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CHOQUE DE COMPETENCIAS CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Juristas aseguran que el plan energético de Sánchez podría ser inconstitucional

Juristas aseguran que el plan energético de Sánchez podría ser inconstitucional
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(Foto: Efe)
sábado 06 de agosto de 2022, 09:19h
El Gobierno convoca in extremis una reunión ante la avalancha de críticas y ante el riesgo de que el real decreto sea tan inconstitucional como el de la pandemia.

El nuevo plan de ahorro energético de Pedro Sánchez sigue generando debate. De las críticas iniciales, tanto de oposición -con Díaz Ayuso como ariete- como de aliados -las del PNV acalladas luego tras las amenazas de Patxi López-, a las dudas jurídicas.

La precipitación del Gobierno a la hora de lanzar sus medidas energéticas traza paralelismos con las desarrolladas durante la pandemia. A golpe de decreto-ley, generando dudas jurídicas, y finalmente recibiendo el carpetazo una vez los tribunales decretaron su anticonstitucionalidad. Así, las multas durante el estado de alarma fueron anuladas. Y a aquellos que las llegaron a pagar se les debió devolver el importe.

Poner límites a las temperaturas de los comercios -27 grados en invierno, 19 en verano-, obligar al cierre de puertas de acceso y apagar la iluminación de escaparates, monumentos y edificios públicos a partir de las 22:00 son algunas de las medidas en este nuevo plan de ahorro impulsado bajo la presión de Europa de recortar un 7 % el gasto energético el próximo invierno.

Las críticas de las comunidades ya no son vistas solo como ataques políticos y el Gobierno se ha visto obligado a moderar su postura. Primero, mostrando "flexibilidad" para su aplicación al darse cuenta que la obligatoriedad de mantener ciertas temperaturas no puede ser la misma en una peluquería que una discoteca. Segundo, reconociendo la falta de diálogo y convocando a las comunidades a una reunión "para despejar dudas" el próximo martes, un día antes

¿Quién y cómo tiene competencias para hacer que se cumplan? El decreto-ley viene desde el Gobierno, pero las competencias sobre los comercios son de las autonomías. Y el mecanismo sancionador para multar los incumplimientos cae en un limbo legal.

El Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, no incluye un régimen sancionador propio sino que remite aun reglamento que devuelve a su vez a una ley de industria de 1992. Las multas irían hasta los 60.000 como máximo para las leves y hasta seis millones de euros para las graves, trasladando la cifras -en pesetas- de dicha ley de industria de 1992.

Manuel Pulido, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra, reconoce para Economía Digital que “si se utiliza el decreto-ley como base, existe una apariencia de conflicto de competencia, o un recurso de inconstitucionalidad por exceso competencial, principalmente”.

El problema viene que para que sea inconstitucional “alguien tiene que declararla, porque existe una apariencia de constitucionalidad de la norma hasta que no se declare lo contrario”. Por lo tanto, las multas deberán ser impuestas hasta que se diga lo contrario, aunque luego deban ser devueltas.

La falta de un reglamento al que las comunidades puedan acogerse “podría colocar el decreto en una situación de inconstitucionalidad que colisione formalmente con la Constitución”, según Luis Gordillo, profesor de Derecho Constitucional también consultado por Economía Digital.

Para Gordillo, el decreto-ley “es una chapuza jurídica considerable”. Al igual que en el estado de alarma, “como la base jurídica de las sanciones puede que no sea constitucional, resulta que todas las sanciones que se pongan van a ser inconstitucionales. Luego habrá que devolver las multas”.

Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía y Cataluña son algunas de las comunidades cuyos servicios jurídicos están estudiando si esta nueva normativa estatal choca con la autonómica.

“Lo que dice el Gobierno es que los títulos competenciales le habilitan. Las comunidades autónomas pueden estar o no de acuerdo, pero lo que no pueden es dejar de cumplir el decreto porque en ese caso pueden ser declaradas insumisas y podrían ser sancionadas”, recalca José María Morales, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, para The Objective.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, fue la primera en reaccionar y cargó con dureza contra el Gobierno, llegando a insinuar que no cumpliría las medidas.

Enrique Ossorio, su vicepresidente, rebajó el tono días después asegurando que Madrid “no es como otras comunidades que son bien conocidas y el Gobierno consiente que incumplan y que, por lo tanto, cumplimos las leyes”.

A la vez, reconoció que en todo aquello en lo que la Comunidad sea responsable no aplicará lo solicitado por el Gobierno: “En aquello que seamos nosotros competentes, por ejemplo en materia de Comercio, tendremos que analizar el Real Decreto Ley y en la medida que la Comunidad pueda ser competente no lo aplicaríamos”.

En País Vasco, antes de la intervención de Patxi López, el PNV llegó a calificar las medidas de “efectistas”. Arantxa Tapia, consejera de Medio Ambiente, aseguró que “la Ertzaintza no se va a dedicar a controlar termómetros”.

En ese sentido también se pronunció el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, al señalar que si bien no hará una "guerra competencial" con el Gobierno por la "temperatura de los comercios", le ha advertido de que si quiere que sus medidas tengan efecto deberá "contar con quienes las deben aplicar”.

Desde Galicia, su vicepresidente, Francisco Conde, recalcó que "parecen más medidas improvisadas y estéticas que reales" y que "están acostumbrándonos a una situación en la cual el Gobierno legisla a través del Boletín Oficial del Estado y no a través de las conferencias sectoriales, estableciendo diálogo con las comunidades autónomas y los sectores productivos".

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