Clara Ponsatí es una de las responsables del golpe de Estado de la Generalidad de Cataluña de Carles Puigdemont. Al igual que éste, se fugó de España para no dar la cara ante la Justicia por sus responsabilidades en la votación ilegal del 1-O. Sobre ella pesan las euroórdenes del juez Llarena, que reclamaba su presencia ante el Tribunal Supremo, sin éxito.
Sin embargo, esta semana Ponsatí se ha presentado en suelo español en un nuevo acto de humillación a las instituciones españolas por parte de los cabecillas del independentismo. Se trataba de una acción más que preparada para las cámaras de televisión. La fugada de la Justicia exhibía su carnet del Parlamento Europeo al tiempo que era detenida por un mosso vestido de paisano.
Este espectáculo victimista concluía con la citación de Ponsatí para el próximo mes de abril ante el Tribunal Supremo. Al día siguiente, la ex consejera independentista tomaba un vuelo a Bruselas en libertad y queda en el aire si se presentará ante Llarena, a pesar de que los delitos de los que está acusada no comportan cárcel tras la supresión del delito de sedición.
Un escarnio como este a la Justicia tan sólo es posible gracias al pacto que los independentistas de ERC alcanzaron con el Gobierno para tumbar el delito de sedición en el Congreso. El presidente de la Generalidad se permitía, incluso, presumir de sus gestiones para posibilitar un clima de impunidad con respecto a los fugados tras el 1 de octubre.
El episodio de la vuelta a suelo español de Clara Ponsatí es un jalón más en la ya larga trayectoria de ignominias que la nación debe soportar en virtud del pacto de Pedro Sánchez con los independentistas. La dignidad de España queda sometida de nuevo por un puñado de votos, los que el presidente necesita para seguir sentado en el sillón presidencial de La Moncloa.
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