El último de los apaciguadores

El argumento lo conozco –nos explicaba Alfredo Pérez de Rubalcaba en diciembre de 2016- vamos a sentarnos con ellos [con los nacionalistas] y acabarán siendo buenos. Pero, oiga, cabe la posibilidad de sentarse con ellos y acabar siendo malos. Y que no te hagan caso. Pues, bien: eso es exactamente lo que está ocurriendo, por lo menos hasta ahora.

Empecemos por el principio. ¿quiénes se han sentado?: un gobierno que, en este espinoso contencioso, está lejos de representar a la mayoría de país; y los nacionalistas catalanes, que ni apenas alcanzan a representar a una mitad de Cataluña. ¿Dónde se han sentado?: en una mesa, un formato sui generis que no debemos tomar como evidente y natural, porque no lo es. ¿De qué mesa hablamos? A los efectos, la única mesa que reconoceríamos sería la surgida de las Cortes Generales en representación de la soberanía nacional; o sea, del conjunto del pueblo español: el único soberano que admitimos desde 1812. Por lo tanto, esa mesa gobierno-nacionalistas no es un formato neutral ni casual: es un formato cargado de intención, porque pretende precisamente marginar a las Cortes Generales.

Y ahora, vayamos a la agenda de esa reunión privada (o, al menos, fuera de los cauces establecidos para las relaciones entre las autonomías y el gobierno central) de políticos socio-nacional-populistas. En realidad, más que agenda, se trata de un guión monotemático, moviéndose siempre en la misma dirección (la de los nacionalistas), y enmarcado por un referéndum en el horizonte. Aquí no nos encontramos ante dos propuestas extremas diferenciadas y enfrentadas: la autodeterminación, por un lado; frente a la idea, en otro extremo, de recobrar algunas competencias por parte del estado central (las de educación, pongamos por caso), que, en determinados aspectos, tendrían un apoyo popular considerablemente mayor que la primera de las señaladas.

Pero, no, aquí, sólo se habla de lo que interesa a los nacional-populistas. Y se cede y se les concede cuanto exigen: amnistía, derogación del delito de sedición (que no es del siglo XIX -¡y aunque lo fuera!- sino de 1995, en su presente redacción), y una reformulación del delito de malversación, redactando algunos artículos con nombres y apellidos de los golpistas. ¿A cambio de qué? Pues, a cambio de nada (salvo, claro, sus votos en el Congreso). Los nacionalistas no han renunciado a nada: ni siquiera a no volverlo a hacer. Bueno, salvo que no intentarán otro golpe de estado… por ahora –nos dice Pere Aragonés, a través de un diario austriaco. Se entiende –al menos, así lo interpreto yo- que no habrá asonadas e intentonas golpistas, mientras que el gobierno siga cumpliendo puntualmente con sus pagos. Y tienen razón: ¿para qué andar con sofocos, carreras y quemas de contenedores si van obteniendo lo que quieren a cambio de nada? Es indudable, pues, que el golpe de Estado les está saliendo barato, cuando no gratis (gracias a un ejercicio politizado, de evidente parcialidad jurídica, cuyo culatazo, paradójicamente y con toda probabilidad, beneficiará a alguno de los implicados en casos de corrupción y malversación de otros partidos; casos, dicho sea de paso, que fraguaron el eje de la moción de censura que le dio el gobierno al Sr. Sánchez).

La coartada para tanto desafuero y deterioro legal e institucional -así terminé mi anterior artículo- es el apaciguamiento del nacionalismo radical. Una utopía interesada, naturalmente, pero que pudiera resultar rentable para la gran mayoría de la ciudadanía española. (Otra cosa –que enseguida repasaremos- es que sea factible y a un costo institucional abordable). Dicho lo cual, en principio, no es razonable criticar al Sr. Sánchez por desplegar una bandera de apaciguamiento que cree necesitar por aritmética parlamentaria y oportunidad electoral. (Hubiera cabido, claro, la política contraria: la de una coalición sobre la base de la soberanía nacional -el principio clásico de la izquierda española- pero, esa alternativa, se la estropeó la mala cabeza de Albert Rivera). Así pues, el apaciguamiento de los insaciables es la opción que, para maximizar poder y mantenerse en el, le pareció disponible a nuestro Calígula ibérico.

