Rastreando una crisis: Polonia

Hace tiempo que han preocupado y preocupan las agudas tensiones que se han mantenido con Polonia por parte de la Unión Europea, o más exactamente su Comisión, su Parlamento y su Tribunal de Justicia, en los últimos seis o siete años, aunque haya algunos saludables indicios de apaciguamiento en los últimos meses, y quizás especialmente desde la invasión rusa de Ucrania y el papel tan relevante que ha venido desempeñando Polonia en tantos aspectos derivados de esa grave situación bélica.

La incorporación al proceso de la integración comunitaria de la Unión Europea libre y democrática –y al de la Alianza Atlántica- por parte de los países y territorios del centro oriental del continente, que durante casi medio siglo padecieron una férrea sumisión al régimen comunista dirigido por la Unión Soviética, era, ha sido y aún es, en algunos aspectos, tras tres decenios, empresa no poco problemática. Las sociedades no cambian de la noche a la mañana. No es tarea simple desprenderse de la conformación de los espíritus y de los hábitos impuestos o propiciados por el llamado “socialismo real”. Además, la irrupción de los modos de vida y creencias del mundo “libre”, inicialmente atractivos y deslumbrantes para muchos, no infrecuentemente deja ver también grietas o provoca decepciones. Lograr que cuajen en cada sociedad firmes lazos de libertad solidaria, confiada y leal, y una sólida estabilidad institucional, tras el destrozo personal y social producido por el comunismo, no es algo asegurado y menos en poco tiempo.

Mirando a lo logrado en los últimos tres decenios, aun sin ignorar las deficiencias y el camino por andar, no es infundado un sentimiento positivo. Tantos y tan diversos Estados, desde los Bálticos a los ya incorporados de la región de los Balcanes y los que miran al Mar Negro, se han integrado en el proceso comunitario de la Unión –y de la OTAN- con efectividad y con efectos a todas luces favorables para todos.

De entre todos estos países, lo que ocurriera en Polonia y Hungría, por sus dimensiones, su peso, y su larga y destacada personalidad histórica –sin desconocer la muy importante también de otros- era y es, quizás, particularmente importante. Por ellos, en primer lugar, pero también mirando al éxito del conjunto del proceso integrador europeo y de sus buenas relaciones atlánticas.

Es, pues, muy deseable que vayan superándose las tensiones con Polonia y Hungría. Es seguramente mucho lo que ellos están haciendo y deben hacer para ello, sin abdicar de sus legítimas tradiciones y convicciones mayoritarias. Es mucho también lo que las instituciones pueden y deben hacer para lograrlo. Y hay quizás que subrayar la importancia de que éstas se esfuercen siempre más en actuar con la debida ponderación e imparcialidad, sin dejarse utilizar por tirios o troyanos, sino sirviendo estrictamente y del modo mejor y más pleno al mandato que han recibido de los Estados en los Tratados de la Unión, sin auto-atribuirse en modo alguno lo que no les corresponda por importante que pueda estimarse.

No es fácil discernir con claridad lo que generó y alimentó la confrontación con Polonia de los últimos años, sin conocer la lengua polaca y a distancia de Polonia. Pero nunca ha resultado muy creíble presentarla como una película de buenos y malos, siendo siempre y solo los malos quienes, agrupados en el Partido “Ley y Justicia” (PiS, en las siglas polacas), son los actuales rectores de la política polaca desde que, primero, lograron la Presidencia de la República en agosto de 2015 y, luego y sobre todo, a finales de octubre de 2015, ganaron por mayoría absoluta las elecciones a la Sejm o Cámara baja de su Parlamento, volviendo a ganar en 2019.

Tratando de indagar mejor lo realmente ocurrido en algún rato tranquilo de este mes de agosto, me encuentro con algunos datos muy reveladores, que me confirman en la necesidad de que las instituciones de la Unión deben ser cautas, imparciales y, como siempre en cosas de justicia, escuchar bien todas las campanas, máxime si han de adoptar decisiones importantes en relación con cualquiera de los Estados miembros, lo que nunca, por lo demás, deberían hacer, sin atenerse estrictamente a las competencias conferidas en los Tratados. El espacio de estas líneas me obligará a ser escueto y a limitarme solo a algunos datos.

En Polonia es la Cámara Baja, el Sejm, quien elige a cada uno de los 15 magistrados del Tribunal Constitucional cada 9 años.

