Los niños-cayuco

Desde el año 2.000 a nuestros días no hay expedición de cayucos, barquichuelos o pateras que no tengan entre sus infelices tripulantes varios niños o adolescentes.

Lo que empezó siendo un fenómeno relativamente menor y aislado ha terminado convirtiéndose en una realidad dolorosa de muy difícil solución.

Actualmente hay en las islas Canarias unos 1.200 menores extranjeros no acompañados concentrados en centros tutelados y administrados por los diversos Cabildos o en una treintena de comisarías de policía. La media de menores que acceden en cayucos y pateras al archipiélago canario supero los 700 este año.

Algunos de estos chicos tienen menos de nueve años y han sido enviados por sus familias a la aventura con la esperanza de que, una vez en territorio español no sean devueltos y se instalen en el archipiélago o en la península y les envíen dinero.

Los ayuntamientos tuvieron desde el principio enormes dificultades para poder acomodar y alojar a estos chiquillos. El ejecutivo canario no tuvo más remedio entonces que crear un dispositivo de emergencia con un centenar de plazas que posteriormente fueron llenándose con varios cientos más de muchachos.

En la actualidad hay ya seis centros de estas características que albergan a unos setecientos menores. Ni que decir tiene que estos albergues son insuficientes y que las autoridades canarias han tenido que recurrir a la iniciativa privada, familias, organizaciones no gubernamentales humanitarias, etc, para alojarlos en condiciones aceptables. Todo ello costeado por la Junta de Canarias que carece de fondos al respecto y lo ha hecho saber en diversas ocasiones a las autoridades centrales.

En la actualidad el gobierno canaria ha hecho saber ya que no dispone de posibilidades para albergar a más de 500 menores más y los que restan (unos setecientos) deberían ser repartidas por diversas Comunidades autónomas en la península.

El problema, aseguran las autoridades canarias no es de alojamiento sino de fondos para ofrecerles a estos menores instrucción, salud y clases de cerrajería, jardinería, carpintería, etc… Esto es caro y la Junta canaria no tiene fondos suficientes para poder mantener todo el tinglado educativo de estos menores. Precisamente por eso ha recurrido en varias ocasiones a las autoridades centrales pidiendo obviamente más recursos pero también posibilidades de instalación en otras Comunidades. O en casas de familias particulares que estén dispuestas a acogerlos, lo que no siempre es fácil.

Un chico de 9 o 10 años una vez que ha pisado territorio español no corre el riesgo de ser expulsado o devuelto a su país entre otras razones porque en su mayor parte dicen ignorar de donde son, quienes son padres y donde viven, de dónde proceden etc. Es el seguro de que no serán expulsados como los adultos al cabo de 40 días tras haber permanecido en un centro de retención. Todos ellos pasarán no menos de ocho años en estos centros de emergencia adaptándose a la vida y costumbres españolas como única alternativa para que finalmente pueden acceder a los “papeles” que les permitirán legalizarse e instalarse sin dificultades en España.

Tanto el ministro de Trabajo e Inmigración como la vicepresidenta del gobierno han mantenido varias reuniones con los responsables canarios para encontrar una salida de urgencia a la situación. La Consejera canaria de Bienestar social, Inés Rojas propuso a lo largo de estas conversaciones que el gobierno central derivara hacia la península a todos los menores acogidos que superan las 500 plazas cediendo la tutela al Estado o a las comunidades autónomas dispuestas a recibir un porcentaje modesto de estos muchachos.

La señora Rojas, en un gesto un tanto utópico pero meritorio propuso también que familias y particulares puedan alojar y acoger a estos chicos ofreciéndoles educación y estabilidad familiar. La propuesta ha sido asumida, incluso por las organizaciones humanitarias, con un entusiasmo descriptible.

En la distribución de menores por ONG’s en provincias españolas lo conseguido hasta ahora es muy modesto( han sido “colocados” en Madrid 8, 43 en Salamanca,8 en Segovia, 18 en León, 10 en Burgos, 10 en Valladolid 14 en Murcia,14 en Valencia y 25 en Cáceres). Modestas cifras sin duda para la importancia y el número de cuantos esperan en el archipiélago canario un hogar o algo parecido.

El problema es peliagudo y de muy difícil solución. Cada día siguen llegando en los cayucos y pateras a las cosas canarias y del sur de España mas menores, algunos incluso bebés. Y la respuesta de las Comunidades autónomas es muy tibia. Sólo un replanteamiento a nivel peninsular con el apoyo de organizaciones humanitarias españolas o extranjeras y los fondos del Estado español podrá paliar la situación. Por de pronto, estos chicos están en España y por razones legales no pueden ser expulsados. Es una realidad incontrovertible.