No es una conclusión sorprendente: a eso se dedican los políticos, a maximizar poder y a conservarlo. Todos lo hacen y no estamos para que la oposición nos interprete escenas de cortesana ofendida, al modo del capitán Renault en Casablanca. Porque, aquí, jugar al poder, juegan todos. (Otro problema es que Calígula sea de la tribu de los megalómenos; esto es, carente de límites). Es un error común y repetido no comprender que los políticos maximizan poder, en la misma medida que los empresarios maximizan beneficios. Un error del que nos rescató Schumpeter hace cosa de un siglo, de modo que no hay para que ofuscarse por el hecho de que los señores del poder se dediquen obsesivamente a ese menester. Es lo suyo. Por más que resulte impopular reconocerlo, los políticos tienen razón cuando aseguran que, entre las decenas de miles de cargos políticos, la corrupción es muy minoritaria. En general, la ambición de un político no es acumular riquezas, sino poder. En política, la tendencia al abuso de poder es la regla, en tanto que la venalidad es la derivada y la excepción Así pues, la naturaleza del oficio -y el objetivo del mismo- es, pues, el poder; su riesgo y cara negativa, el abuso de poder, que no la venalidad ni la corrupción. Los productores –observó Adam Smith- conspiran sobre los precios y tienden al monopolio; mientras que, en el universo de la política, los productores del poder rechazan la concurrencia y buscan la hegemonía y, si logran la omnipotencia –reflexionaba Hobbes- eliminan toda oposición. Por eso, la etiología del poder no está sólo centrada en cómo elegirlo, sino en cómo dividirlo, para limitarlo y controlarlo: es lo que llamamos controles y equilibrios, sobre los que teorizaron Locke y Montesquieu y desarrollaron los Founding Fathers en la primera democracia moderna.

A los megalómanos, como a nuestro Calígula ibérico, esa es la parte del guión democrático que menos le gusta. Y tiene razón, desde su actual punto de vista: es muy difícil gobernar con nacionalistas radicales y populistas, partidarios de la democracia plebiscitaria (en opereta peronista, según libreto de Ernesto Laclau), sin saltarse controles y adulterar leyes: lo llaman un tratamiento de ibuprofeno, para bajar la inflamación nacionalista. La fórmula magistral de la farmacopea sanchista tiene su aquel. Merece una reflexión. Porque, se ha elegido un analgésico: un componente químico que corresponde a un diagnóstico errado. Los nacionalistas no están inflamados. Están presas de un estado de excitación y ansiedad, que es otra cosa: una manifestación de su naturaleza neurótica. Y la neurosis es un síndrome histórico, nacido con la modernidad, pari passu, con la cultura romántica alemana (Freud). Las diferentes formas y etapas de neurosis, definidas por el Dr. López Ibor en 1979, quedaron posteriormente reagrupadas, bajo el denominador común de la neurosis como trastorno de la personalidad, que entraña un conflicto en el que la angustia se constituye en elemento básico. Si ese fuera el síndrome, entonces, más bien tendríamos que recetar ansiolíticos, en lugar de analgésicos. En todo caso –y fuera ya de metáforas de botica- en una colectividad presa de un estado de intensa excitación que ha entrado en trance de patrioterismo agudo, no parece que la dieta más adecuada deba consistir en estimular su voracidad, incrementando concesiones, premiando y tolerando transgresiones.

