El Ejecutivo no descarta desobecer al TC en caso de que emita un dictamen que impida la votación de sus medidas en el Senado.
La crispación política también se ha adueñado del Tribunal Constitucional (TC). Según ha sabido EL IMPARCIAL, el propio presidente del Gobierno está presionando a los magistrados progresistas del Alto Tribunal para que no admitan a trámite el recurso de amparo presentado por el Partido Popular con el fin de frenar, con medidas cautelarísimas, los cambios que Pedro Sánchez está tratando de ejecutar en el Poder Judicial y en el propio TC. El principal partido de la oposición ha solicitado que se resolviera su petición para que no se apruebe la enmienda a la Ley Orgánica del Poder Judicial que eliminaría la mayoría de tres quintos a la hora de nombrar a los magistrados del Constitucional en el Consejo General de Poder Judicial -para instalar una mayoría simple-.
Pedro González-Trevijano, presidente del Alto Tribunal, ha sufrido en esta semana las amenazas de unos magistrados progresistas que le advirtieron que abandonarían el pleno si el TC admitía a trámite el mencionado recurso del PP. Ante semejante entuerto, el jurista decidió aplazar el pleno hasta este lunes y salvaguardar, así, la imagen de uno de los pilares de este país. La consecuencia directa fue que en el Congreso de los Diputados se aprobó la derogación del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación y, en definitiva, se certificó un nuevo capítulo del asalto de Sánchez al propio Tribunal Constitucional, en una maniobra del Ejecutivo que pone en cuestión la estabilidad institucional española y las normas de consenso vigentes desde hace cuatro décadas.
La estratagema de Moncloa ha logrado colocar en una situación muy complicada a un Tribunal que es el garante de la Constitución en España, su intérprete supremo y el encargado de fiscalizar que las leyes se ajusten a la Carta Magna. Por esta función esencial en democracia resulta tan relevante el pleno del TC de este lunes. En él, los magistrados deberán decidir si apoyan la aspiración del Ejecutivo de expandir su control a los otros dos poderes o, por el contrario, vetan la maniobra del Gobierno socialcomunista y refuerzan la solidez de las reglas del juego.
Las enmiendas
Envueltos por el relato que arguye que su objetivo es desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, PSOE y Unidas Podemos han introducido dos enmiendas que intentan cambiar varios aspectos legales de leyes orgánicas. Una de ellas busca suplantar la mayoría de tres quintos para el nombramiento de los magistrados del TC -siempre que no se alcanzase ese consenso en el plazo de tres meses desde que finalice el mandato de los magistrados salientes- por un un sistema de votación individual en el que resultarían elegidos los candidatos con más apoyos. Es decir, una mayoría simple que no requeriría consensos ni un quórum mínimo. Y se abre la puerta a las responsabilidades penales en caso de incumplimiento de la ley en la renovación de los magistrados. La segunda enmienda, como ha trascendido, cambia la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional eliminando el examen de la idoneidad -plácet- a los nuevos magistrados e instalando la opción de renovación por sextos en lugar de por tercios.
El TC está ahora contra las cuerdas por culpa de un Gobierno que está operando para alcanzar una mayoría progresista en el Constitucional. Lo está haciendo sin consultar a órganos como la Fiscalía, el CGPJ o el Consejo de Estado, como es preceptivo, y generando una atmósfera de tensión exacerbada que ha estallado en el Congreso. "Intentaron parar la democracia con tricornios y hoy lo han intentado con togas", dijo el portavoz socialista Felipe Sicilia el pasado jueves en el debate, comparando el intento de golpe de Estado del 23F perpetrado por Antonio Tejero con el recurso de amparo presentado por el PP. En una intervención que contrasta con la posición de Nadia Calviño y que subraya la fuerte división que afecta al seno del Gobierno.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha pedido al TC que actúe el lunes con "sentido común y responsabilidad", al tiempo que denunció que "no puede ser que se normalice el ataque personal, el insulto, el improperio, la exageración, la hipérbole". "Tenemos que, entre todos, recuperar un entorno de diálogo respetuoso, calmado, prudente y que verdaderamente contribuya a mejorar la convivencia de los ciudadanos", expuso, mientras que desde Unidas Podemos, y más concretamente desde el equipo de trabajo de la ministra Irene Montero, tildaban a los magistrados de "fachas con toga" y "machistas".
Los siguientes pasos
En un pleno en el que PP, Vox y Ciudadanos pidieron sin éxito su suspensión hasta que se pronunciase el tribunal de garantías, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, proclamó que "no se han atrevido a dar el golpe (de Estado) hoy en el Congreso, pero todavía podrían darlo en el trámite en el Senado". Y Pedro Sánchez, desde Bruselas, atacó al TC de este modo: "Que presente un recurso el PP y, de manera urgente por primera vez en 40 años, el Constitucional convoque un pleno en 24 horas… Está todo dicho con eso". "Lo que se espera del Constitucional es que impere el sentido común y la Constitución", remarcó.
El presidente del Gobierno señaló que "han intentado amordazar al Parlamento". "Estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha política, mediática y judicial (...) Y nuestra democracia va a prevalecer frente a cualquier intento de atropello, ya sea de los magistrados conservadores o de la derecha política y mediática que ha intentado esta operación incalificable", concluyó, no sin antes manifestar que "han sido capaces de secuestrar la Constitución" y regresar a la teoría que le coloca como víctima de una conspiración.
Sea como fuere, la reforma avanza hacia el Senado. La Cámara Alta tiene previsto votar las polémicas enmiendas el próximo jueves, pero a las modificaciones antes se le atraviesan el pleno del Constitucional que tendrá lugar el lunes y el del CGPJ, que se desarrollará el martes. Si el TC deniega la cautelarísima, la reforma recibiría la aprobación del Senado. Eso es lo que anhela el Gobierno de Sánchez y hacia ese resultado están apuntando las presiones que el propio presidente está ejerciendo sobre los magistrados progresistas, en contra de la postura que defiende el ponente Enrique Arnaldo y los magistrados conservadores. Y si el Constitucional estima el recurso del PP e impide la tramitación de la iniciativa en el Senado, desde Moncloa no se descarta desobedecer al TC. Culminando una crisis institucional sin precedentes con la votación de sus enmiendas en el Senado.
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