las competencias en materias como la sanidad, la educación, la justicia y la seguridad, así como la supresión de las policías autonñomicas y la derogación de la Ley de Violencia de Género.

El PNV pide cambios constitucionales para reconocer la "plurinacionalidad" del Estado, algo en lo que coincide con ERC, Bildu y el BNG, que en varias propuestas conjuntas insisten en reclamar este mismo reconocimiento, instando además al Gobierno a asumir la naturaleza política de los "conflictos nacionales" en el seno del Estado y a respetar la "voluntad ciudadana libremente expresada".

Estas tres formaciones independentistas también instan a derogar el delito de injurias a la Corona y la amnistía para los perseguidos o condenados por este delito.

Por su parte, Ciudadanos pide cambiar la Constitución para que no distinga entre "nacionalidades y regiones", un pacto nacional para regular la gestación subrogada, la legalización del consumo del cannabis o un marco regulador para la prostitución.

Consecuencias de la guerra de Ucrania, ayudas a La Palma y estabilidad del personal sanitario

El Pleno decidirá sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma y el Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Esta norma busca paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, considerando necesario "seguir adoptando medidas para reducir los precios de la energía, moderar la inflación y apoyar a los colectivos más vulnerables", ya sea prorrogando las ya previstas en el Real Decreto-ley 6/2022 o incorporando nuevas medidas para afrontar la situación.

Por otra parte, el texto prorroga las actuaciones para hacer frente a la vulnerabilidad social y económica inicialmente vinculadas al estado de alarma, cuya última prórroga fue hasta el pasado 30 de junio, al considerar que "la persistencia de determinadas situaciones adversas" obliga a seguir haciendo frente a estas situaciones.

También se prorrogan las medidas implementadas como respuesta a la erupción volcánica iniciada en septiembre de 2021 en la isla de La Palma, ante su inmediato vencimiento y al considerar que "en tanto no avance y se consolide la reconstrucción y recuperación de la isla, la zona sigue exigiendo ayudas e intervención pública".

Asimismo, el Pleno reunido en sesión extraordinaria también verá el Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Este texto tiene el objetivo de disuadir y sancionar de manera efectiva el abuso de la temporalidad en los contratos del personal sanitario en torno a un doble objetivo: "por una parte, mejorar la calidad del trabajo de duración determinada, garantizando el respeto al principio de no discriminación y, por otra, establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada".

Memoria Democrática

En la sesión se debatirá y votará el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, que fue dictaminado por la Comisión Constitucional el pasado 4 de julio.

La iniciativa tiene por objeto "la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida ésta como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España", así como "el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de ciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978".

Entre las medidas que propone el texto se encuentran declarar como "ilegal el régimen surgido de la contienda militar iniciada con dicho golpe militar", así como los órganos penales o administrativos vinculados y las condenas y sanciones derivadas. Reconoce el "derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado" a las víctimas de la guerra y la Dictadura. También reconoce la "política de persecución y represión contra las lenguas y culturas catalana, gallega y vasca", regula un registro de víctimas y prevé la creación de un Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, entre otras medidas.