El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, consideró hoy que existe un riesgo de ilegalidad en el impuesto a las grandes fortunas propuesto por el Gobierno para ser tramitado como una enmienda al proyecto de ley que regula gravámenes temporales a la banca y a empresas energéticas.
Durante su visita a Ecuador como parte de su primera gira por Sudamérica, Núñez Feijóo afirmó que "el gobierno está muy nervioso, muy débil, con enormes contradicciones y debilidades internas, y ahora quiere trasladar esa debilidad al marco jurídico y tributario de España".
"Lo lamento profundamente, porque estoy convencido de que hay muchos riesgos de ilegalidad de este tipo de gravámenes que se hacen por la puerta de atrás, a espaldas de las instituciones y del debate parlamentario", agregó el líder del principal partido de oposición.
El expresidente de la Xunta de Galicia también ha asegurado que la tramitación de este impuesto tiene "un riesgo muy claro de doble imposición". Para Núñez Feijóo, este gravamen "atenta a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, que tienen el impuesto de patrimonio transferido desde hace décadas".
Una enmienda que pretende acelerar el nuevo impuesto
El Gobierno va a tramitar el impuesto a las fortunas de más de 3 millones de euros como enmienda parcial al proyecto de ley que regula los gravámenes temporales a la banca y a las empresas energéticas para así poder tenerlo aprobado antes del 31 de diciembre y que pueda ser aplicado en junio de 2023.
La decisión de Hacienda de adelantar la aprobación del impuesto puede conllevar ahora roces con Madrid, Andalucía y Galicia, las tres regiones que bonifican total o parcialmente el impuesto sobre el patrimonio. Además, el impuesto de solidaridad, como ha sido bautizado por el Ejecutivo, ha sido criticado por expertos por su posible inconstitucionalidad al invadir competencias autonómicas.
El impuesto a las grandes fortunas, anunciado en el marco de los presupuestos de 2023, tendrá carácter temporal -ya que estará en vigor en 2023 y 2024-, será deducible del impuesto de patrimonio y tendrá tres tramos que gravarán los patrimonios a partir de 3 millones de euros. La medida, pactada por los socios del Gobierno el pasado mes de septiembre, contemplaba un tipo del 1,7 % para patrimonios de entre 3 y 5 millones, del 2,1 % para patrimonios de entre 5 y 10 millones y del 3,5 % para patrimonios de más de 10 millones de euros.
Entonces se calculó que podría recaudar 1.500 millones en dos años, antes de deducir lo pagado por el impuesto de patrimonio. Además del impuesto a las grandes fortunas, las enmiendas del PSOE y UP podrían incluir también la limitación a la compensación de pérdidas de filiales dentro de los grandes grupos consolidados.
Esta medida fue acordada también entre los socios del Gobierno para los presupuestos de 2023 e implica que en 2023 solo se podrán compensar el 50 % de las pérdidas de filiales, pudiendo aplicar el resto en 2024.
Con ello se incrementará la recaudación en 2.439 millones y solo afectará a 3.609 empresas, un 0,2 % del total.
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