La lección del TC a Sánchez: el Poder Legislativo no está por encima de la Constitución

El Tribunal Constitucional anunciaba este lunes medidas cautelarísimas que detenían la maniobra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para cambiar las reglas del juego en la elección del Poder Judicial y los órganos de los jueces. La lección es clara: el Congreso, que ejerce el Poder Legislativo, no está por encima de la Constitución, que garantiza que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

La maniobra que el Gobierno había preparado el Gobierno para asaltar el Poder Judicial tiene en su fondo claros visos de inconstitucionalidad. Sin embargo, las formas han sido suficientes para detenerla de manera cautelar. El texto que comprometía la separación de poderes se había introducido de matute en una ya de por sí polémica reforma de los delitos de sedición y malversación, como una enmienda de última hora a la reforma del Código Penal.

Ya los servicios jurídicos del Congreso habían advertido de la irregularidad en una advertencia expresa sobre el procedimiento de la Cámara, pero fue el recurso de amparo del Grupo Popular del Congreso, aceptado por el Tribunal Constitucional, lo que ha frenado en seco los planes de Pedro Sánchez con respecto al poder judicial.

Los tiempos de esta maniobra eran una de las claves para su éxito. Se trataba de tener publicadas en el Boletín Oficial del Estado todas las sonrojantes concesiones del sanchismo a los independentistas de ERC y Bildu, socios de investidura del Gobierno.

Como ha denunciado la oposición, la primera votación para la supresión del delito de sedición se produjo de madrugada, la segunda se produjo durante el encuentro entre España y Japón en el Mundial de Fútbol de Catar. La aprobación definitiva está prevista, puesto que se ha suprimido el ‘asalto’ al Poder Judicial, pero no la reforma de sedición y malversación, para el día 22 de diciembre, coincidiendo con el sorteo del Gordo de la Lotería, a las puertas de la Navidad.

Pero el plan no ha salido como Sánchez pretendía y el presidente del Gobierno se ha visto obligado, a regañadientes, a acatar la decisión del Constitucional. Sánchez, hacía este martes una declaración institucional donde sí agachaba la cabeza y, a pesar de todos los reproches al Alto Tribunal, afirmaba que respetaba la separación de poderes, que emanaban del pueblo soberano, “también el Judicial”.

“¿Es que a alguien con responsabilidad en la política española se le ha pasado por la cabeza el desobedecer al Tribunal Constitucional?”, se ha preguntado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en una comparecencia ante la prensa.

“Esto es España, la Constitución nos protege de nuestro propio Gobierno si hace falta”, ha dicho Núñez Feijóo. El líder del PP ha llamado a rebajar el tono de los reproches en un contexto en el que la dialéctica también ha jugado su papel para tratar de hacer chocar a dos de los poderes del Estado, el Judicial con el Legislativo.

Sin ir más lejos, la portavoz del grupo socialista en el Senado, Eva Granados, ha calificado de "antisistema" a Núñez Feijóo este mismo martes.

Los independentistas, que protagonizaron una intentona golpista durante los sucesos del 1-O, han llegado a compara el recurso de amparo presentado por el Grupo Popular con el golpe de Estado del 23-F.

Para Feijóo, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, sin embargo, “es una defensa del Parlamento, de las Cortes Generales y del derecho de todos los diputados” para que el órgano no se convierta en “mera extensión del Gobierno”.

De hecho, tras conocerse el auto del Constitucional, las Cortes Generales acataban también la decisión. Los presidentes del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Ander Gil, respectivamente, dejaban claro que también las Cortes Generales acatan la decisión del Constitucional pero que seguirán defendiendo la autonomía parlamentaria, si bien la Mesa del Congreso ha acordado personarse en el procedimiento abierto en el Tribunal Constitucional.

Con este episodio se detiene una maniobra para tomar el Poder Judicial por la vía rápida, al dictado de los independentistas. Pero la intención del Gobierno sigue intacta. En su declaración institucional, Sánchez ha amenazado con tomar "cuantas medidas sean precisas" para poner fin al bloqueo judicial. Del otro lado, Feijóo ha tendido la mano para consensuar una reforma del Código Penal acorde con Europa por los dos grandes partidos que han articulado la historia reciente de España en el periodo democrático

De fondo, el compromiso de Pedro Sánchez con los secesionistas de Bildu y ERC y la tentación cada vez más plausible de iniciar un proceso constituyente para satisfacer sus objetivos últimos: modificar la Carta Magna, pactar un referéndum de autodeterminación y conseguir independencia, es decir, el desmembramiento de España.