Bush convence al Senado

Como cabía esperar, el Senado de Estados Unidos aprobó en la madrugada del miércoles el plan de rescate financiero de la Administración Bush. La introducción de varias enmiendas que suavizaron la redacción original fueron suficientes para conseguir el voto de los republicanos: el iter para la aprobación del plan será completado con el voto de la Cámara de Representantes, sitio donde fue tumbado por sorpresa el pasado lunes, generando, en los mercados financieros de todo el mundo, una crisis de incertidumbre sin precedentes en los últimos años. La nueva versión tutela al “ciudadano medio”, presentando mayores protecciones para los contribuyentes y salvaguardas para supervisar la eficacia del plan, aunque los mismos senadores reconocen que se trata de una versión “imperfecta” y mejorable.

La ofensiva política lanzada por el presidente George Bush ha obtenido el resultado esperado: según el Plan de rescate, el Departamento del Tesoro comprará activos tóxicos de hipotecas a los bancos por un valor de 700.000 millones de dólares. El gobierno norteamericano espera que esta medida sea suficiente para contrarrestar la crisis, serenar a los inversores y vigorizar a los mercados financieros. Sin embargo, la que se presenta como una solución “ideal” podría ser simplemente necesaria o sedante. Probablemente la medida no servirá para evitar un largo periodo de recesión económica y nuevas crisis en las bolsas mundiales.

La intervención estatal muestra los límites del sistema norteamericano (y mundial) y, al mismo tiempo, la tendencia a aplicar un liberalismo económico de “uso y consumo” de los Gobiernos. La discrecionalidad mostrada por la administración Bush invita a una reflexión: la crisis no ha sido provocada por la “no-intervención”, sino, al contrario, por una mala gestión del mercado financiero. Los operadores financieros y los actores económicos estadounidenses han mostrado la negativa señal de estar actuando alegremente, confiados en que alguien (el estado) se ocuparía de “cubrir sus errores” y correr a su rescate. Por su parte, la intervención estatal podría favorecer la distorsionada percepción de que el apoyo al sistema es correcta y debe ser habitual y, consecuentemente, invitar a futuros disparates. Además, la nacionalización parece una medida discutible: el Gobierno no puede presumir de saber gestionar mejor que el sector privado el sistema financiero y condicionar, de la misma manera, a los mercados bursátiles.

La severa crisis bancario-financiera de los EEUU y su contagio al resto del mundo obligan a reflexionar sobre los excesos de un sistema que, de momento, parece incapaz de restaurar la confianza en el mercado. Y eso sin omitir que la mala intervención del Estado ha contribuido a agravar la situación. Sin embargo, en la actualidad, queda la preocupación de que la administración Bush se limite a buscar una solución paliativa sin resolver los problemas de fondo que han causado la crisis. El riesgo de que la situación se traduzca en un incremento de la morosidad hipotecaria con consecuentes posibles quiebras de muchas instituciones financieras resulta manifiesto: los EEUU y su futuro presidente deberán preocuparse de sanear el sistema, única condición a priori para restaurar la confianza en el mercado y aumentar la liquidez. EEUU debe aprender esta clase y evitar cometer los mismos errores en el futuro: "historia magistra vitae", las faltas y los fallos cometidos en el pasado sirven como enseñanza para el mañana. Quien sea el próximo presidente lo debe tener en cuenta.