El Observatorio contra la Violencia de Género y los progresistas Jueces para la Democracia también critican las declaraciones desde Igualdad.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial salió al paso este miércoles de las críticas hechas desde el Ministerio de Igualdad hacia los jueces que aplicaron la nueva ley de garantía integral de la libertad sexual y que suponen una rebaja en las condenas.
Dicha Comisión expresa "su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial" por algunos responsables políticos "que se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual”.
El CGPJ defiende que los jueces, "sometidos únicamente al imperio de la ley" realizan una aplicación estricta de la conocida como ley del "sólo sí es sí".
“La aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del Derecho penal, derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que ‘tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena’", estipula el comunicado.
Además, recuerda que en el informe que emitió el 25 de febrero de 2021, momento en el que era un anteproyecto de ley, el CGPJ, por unanimidad, advirtió que la nueva ley, para los delitos de agresiones sexuales tipificados en los capítulos I y II del título VIII del Código Penal, suponía una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que ‘la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente’.
"Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección", concluye la Comisión Permanente.
Jueces para la Democracia
Juezas y Jueces para la Democracia considera "muy desafortunadas e inapropiadas" las manifestaciones que desde el Ministerio de Igualdad se han llevado a cabo a propósito de la revisión de algunas condenas por delitos contra la libertad sexual.
La asociación critica que si desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever esa consecuencia no justifica que se arremeta contra los jueces/zas tachando sus decisiones como “justicia machista” o considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley, manifestaciones que, "además de desafortunadas e injustas, cuestionan la credibilidad del sistema que tiene por objeto la protección de víctimas de los delitos sexuales y obstaculizan la necesaria confianza que en el mismo se debe promover", según señalan en su comunicado.
El Observatorio contra la Violencia doméstica y de Género se adhiere a las críticas a Igualdad
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, se ha adherido al comunicado aprobado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en relación con las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
Ángeles Carmona señala, además, que los integrantes de la Carrera Judicial tienen una sólida formación en materia de violencia de género y de perspectiva de género, áreas sobre las que reciben una formación específica. En este sentido, señala la evolución experimentada por la jurisprudencia en todos los órdenes jurisdiccionales durante los últimos años. Ejemplo de ello son, en el orden Penal, numerosas resoluciones en las que la Sala Segunda del Tribunal Supremo incorpora criterios de la perspectiva de género.
La presidenta del Observatorio recuerda que los jueces y juezas españoles se preparan en esta materia tanto en durante la etapa de formación inicial -es decir, cuando estudian la oposición y durante los dos años de formación teórica y práctica que reciben en la Escuela Judicial-, como a lo largo de su carrera profesional.
El Servicio de Formación del CGPJ imparte cursos sobre violencia de género obligatorios para todos aquellos integrantes de la Carrera Judicial a los que por concurso ordinario les sea adjudicada una plaza en un juzgado de violencia sobre la mujer, un juzgado de lo penal especializado o una plaza en una sección especializada de una Audiencia Provincial.
Asimismo, el órgano de gobierno de los jueces imparte cursos sobre perspectiva de género, que son obligatorios para todos aquellos magistrados y magistradas que quieran examinarse de cualquiera de las especialidades (Mercantil, Contencioso-Administrativo, Social, etc.). Sólo si superan ese curso pueden optar a examinarse de la especialidad.
Este curso está disponible y es voluntario para todos los demás miembros de la Carrera Judicial. Desde 2019, año en el que se estableció por ley la obligatoriedad de realizar el curso sobre perspectiva de género para acceder a la especialidad, han recibido esta formación un total de 1.467 jueces y juezas. En cuanto a los cursos de violencia de género, lo han realizado un total de 307 jueces y juezas.
El objetivo de esta formación, recuerda la presidenta del Observatorio, es que las víctimas confíen en los miembros de la Carrera Judicial y en que la respuesta judicial será profesional y sensible con la difícil situación nen la que ellas se encuentran.
Asociación Profesional de la Magistratura
La Asociación Profesional de la Magistratura expresa su más enérgico rechazo a las descalificaciones vertidas contra los jueces y otros responsables políticos con ocasión del proceso de revisión de determinadas condenas por delitos contra la libertad sexual.
"En un Estado de Derecho es perfectamente admisible la crítica a las resoluciones judiciales, aunque sería recomendable que, si tales críticas provienen de otro poder del Estado, se produjeran dentro de la ponderación y la prudencia que demandan las más elementales normas de respeto institucional", dice la asociación en un comunicado.
La acusación de que existe un prejuicio generalizado en el Poder Judicial contra las mujeres, "además de carecer del más mínimo rigor y sustento real, resulta ofensiva y produce una alarma innecesaria y devastadora en la confianza de quienes son o han sido víctimas de estos delitos, devaluando los estándares de calidad democrática que, en toda la Unión Europea, reclama el valor Estado de Derecho".
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