Frustra así la petición del PP de que se tomasen medidas cautelarísimas para que no se votase en el Congreso las enmiendas que permiten cambiar la elección del Poder Judicial.
La amenaza de cinco magistrados progresistas del Tribunal Constitucional de abandonar el pleno "urgente y extraordinario" sobre lo que la oposición considera un "asalto" del Gobierno de Pedro Sánchez al Poder Judicial ha motivado que el presidente de la institución, Pedro González-Trevijano, recule y ceda ante la alianza de PSOE, Unidas Podemos y los separatistas.
El Constitucional ha decidido aplazar hasta el lunes la decisión sobre si paraliza la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial que finalmente se aprobaron este jueves en el Congreso de los Diputados a través de enmiendas a la reforma del Código Penal.
En la práctica ha supuesto frustrar el intento del PP de que no se votase en la tarde de este jueves.
González-Trevijano ha tomado esta decisión a instancias de un escrito presentado por los cinco magistrados progresistas que le han solicitado que aplace el pleno.
El motivo que han argumentado es que necesitan un "tiempo indispensable" que les "permita el estudio completo del asunto, a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión, y de los escritos que han sido presentados a lo largo de esta mañana".
Todo ello, precisan, les "imposibilita poder participar en la deliberación y votación". Este grupo lo componen los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez y las magistradas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán.
La jornada de este jueves fue frenética en el TC: el pleno estaba fijado a las 10.00 pero que se tuvo que retrasar a las 12.00 y más tarde a las 13.00 horas para finalmente aplazarlo al próximo lunes.
El desencadenante ha sido el goteo desde la noche de miércoles hasta primera hora de la mañana del juevesde escritos presentados por distintos grupos parlamentarios, PSOE, Unidas Podemos y Vox, que exigían tiempo al tribunal para estudiarlos, en particular la recusación de Unidas Podemos que considera que el presidente y Narváez tienen el mandato caducado.
Así las cosas, el pleno del lunes tendrá que resolver primero las recusaciones y ya después sobre la admisión a trámite del recurso de amparo y, en su caso, sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP, que con esta decisión ve como no podrá evitar la aprobación esta tarde en el Congreso de la reforma legal.
Los populares presentaron este miércoles un recurso ante el tribunal de garantías con una petición cautelarísima que pasaba por suspender los acuerdos en los órganos del Congreso que han permitido tramitar los cambios en el Código Penal.
En ella solicitaban al Constitucional que se pronunciara antes del pleno de este jueves para que esas enmiendas no se pudieran aprobar en caso de que los magistrados atendieran su petición.
Vox ha seguido los pasos del PP y en un recurso de amparo registrado este jueves pide al tribunal de garantías suspender la tramitación de la proposición de ley de reforma del Código Penal y declarar su nulidad por haber sido incluido en el orden del día del pleno del Congreso.
Pero además, el grupo socialista y Unidas Podemos presentaron sendos escritos en el Tribunal Constitucional en los que piden personarse en el procedimiento y se oponen a cualquier medida cautelar que afecte al trámite legislativo.
Los socialistas advertían de que un paralización del proceso legislativo "impediría que los diputados ejercieran legítimamente sus funciones como representantes de los ciudadanos" y para Unidas Podemos "es la amenaza más grave a la democracia desde el 23-F".
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