A una semana de las elecciones municipales y autonómicas, el PSOE y Podemos han entrado en una deriva sucia e ilegal. Pedro Sánchez, insultos al PP aparte, solo sabe tirar de la chequera de todos los españoles para prometer ayudas a la vivienda o a la salud con ofertas millonarias. Algunas de las medidas, como la última de la salud mental, forman parte de sus promesas anteriores que no ha cumplido pero ahora resucita para arañar papeletas. Y Podemos, ante el riesgo de desaparecer, ha puesto en marcha la habitual actitud comunista de amenazar, amedrentar, mentir y calumniar. El efecto boomerang está servido. Pues los ataques a Ayuso, por ejemplo, demuestran su desesperación y refuerzan a la presidenta madrileña como el mejor muro de contención a la deriva radical del partido morado.
Pero, mientras la Junta Electoral Central mira para otro lado, tanto Sánchez como Belarra y compañía están cometiendo actos ilegales. El presidente del Gobierno, como ya hemos denunciado en El Imparcial, invierte el dinero de todos los españoles en su campaña electoral al anunciar en sus mítines medidas que va a aprobar el Consejo de Ministros. Unas medidas que, además, no cumplirá en el caso de que siguiera en La Moncloa, como ocurre habitualmente. Belarra y compañía, mientras, calumnian a Díaz Ayuso al señalar a su hermano en pancartas gigantes como si se tratara de un corrupto, cuando los tribunales le han absuelto.
El pánico a perder el poder ha sacado a la luz lo peor de Pedro Sánchez y de Podemos. Los autores de la legislación sobre delitos de odio se han convertido en auténticos expertos en propagar el odio. Y no tienen reparos en acudir a la mentira y a la manipulación en su desesperado intento de perjudicar al PP, su gran enemigo, el partido que, según las encuestas independientes, echaría al presidente de La Moncloa y dejaría al partido morado en la irrelevancia. En la Asamblea de Madrid, por ejemplo, lucha por la supervivencia, por lograr algún diputado para no quedar fuera del Parlamento autonómico.
Y, en efecto, la Junta Electoral Central no actúa de oficio ante estas gravísimas actitudes. No denuncia a Pedro Sánchez por aprovechar el poder del Gobierno para anunciar medidas millonarias del Consejo de Ministros en cada mitin. Y no descuelga los indecentes carteles de Podemos contra el hermano de Ayuso. La campaña electoral, sin duda, se ha convertido en un campo de batalla en el que la izquierda emplea armas ilegales para intentar derrotar a su adversario. Mientras, Marlaska dice que el 28-M no habrá fraude electoral. Hay que temerse lo peor si lo dice el ministro de Interior.