A estas alturas de la película/legislatura todo el mundo sabe ya que Pedro Sánchez ha aprendido muy bien de Pablo Iglesias eso de que “el cielo no se toma por consenso: se toma por asalto”. Las ansias de poder del líder del PSOE han sido mucho mayores que las de su homónimo populista en Podemos, pero juntarse, además, con los socios independentistas de moción de censura como única salida para gobernar le ha llevado a tomar una deriva absolutamente totalitaria.
Pedro Sánchez ha hecho, hace y tiene planeado hacer lo contrario de todo lo que dijo que nunca haría. Esa convivencia estrecha por necesidad con las formaciones que más odian a España ha provocado que acabe coincidiendo en actitudes y un modo de pensar alejado de la salud democrática que pregonaba. Resultado: el presidente del Gobierno antepone su voluntad a la ley y eso es exactamente lo que se hace en una Autocracia, ya saben, esa en la que una sola persona gobierna sin limitaciones y arrogándose la facultad de promulgar y modificar leyes a su antojo.
De lo que se han enterado ustedes bien ahora, porque la semana pasada estaban ausentes por el puente-acueducto de la Constitución y la Inmaculada, es que Sánchez ha pactado con ERC rebajar las penas máximas por malversación para casos como el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Se da la circunstancia de que esta medida beneficia también a todos los socialistas condenados por los ERE en Andalucía.
Sánchez habla de sacar el debate político de los juzgados, lo que no termina de decir claramente es que esto significa sacar a sus socios parlamentarios que le permiten seguir en Moncloa de la cárcel.
A nadie se le escapa ya que el objetivo con el pack judicial que Sánchez va a aprobar no es solo colocar a las suyos en los órganos del Poder Judicial, también que, gracias a las reformas en los delitos de sedición y malversación, sus socios condenados, como Oriol Junqueras, se pueda volver a presentar a unas elecciones, que otra treintena de políticos pendientes de juicio no tengan delitos por los que ser juzgados y que altos dirigentes del PSOE condenados por corrupción, como José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, no vayan a prisión.
Así, el plan de Sánchez es eliminar también la mayoría necesaria de 3/5 de la Cámara, que no tienen el PSOE, para elegir magistrados y hacer que solo sea necesaria la mayoría simple que sí tienen. Además, los que se opongan incurrirán en responsabilidades penales, es decir, si algún juez se niega puede ir a la cárcel.
Pedro Sánchez fuerza con esta maniobra de dudosa constitucionalidad a los jueces a que designen a sus candidatos al CGPJ y abre el camino al nombramiento instantáneo de su exministro de Justicia Juan Carlos Campo y Laura Díez, la otra propuesta socialista también para el órgano judicial.
Acaba de esta forma definitivamente con la separación de poderes para encarnar él mismo el Legislativo, el Ejecutivo y también, por supuesto, el Judicial, por lo que no ha faltado, obviamente, quien ya ha calificado la jugada, al más puro estilo chavista, de maniobras dictatoriales y de golpe de Estado desde el poder.
El PP tilda la operación de “asalto al Estado de Derecho” únicamente para “mantenerse en el poder” y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, habla directamente de “autogolpe de Estado” y califica a Sánchez de “aprendiz de dictador”.
Pero también dentro del propio partido. Muchos socialistas aborregados callan y otorgan, otros recelan en voz baja, pero alguno deja claro que da igual si se meten el dinero en su bolsillo y si se malversa para beneficiar a otros o a su partido, en cualquier caso hay corrupción. “Muy contrario” se ha mostrado Emiliano García-Page con el acuerdo PSOE-ERC porque “no es tolerable pactar con los delincuentes su propia condena” y porque “el Código Penal no se puede hacer a medida de los culpables”.
Otros portavoces del PSOE afirmaban también que “financiar un referéndum ilegal con el que se pretendía legitimar un golpe constitucional es corrupción de la grave”. Muy claro también varios exministros socialistas, que han firmado igualmente un manifiesto que pide a Sánchez que olvide la vía para “obtener a cualquier precio el apoyo de los independentistas” porque la finalidad es “eximir” penalmente a los que actuaron delictivamente contra la Constitución, la integridad territorial de España y la convivencia democrática”.
Pero a Pedro Sánchez le da igual lo que digan en su partido. Sabe que no va a pasar a la Historia de España como el presidente del Gobierno que exhumó los restos de Franco, por eso insiste, sabe ya que será el presidente más perjudicial de la Historia por lo que está haciendo y por lo que va a hacer.
Si la ley impide el objetivo político, se cambia la ley, han incidido sin rubor todos los portavoces del Gobierno. Pero hay que hacerlo pronto, lo antes posible para que a usted y a mi, tontos votantes, se nos olviden todas estas tropelías antes de las elecciones autonómicas de mayo y de las generales.
Entonces, si Sánchez gana por los pelos, seguirá a merced de independentistas y amigos de ETA. Si no, como se suele decir, ¡qué arree el que venga detrás!
El problema es que los que se sientan a decirle a Pedro Sánchez lo que tiene que hacer, y que ya le hablan de amnistía, de un referéndum de autodeterminación y de las condiciones necesarias para la independencia, van a pedirle a “ese que viene detrás” lo mismo y cuando se les diga que “no” volveremos a tener problemas.
¿Ha calculado bien Sánchez las consecuencias de sus actos? ¿Sabe Sánchez el daño irreparable que hace a España con las reformas del Código Penal y su empeño en tomar la Judicatura, el tiempo que va a pasar hasta que se vuelva a una completa normalidad?
Lo peor no es que Pedro Sánchez dañe la imagen del político. Lo realmente grave es que daña la imagen de todas las instituciones y hace que usted y yo perdamos la confianza en ellas.
Si (
No(
