La indignante cesión de Pedro Sánchez a las exigencias de los separatistas alarma en la Unión Europea, en este caso, por permitir, incluso favorecer, la discriminación del uso del castellano en las aulas catalanas. Y es que, atenta contra una normativa europea como es el derecho de los ciudadanos al uso de la lengua materna en los espacios e instituciones públicos.
Este martes, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó el envío a Cataluña de una delegación para analizar la situación del castellano en la escuela. La Eurocámara se hace eco así de una petición que presentó en 2017 la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) y que impulsó Ciudadanos. Paradójicamente, la auditoría coincidirá con la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. La propia Comisión Europea ya ha advertido reiteradamente a la Generalidad de su obligación de cumplir las resoluciones judiciales, como las sentencias del 25 por ciento.
Es de esperar que la auditoría europea denuncie que, en efecto, el castellano está discriminado, incluso perseguido, en las aulas catalanas. Pero no hay que tener esperanzas de que la Generalidad acepte y aplique la ley del 25 por ciento. Porque su gran aliado, Pedro Sánchez, ha sido el impulsor de un decreto del Parlamento catalán para incumplir la legislación. Bruselas puede intervenir si el Gobierno no aplica las decisiones judiciales. Pero los separatistas catalanes pueden estar tranquilos. El presidente español hará caso omiso de la posible denuncia de la UE; más aún, después de saltarse la Constitución y promover personalmente el incumplimiento de las sentencias de los tribunales. Y así, se burlará de la UE mientras preside el Consejo de la Unión Europea. Todo un hito.