Indefensión económica y política del ciudadano

En una sociedad avanzada y democrática como la actual, no es de recibo que el ciudadano adolezca de diversas indefensiones que merman claramente sus derechos sociales. Nos vamos a referir en estas líneas a una indefensión económica y a otra política.

En el plano económico, cuando hay una decisión de política monetaria, tal como la reciente subida de los tipos de interés, un efecto directo y muy nocivo es que se ve mermado significativamente el bolsillo de millones de ciudadanos, todos aquellos que vienen pagando mensualmente un alto importe por los intereses, y en definitiva por el alquiler del dinero que están recibiendo de los bancos como préstamos hipotecarios. Ese incremento importante de su gasto familiar se ve ignorado según la actual ortodoxia económica en el Índice de Precios al Consumo (IPC), que supuestamente mide el coste de la vida de los ciudadanos. El hecho de no tener en cuenta esta subida de los gastos familiares en dicho índice de inflación, ningunea y deja claramente indefensos a esos millones de ciudadanos, y a la sociedad en su conjunto, por no considerar esas cuotas hipotecarias (la parte de intereses) en la medición del coste de la vida. Paradójicamente el alquiler que pagan muchos ciudadanos por las viviendas que tienen alquiladas, sí entra a formar parte en cambio de ese índice de precios, con lo cual se da una inexplicable asimetría en la medición de unos y otros componentes del coste de la vida. Imaginemos así cómo resultaría el IPC si además del alquiler pagado por las viviendas se incluyeran los intereses que se pagan dentro de las cuotas mensuales hipotecarias (excluyendo la parte de reembolso de la deuda). Esto trastocaría muchos análisis y decisiones económicas relativos a la inflación y los tipos de interés.

Aparte de ese efecto directo tan importante (y hasta el momento oculto) de la subida de tipos de interés en el coste de la vida de las familias, otros efectos indirectos igualmente significativos de esa subida son, por una parte, el aumento de los costes financieros de las empresas, que se encuentran alta y estructuralmente endeudadas, así como el claro aumento de los ya muy altos gastos financieros que tiene que pagar el Estado y demás administraciones públicas por su gigantesca Deuda pública acumulada. El efecto recesivo explícito e implícito de la subida de tipos es nocivo para la economía del país y el bolsillo de los ciudadanos; y no vale la receta oficial de que así bajará la inflación, ya que ese estrangulamiento de la economía y de la demanda supone echar tierra al motor económico, (aumentando incluso el desempleo), y en definitiva intentar apagar un fuego con gasolina (máxime cuando la actual inflación no es de demanda, sino de oferta y de costes). Y al ciudadano indefenso no le queda más que callar y otorgar ante esta política económica ortodoxa, bastante simplista y obsoleta.

Otro ejemplo de indefensión ciudadana se da en el ámbito de la política, o más concretamente en el terreno de la participación electoral. El hecho, por ejemplo, de que al votar en las elecciones al Congreso de los diputados, o a los Ayuntamientos, los ciudadanos tengan que tragarse obligatoriamente una lista cerrada de personas o candidatos que les presentan los partidos, y a los que en su inmensa mayoría no conocen, deja indefenso al ciudadano en cuanto a la posibilidad de tachar o excluir a algunos de los candidatos de esas listas; aparte de cambiar la legislación electoral para que las listas fueran abiertas, o al menos desbloqueadas, sería necesario que todas las formaciones políticas incluyesen en internet junto a sus listas electorales un breve currículum, al menos de ocho líneas, de cada uno de los candidatos que nos presentan para ser diputados, concejales, etc., y que simplemente pinchando en el enlace de cada nombre de la lista, pudiéramos acceder a esos indudables méritos curriculares que tiene cada candidato propuesto por los partidos.

Por otra parte, sería igualmente conveniente que los votos en blanco que emiten aquellos ciudadanos que no tienen preferencia por ningún partido político, o porque están simplemente en contra de la clase política en su conjunto, pudiesen convertirse en escaños vacíos, por ejemplo, en el Congreso de los diputados. De esa manera estamos convencidos que disminuiría la abstención y que muchos ciudadanos que no suelen ir a votar porque no creen en ningún partido político, se acercarían a las urnas a votar en blanco sabiendo que su voto sería útil para la generación de unos escaños vacíos, que además ahorrarían dinero al erario público, ya que cada diputado conlleva unos gastos bastante altos (remuneraciones, dietas, desplazamientos, etc.) y no solamente los suyos, sino los de los distintos asesores y personal a su servicio que le rodean; estos recursos públicos ahorrados se podrían destinar a necesidades urgentes y fines sociales. Aunque esta propuesta suena a utopía, ya que perjudicaría a la clase política y los partidos en su conjunto, que son los que podrían aprobarla legalmente, cabe en todo caso la posibilidad de que hubiera algún partido -aunque fuera minoritario- con un cierto nivel de valentía, y pensando en los ciudadanos con un sentido de Estado, que propusiera en el Congreso este cambio de la legislación electoral (ello sería valorado positivamente por los ciudadanos), y así al menos obligaría a retratarse a los partidos políticos y grupos parlamentarios ante la sociedad y la ciudadanía.

En resumen, el ciudadano actual tiene unos altos déficits de información y de participación a nivel económico y político, que deberían ir subsanándose más pronto que tarde en aras de una sociedad más abierta y participativa como la que todos deseamos.