Ante la violencia nacionalista contra la Constitución, el Sr. Sánchez tenía dos opciones históricamente muy conocidas; la contención, que fue la estrategia escogida por Truman frente a la agresión soviética, tras el golpe de Estado comunista en Checoslovaquia en 1948 (y luego, desarrollada por Kennedy, en 1963); o bien, el apaciguamiento por concesión, que fue la política elegida por Neville Chamberlain y Éduard Daladier, ante la violación del Tratado de Versalles por Hitler, (ocupando Renania en 1936 y anexionándose Austria al año siguiente). La escena de la Mesa –porque aquel rosario de cesiones también tuvo su Mesa- se desarrolló en Munich en 1938, (donde, como es sabido, las democracias occidentales aceptaron la anexión por Alemania de una parte de Chequia). Chamberlain regresó exultante a Inglaterra. Peace for our time, exclamó, nada más aterrizar en Heston, blandiendo triunfante el documento del acuerdo, en el cual Hitler, a cambio de quedarse con parte de Bohemia, se comprometía, de palabra, a no anexionarse más territorios. Típico de los nacionalistas radicales: un compromiso territorial concreto (el de los aliados democráticos), a cambio de nada importante -observó consternado John Griffin, el corresponsal de la BBC en Praga. (Un compromiso, claro, incumplido pocos meses más tarde, con la invasión del resto de Checoslovaquia). Acuerdos, pues, siempre en un solo sentido, en sentido nacionalista, y que definen un itinerario, muchas veces recorrido desde entonces, y más que conocido -ya lo hemos dicho- como política de apaciguamiento, con arreglo a la cual se realizan concesiones concretas a cambio de… nada específico, (salvo declaraciones genéricas de renunciar, por el momento -acaban de confesarnos sin pudor alguno de los nacionalistas catalanes- de no conculcar, con mayor o menor violencia, tratados constitucionales o internacionales). Churchill crucificó en el Parlamento esa estrategia apaciguadora: se os ha dado a elegir -le espetó al Gobierno Chamberlain- entre la guerra y el deshonor; habéis elegido el deshonor, y también tendréis la guerra. Palabras memorables, que se demostraron ciertas, pero que, cuando se pronunciaron, no cosecharon un solo voto favorable en la Cámara. Sus advertencias se consideraron un sinsentido. Porque, entonces, Churchill, un político marginado, era tomado todavía por un personaje excéntrico, un belicista insensato y poco de fiar; un poco como el Dr. Crawford, (uno de los protagonistas de la novela de C.P. Snow, The Masters, un anti-apaciguador convencido, pero impopular candidato a decano de un College de Cambridge).

Es fácil desmontar razonamientos con argumentos fuera de contexto cronológico, rebobinando un final de película conocido. En este sentido, debemos ser conscientes que la característica criminal del holocausto nazi, sólo se conoció posteriormente, ya muy entrada la II Guerra. Como nos ha relatado Walter Laqueur en Breaking the Silence -esa fascinante investigación, que más bien parece una novela- ni siquiera la comunidad judía de Suiza dio crédito a que tal horror fuera posible. Hubo que esperar a la campaña de Rusia y, sobre todo, a la liberación en 1945 de los campos de exterminio, para asimilar las tremendas dimensiones de la Shoah. En la Mesa de Munich –que es el periodo del que estamos hablando- ni siquiera había tenido lugar el salvaje ataque de Kristallnacht. Todavía, estamos en la engañosa táctica del Adolf légalite; (una “legalidad”, eso si, mancillada por las leyes de marzo de 1933, que violaron derechos fundamentales, y donde, en consecuencia –y en palabras del Kölnische Volkszeitung- se enterró la Constitución de Weimar sin un funeral de Estado, oscureciéndola con una dictadura, pero una dictadura que todavía no había desencadenado una violencia criminal ilimitada).