Cuando se produjo la elección al Parlamento de la 8ª Legislatura el 25 de octubre de 2015, formaban el Constitucional 9 juristas designados entre diciembre de 2007 y julio de 2012 por un Cámara parlamentaria con predominio del Partido PO (Plataforma Civica), ampliamente perdedor en octubre de 2015, y 6 juristas designados en noviembre y diciembre de 2006 y abril de 2007, con predominio del Partido PiS, ganador de las elecciones de 2015. Pero tres de estos últimos habrían de cesar el 6 de noviembre –antes que se constituyese el nuevo Parlamento de la 8ª Legislatura- y otros dos, el 2 y el 8 de diciembre del mismo año –cuando ya estaría funcionando el nuevo Parlamento, por tanto.

Como ya se ve que la tentación de los que Jefferson denominó “nombramientos nocturnos” no ha sido algo exclusivo en la historia de personalidades como la de John Adams, la Cámara parlamentaria de la 7ª Legislatura, con preeminencia del PO, antes de disolverse, designó a los 5 nuevos magistrados que habrían de suceder a los que cesarían el 6 de noviembre y el 2 y el 8 de diciembre. El nuevo Presidente Duda consideró, sin embargo, improcedentes constitucionalmente tales designaciones y se negó a que jurasen ante él el cargo, sin lo que no podían pasar a desempeñarlo. La nueva Cámara Parlamentaria se apresuró por su parte a nombrar a los 3 magistrados que sucederían a los cesados el 7 de noviembre, y a los 2 que tenían que hacerlo ya en diciembre. Con ello, 5 magistrados que habían sido nombrados en 2006, también por una mayoría liderada por el PiS, eran sustituidos por otros 5 digamos del mismo “color”, manteniéndose la relación preexistente de tendencias dentro del Tribunal.

El asunto llegó enseguida al Tribunal Constitucional mismo, compuesto, como hemos indicado, con neta mayoría desfavorable a los nuevos Señores del Ejecutivo y del Legislativo. Este decidió entonces tener por válidos los nombramientos que hizo el Parlamento disuelto en cuanto a los 3 que tenían que sustituir a los que cesarían el 6 de noviembre, y los efectuados por el nuevo Parlamento en cuanto a los 2 que habrían de entrar en funciones en diciembre. Una solución que, con independencia de las razones jurídicas que se esgrimieran, incrementaba, desde luego, la ya holgada mayoría de los magistrados designados con preeminencia del PO (la nueva oposición), que pasarían de 9 a 12, dejando a los designados con preeminencia del PiS –el partido de la nueva mayoría en el Parlamento y del Ejecutivo- en una muy modesta minoría de 3. Ello habría permitido mantener en el Tribunal una mayoría de los primeros hasta, por lo menos, diciembre de 2019, en tanto que, de entrar, en cambio, los 5 designados por el nuevo Parlamento con mayoría absoluta del PiS –que es lo que acabó ocurriendo-, aquellos perderían probablemente su mayoría el 26 de junio de 2017, tras cesar en 2016 y esa fecha de 2017 otros tres magistrados, por concluir sus 9 años.

Hay que advertir que el PO y sus coaligados que mandaban en el Parlamento de la 7ª Legislatura y veían que podían perder las elecciones que se avecinaban, habían modificado la Ley del Tribunal Constitucional el 25 de junio de 2015 para que las propuestas de nombramientos de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional no tuvieran que presentarse entre los 30 días antes y los 21 después del día en que se fuera a producir la vacante (como disponía el Reglamento del Parlamento hasta entonces vigente), sino que pudieran introducirse hasta ¡tres meses antes! Se aseguraban así tener tiempo para poder designar en el Parlamento, antes de las nuevas elecciones, al menos a los 3 que debían cubrir las vacantes que se producirían el 7 de noviembre, como de hecho ocurrió al designarlos a principios del mes de octubre, aunque se les fuera la mano y aprovecharan para nombrar también a los que habrían de cubrir las 2 vacantes previstas para diciembre.

Apurando el formalismo de que, según la Constitución polaca, todo Parlamento mantiene su mandato hasta el día antes de la constitución formal del que le suceda tras las nuevas elecciones, el Tribunal Constitucional consideró válida la designación hecha en octubre para las vacantes que se producirían el 7 de noviembre, cuando ya se conocía el vuelco electoral del 25 de octubre y faltaban 5 días para la constitución del nuevo Parlamento.

Y así comenzó a agriarse más y más el clima político interno, acudiendo los entonces perdedores a tratar de lograr protección europea e internacional como mansos corderos y víctimas inocentes de la barbarie populista, por más que los hechos evidenciaran que, lamentablemente, no podía en rigor hablarse allí de monopolio en el maniobrar con escaso respeto institucional y democrático.