Desde luego ninguna campaña electoral es perfecta, pero algunos defectos de la actual son manifiestos y deberían llamar a reflexión. Diría en primer lugar que se trata de una campaña descentrada: ocurre que la convocatoria se hace para comicios autonómicos y locales; pero este tipo de asuntos no es sobre lo que va, mayormente, la disputa. Obviamente estas materias tienen, y está bien que ello suceda, una trascendencia nacional, pero lo que no está justificado es que el propósito de las elecciones, que debe ser el examen de lo que ha sido el gobierno en las áreas citadas quede preterido por las exigencias de la política nacional. No deberíamos estar ante una primera vuelta de las elecciones generales, ni ante un examen del gobierno nacional, mucho menos ante un referéndum plebiscitario sobre la gestión o la persona del Presidente del Gobierno. El desenfoque es especialmente significativo porque nuestro sistema político es un Estado altamente descentralizado en el que la atención a los ámbitos territoriales particulares es capital. Es, cabe decir, en “las provincias” donde se desarrolla la vida del español medio (Ortega) y de estos asuntos van estas elecciones.
Ha ocurrido además que la referencia nacional de la discusión ha sido particularmente desgraciada, pues se ha hecho en unos términos absolutamente impropios y además sobre una cuestión que debió quedar asumida ya desde hace tiempo. Evidentemente ni el Partido Popular necesita a ETA para hacer política ni el Partido Socialista puede transigir con la justificación de la violencia criminal.
Este tipo de reproches mutuos no tienen el menor sentido en un sistema constitucional parlamentario, basado en la lealtad fundamental de los partidos que, por encima de sus lógicas diferencias, además inevitablemente subrayadas durante la confrontación electoral, aceptan las mismas reglas de funcionamiento en la lucha política. La descalificación queda para los que están fuera del sistema, o mejor, los antisistema. Entre los actores de dentro, tan señalados como el PP o el Partido Socialista, hay que reconocer en cambio cierta solidaridad, a pesar de las diferencias ideológicas o los distintos intereses que cada uno de ellos mantiene o representa. No caben en efecto en el régimen parlamentario enemigos sino solo diferentes o, todo lo más, adversarios.
Obviamente cuando denuncio la utilización partidista de la lucha antiterrorista mi propósito no es achicar el espacio de la discusión política. Antes bien creo que la denuncia de la violencia política es necesaria en la democracia constitucional impidiendo no solo su resurgir sino también su banalización, pero a sabiendas de que la utilidad de aquella quedará reforzada cuando se emplee un relato compartido y con el mayor respaldo posible democrático. La superior lealtad de todos a la Constitución, sus bases y su defensa, impide la apropiación preferente de nadie sobre la misma, pues tal actitud redundaría en el debilitamiento del aprecio o legitimidad de la Norma Fundamental, causando su menoscabo, un efecto indeseable universalmente. El culpable de incluir a exmiembros de ETA en las listas electorales solo es EH Bildu, pero al PSOE le toca denunciar la desvergüenza y calibrar correctamente los términos de la colaboración parlamentaria con la organización independentista vasca.
La segunda consideración crítica tiene que ver con el señalamiento de algunos problemas que la competitividad como exigencia de la limpieza electoral plantea. Elecciones libres son las celebradas sin cortapisas en la presentación de las candidaturas; sin restricciones a la actuación en campaña electoral de estas; y sin presión en la emisión del sufragio sobre los votantes. Obviamente, las elecciones, además de periódicas y por sufragio universal deben ser asimismo competitivas, esto es, celebradas en condiciones de igualdad institucional entre los concurrentes —esto es, sin ventajas o privilegios públicos para nadie. Aquí es donde se presentan riesgos de sobreactuación a los partidos en el gobierno, hablemos del nacional, los autonómicos o los locales. Sin duda lo que procede al respecto es una llamada de atención a la autorrestricción y la moderación en su conducta, ateniéndose a las instrucciones de las Juntas electorales, especialmente de la Central, que tiene a su cargo como es sabido la garantía de la regularidad de los procesos electorales. En efecto a la Administración electoral le corresponde asegurar la transparencia y objetividad del proceso electoral y la observancia del principio de igualdad, pero siempre, como señala el artículo 8 de la LOREG, “en los términos de la presente ley”.
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