Por eso, la criminalidad, no es lo central del argumento de Churchill, en relación a la estrategia de apaciguamiento entre 1936 y 1938. Su oposición estaba basada en una constatación de las características insaciables del nacionalismo radical y extremista, y en una reflexión en torno a la naturaleza humana. Churchill –y un reducidísimo grupo de conservadores, laboristas y liberales- pensaba que, frente a movimientos nacionalistas radicales, dispuestos a transgredir acuerdos, tratados, leyes y constituciones, la política de remunerar desafueros con una dieta de concesiones, sin nada a cambio, estimulaba el apetito del cocodrilo (que era la fiera elegida por el líder conservador), en lugar de saciarlo. De modo que, en esta línea política, el paralelo intelectual es legítimo. A saber, la idea de que remunerar conductas socialmente agresivas y transgresoras no las inhibe; al contrario, las estimula. Agresión y transgresión no son conductas instintivas (Macfarlane Burnet), pero si aprendidas e imitadas, cuando un comportamiento tal obtiene premio (como creyeron haber demostrado Albert Bandura y Ross con el famoso experimento del “muñeco Bobo”).

Excepción hecha de los euskonazis, (amén de algún episodio criminal de Terra Lliure y de los Comunes), en general, nuestros nacionalistas, aunque sean supremacistas, no suelen ser racistas ni violentos. Pero, el antónimo de violento es pacífico, que no moderado. Y, nuestros nacionalistas no son moderados; al contrario: son intransigentes, obstinados e inflexibles, además de populistas radicales y extremistas. Basta sintonizar TV3 y observar la agresiva e ilegal política lingüística contra el 56% de la población catalana (que es castellano hablante), para certificar los tres primeros adjetivos. Su populismo radical queda comprobado, expresis verbis, en las llamadas leyes de desconexión de la futura república independiente, donde lo que se propone es una democracia plebiscitaria sin separación de poderes ni independencia del poder judicial: en resumen, un proyecto autoritario, cuando no totalitario. El hecho, pues, es que, por ahora, el resultado de la tan cacareada Mesa Gobierno-nacionalistas arroja un tanteo de 3 a 0. 3, para los nacionalistas: indulto, derogación de la sedición y transformación (a la carta de los golpistas) del delito de malversación. Y 0, para el Gobierno, porque lo cedido y concedido es a cambio de…nada. La consigna propagandística gubernamental, claro, y a modo de Chamberlain en Heston, es que el Procés ha terminado: una especie de sortilegio que los sanchistas repiten incesantemente con la esperanza que se obre el milagro y la realidad se esfume, a pesar del contundente y continuo desmentido de los nacionalistas.

El siguiente escenario será el Procés II: léase, el referéndum. Aunque poco probable en año electoral, incluso en su forma aliviada de consulta, el referendo es un itinerario lleno de aristas. En primer lugar, porque destapa el verdadero objetivo estratégico de los nacional-populistas, que no es ni la reforma constitucional ni la forma de régimen (monarquía o república), sino el sujeto de soberanía, que dejaría de residir en el conjunto del pueblo español, como reza en todas las constituciones españolas de vocación democrática desde 1812 (incluida la Constitución de la II República de 1931). Y, en segundo lugar, porque Calígula y sus socios nacionalistas se podrían encontrar con la desagradable sorpresa de que, en muchas otras autonomías fuera de Cataluña, se abrieran también urnas, pero, con toda probabilidad, para arrojar un resultado diametralmente opuesto. Porque, no lo olvidemos, a la postre, el problema del referendo no es que los ciudadanos de Cataluña voten: el problema es privarles del voto al resto de los españoles.

En todo caso, que nadie se engañe. Los nacionalistas aseguran que no van a parar ni se van a conformar. No veo razones para dudarlo. Y, si no, al tiempo. Si pierden, lo volverán a intentar al poco (como vemos que exigen los nacionalistas escoceses); y, si ganan, tocará el turno de los llamados Països Catalans; y, por fin, pedirán volver a redactar el Tratado de los Pirineos de 1659, con la mirada puesta en los condados franceses. ¿Delirante? Naturalmente. Pero, es que precisamente el delirio está en la naturaleza del nacionalismo radical: una visita al Museu d’ Història de Catalunya, le dará al lector una dimensión de ese mundo alucinante y alucinado. Esa es la realidad: el resto, humo y fantasías de la propaganda gubernamental.