La intolerable injerencia del Gobierno en Ferrovial

La junta de accionistas de Ferrovial ha aprobado, como era de esperar, el traslado de la sede de la compañía a los Países Bajos, a través de la absorción de Ferrovial SA por parte de Ferrovial International. Los accionistas de la compañía respaldan la estrategia de la compañía a pesar de las intolerables presiones del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha coaccionado hasta el último momento con las peores artes para que la compañía mantuviera la sede en España.

Durante los últimos días, la injerencia gubernamental para tratar de doblegar la voluntad de la compañía ha sido escandalosa. La deriva de señalamiento a los empresarios ha escalado hasta nuevas cotas y no se ha escatimado en insultos y amenazas. La decisión de Ferrovial puede gustar más o menos, pero es una decisión libre de una empresa privada, dentro de la legalidad. Se circunscribe a las normas del mercado único europeo y forma parte de la estrategia de una empresa internacional que busca nuevos horizontes de negocio.

Los motivos para trasladar la sede de Ferrovial a los Países Bajos no son de índole fiscal, como argumenta el Gobierno español, sino que forman parte de la estrategia de la compañía. La operación tiene como objetivo el de cotizar en la Bolsa de Nueva York, algo que ahora mismo no está comprobado que pueda hacerse desde España.

Ferrovial continuará contribuyendo mediante el pago de impuestos a las arcas públicas españolas, como ha explicado su presidente, Rafael del Pino. Sin embargo, el traslado a Países Bajos le brinda la oportunidad de ser más atractivos para la inversión internacional y tener unas condiciones de financiación que resultarían imposibles en España.

Pero el daño ya está hecho. Con su tórpida actuación, el Gobierno ha inflingido un menoscabo irreparable a la imagen de Ferrovial, a la de sus dirigentes y a la percepción de España y su economía. El envalentonado populismo del Gobierno de Sánchez considera legítima la intromisión en la empresa privada y en sus decisiones, dilapidando en ese camino los numerosos éxitos que durante todos estos años los empresarios españoles han cosechado dentro y fuera de las fronteras. Se lanza el mensaje de que no es seguro invertir en España y en sus empresas, y que la libertad de mercado está amenazada de manera constante por las arbitrariedades del Gobierno. Una muestra más de la deriva totalitaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, empeñado en accionar todas las palancas y controlar todos los resortes, sean los de las instituciones públicas o incluso los de las privadas.