Todo parece indicar que el Sr. Sánchez y su equipo venían preparando este segundo semestre de 2023, en que, por el turno establecido, correspondería a España presidir el Consejo de la Unión Europea, con toda una parafernalia que pudiera tener quizás un impacto que les fuera favorable en lo que se preveía como una convocatoria electoral que habría de hacerse a más tardar a finales del año. Se trataría de proyectar la imagen de que España tiene la inmensa suerte de contar con un líder europeo reconocido, protagonista de hazañas memorables. No respaldarle en las próximas elecciones sería algo retrógrado.
Muy mal debió ver las cosas Sánchez tras los resultados del pasado 28 de mayo, para jugarse todo a una carta el próximo 23 de julio.
Con todo, cuenta con casi un mes para utilizar las previsiones que depara la presidencia del Consejo de la Unión, para emplearlas a fondo en su propia propaganda, poniendo la cosa difícil a la Junta Electoral Central en su obligación de velar por la imparcialidad del Gobierno en el proceso electoral.
La primera y mayor instrumentalización de la posición que institucionalmente le corresponde a España este semestre en la Unión, es la notoria exageración de su importancia. Todo en la línea de utilizar a la Unión en beneficio electoralista de un partido o de una opción, aunque se revista de especial beneficio para España y de su imagen.
Lo primero a destacar es que al Sr. Sanchez, como Presidente del Gobierno español, no le corresponderá presidir reunión alguna de ninguna institución u órgano de la Unión. Lo que está estrechamente relacionado con el hecho también de que España no presidirá la Unión, sino que solamente, en rigor, los ministros de su Gobierno –y como meros primos inter pares- presidirán las formaciones del Consejo de la Unión que les corresponda por razón de la materia: es decir, puede decirse que el Estado de turno –este semestre España- preside el Consejo de la Unión, pero no la Unión. Sánchez preside y dirige el Gobierno del que forman parte los Ministros que deberán presidir el Consejo de la Unión, pero él no preside nada en la Unión, realmente.
Desde diciembre de 2009, en que entró en vigor la última reforma de los Tratados constitutivos de lo que ya, desde entonces, pasó a ser la Unión Europea, en virtud del Tratado de Lisboa de 2007, el Consejo Europeo, que reúne a los Jefes de Gobierno como Sánchez, es presidido por un nuevo cargo que se creó entonces: el Presidente del Consejo Europeo: hoy, desde 2019, el belga liberal Charles Michel. Es éste quien lo preside e impulsa en todo tiempo. Y es realmente ese Consejo Europeo el que verdaderamente manda en la Unión.
Durante muchos años, hasta que entró en vigor el Tratado de Amsterdam de 1997, una parte significativa de las reuniones del Consejo se celebraban en algún lugar del Estado que semestralmente ostenta su presidencia. Pero para acabar con el enorme gasto que eso representaba y reducir también la posibilidad de utilización por los gobiernos de los Estados para sus propios fines, la reforma operada por dicho Tratado estableció, en el Protocolo de sedes, que el Consejo se reuniera en Bruselas, salvo en abril, junio y octubre en que lo haría en Luxemburgo. El Reglamento del Consejo ha abierto –aun de modo no poco discutible- la posibilidad de que, excepcionalmente, por causa muy especial, pueda reunirse en otro sitio si así lo acuerda por unanimidad.
Pero el Gobierno del Sr. Sánchez ha anunciado una reunión “informal” del Consejo en Granada. Todo parece indicar que tal reunión estará realmente en función de la otra gran reunión que se tendrá en los mismos días primeros de octubre y en el mismo lugar: la tercera cumbre de lo que ha dado en llamarse Comunidad Política Europea, en realidad más euroasiática que propiamente europea, un foro surgido a impulsos –en su día también electoralistas y sumamente ambiguos- de Macron, que agrupa en este momento a los 27 Estados de la Unión más otros 20, incluidos el Reino Unido o Noruega, Andorra o Mónaco, Armenia o Azerbayán, y hasta Kosovo –al que España, sin embargo, sigue sin reconocer. Otro “gran” acontecimiento –con más apariencias que contenido- en el que podrá lucir ante las cámaras quien sea en ese momento Presidente del Gobierno español.
Basta con echar un vistazo a la agenda sobre el semestre “español” para darse cuenta de que la multiplicidad de heterogéneos asuntos que se tratarán en las diversas formaciones del Consejo de la Unión en estos meses está en continuidad con los trabajos que esta institución viene desarrollando, preparados por la constante actuación del COREPER o Comité de los Representantes Permanentes de los Gobiernos de los 27 Estados miembros, que impulsa y coordina la Secretaría General del Consejo. El margen de los Ministros a los que corresponde presidir esas distintas formaciones del Consejo no es muy amplio, aunque ciertamente puedan empujar más el pronto tratamiento de algún asunto. Pero la acción del Consejo es colegiada y los asuntos llegan a la mesa de los Ministros –o representantes de los Gobiernos- de los 27 muy elaborados, obviamente también bajo el distinto peso que los distintos Estados u ocasionales grupos de Estados tienen en la Unión. En una Europa de 27 no es fácil que los acuerdos del Consejo –sus decisiones, reglamentos o directivas- lleven un especial marchamo nacional.
Habrá que tomar en el Consejo algunas medidas importantes en este semestre, pero sería artificioso atribuir sin más los laureles que pudieran desprenderse de ellas, si son acertadas, al Gobierno al que toca la presidencia semestral.
En todo este contexto, que quienes ahora están en el Gobierno hayan de ceder su protagonismo a los que vengan, tras un posible nuevo Gobierno derivado de las elecciones del 23 de julio, no tendrá mucha relevancia. Muchos funcionarios –europeos y españoles- aseguran la continuidad de lo poco que, de específico, compete a la presidencia de las formaciones del Consejo.
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