El uso y abuso de Sánchez del poder del Gobierno en la campaña electoral

La mejor herramienta de Pedro Sánchez para mantener el poder reside en su condición de presidente del Gobierno. Pero resulta un abuso que ya se adentra en la ilegalidad cuando utiliza todos los resortes del Estado para hacer propaganda electoral. Como hemos denunciado en El Imparcial, Sánchez anuncia las decisiones del Gobierno desde los escenarios de los mítines. Su furor inmobiliario de construir casas a patadas por cuatro céntimos ha sido uno de sus últimos eslóganes, repetido hasta la saciedad en la campaña.

Y también hemos denunciado desde esta sección que todos los miembros del Gobierno, la Portavoz a la cabeza, atacan sin venir a cuento al PP en las Ruedas de Prensa que se celebran después de los Consejos de Ministros. El PP ha reaccionado y ha denunciado la situación ante la Junta Electoral Central y ésta no ha tenido más remedio que abrir un expediente sancionador por considerar que vulneró la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al hacer propaganda partidista y cargar contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 25 de abril.

Pero el Gobierno no va a rectificar. Ya ha respondido que los políticos pueden criticar libremente a sus adversarios. No reconoce que no pueden hacerlo desde el Consejo de Ministros, cuyos portavoces deben limitarse a informar de las decisiones del Gobierno. No a insultar a sus rivales. No reconoce que se trata de un uso indecente de esos resortes del Estado. Y es evidente que Pedro Sánchez seguirá adelante con su plan electoral con el fin de revertir las encuestas y lograr amarrar el poder. El presidente del Gobierno ha perdido el pudor. No entiende una campaña electoral limpia, sin inventos, sin calumnias, sin insultos. Usa y abusa del Consejo de Ministros como la plataforma de su marketing electoral. Mete mano en la caja común de los Presupuestos para financiar los proyectos que anuncia de cara al 28-M. Cuenta, además, con el trabajo de todas las Instituciones del Estado, con el CIS a la cabeza, dedicadas en exclusiva al servicio de los intereses del presidente ante las urnas.

El expediente abierto por la Junta Electoral Central contra la portavoz del Gobierno será agua de borrajas. Seguirán haciéndolo y, como mucho, pagarán una multa después del 28-M. A Pedro Sánchez nadie le va a convencer ni va a poder impedir el uso y abuso del entero Estado en su campaña electoral. La ventaja que tiene ante el PP desde el Consejo de Ministros es su gran y quizás última baza para no tener que abandonar el palacio de La Moncloa.