La democracia como el gobierno de la mayoría social o democracia a l'espagnole como el gobierno de minorías

Por más que la respuesta de Pedro Sánchez a la amable carta de Feijóo sea de mal estilo, tiene razón en lo sustancial: en una democracia parlamentaria no gobierna el partido más votado, sino aquel que capaz de reunir más apoyos parlamentarios. Y Sánchez considera que nadie más que el es el político capaz de reunir los 176 votos que requiere la mayoría absoluta de investidura. Veremos.

Sin embargo, y aunque el resultado de la suma parlamentaria cumpla los pronósticos, el problema son los sumandos y, todavía más peliagudo, la calificación de los mismos como la traducción parlamentaria de una “mayoría social”. En mi opinión, no hay tal. Aparte de los 31 diputados de Sumar (un heterogéneo conglomerado de populistas y comunistas, exótico en Europa), al menos un tercio de esa mayoría parlamentaria no quieren pertenecer a esa mayoría social. Y no lo ocultan. O dicho de manera más clara y contundente: los separatistas conforman un “pegamento” (el calificativo es sanchista) parlamentario con el único objeto de despegarse de esa mayoría social en el momento que consideren oportuno. He aquí la inescapable contradicción. De este modo, la probable mayoría parlamentaria de la investidura de Sánchez no se corresponde con la mayoría social. Por eso, la investidura conformaría un experimento político interesante: el de una democracia à l’espagnole; esto es, un gobierno apuntalado –cuando no chantajeado- por minorías que quieren abandonar el Estado.

Todos sabemos cual es la verdadera mayoría social. Incluso añadiendo los sufragios perdidos (porque no se han traducido en escaños), los votantes nacionalistas apenas llegan a dos millones (y además han perdido en Cataluña), frente a más de quince millones, sólo entre socialistas y populares (y eso, en la peor de las hipótesis; esto es, restando una cifra considerable de votantes socialistas catalanes). Hasta haciendo abstracción (forzada) de los extremos de Vox y Sumar, la cuenta democrática tiene poca discusión: entre catorce y quince millones de votantes son quienes conforman el bloque de la verdadera mayoría social. Y no sólo en estas elecciones: la serie histórica se mueve en cifras parecidas, sin que ni un solo sondeo lo desmienta: en suma, una mayoría social contraria a que la gobernación del país esté en manos de una estruendosa –pero exigua- minoría secesionista, encabezada por un prófugo de la Justicia y un ex-etarra convicto de terrorismo.

Así las cosas, no debiera extrañarnos que se multipliquen las voces pidiendo, exigiendo, que el Partido Popular y el PSOE traduzcan esa verdadera y reiterada mayoría social en una mayoría parlamentaria, que sería abrumadora, permitiendo un ambicioso pacto de legislatura. ¿De mínimos? Quizá, pero mínimos muy relevantes: el PP podría fortalecer las instituciones, su profesionalidad e independencia, el Estado de Derecho y la separación de poderes, mientras que el PSOE se garantizaría determinadas leyes y hasta podría plantear una revisión federal de la Constitución. Y ambos estarían en condiciones de abordar una reforma de la ley electoral que hiciera imposible el gobierno de las minorías separatistas y chantajistas: la subasta, como sin rubor lo llama Puigdemont. No son temas menores.

En este panorama preocupante, cuando no angustioso, en que el Parlamento podría aparejar una investidura distanciada de la mayoría social, no debiera extrañarnos que haya sido invocado el recuerdo del llamado “Pacto del Pardo”: el acuerdo entre liberales (de Sagasta) y los conservadores (de Cánovas), como conjuro de la crisis que la izquierda y derecha de aquel régimen temían se desencadenara con la prematura muerte del rey Alfonso XII en 1885: el tremendo “conflicto”, como al parecer lo llamaba el propio don Alfonso, consciente del proceso irreversible de su tuberculosis. Como tuve ocasión de demostrar hace ya muchos años (sin ningún éxito, naturalmente), y en contra de lo que todavía hoy sigue repitiéndose, en aquella sofocante coyuntura no se acordó “el turno” entre ambos partidos. Al contrario. Entre la Presidencia del Consejo (entonces, en la calle Alcalá) y el Palacio de Oriente, que no en el Pardo, lo que se pactó fue precisamente una “tregua”; en realidad, la interrupción del “turno”: de modo tal que, a los dos días del fallecimiento del Rey (el 27 de Noviembre), Doña Cristina, como Reina Regente en funciones, aceptó la dimisión del gabinete conservador de Cánovas, llamando al gobierno al partido liberal. Lo cierto es que Sagasta ya había sido convocado tres días antes al Pardo (el único momento en que el antiguo pabellón de caza de los Austrias aparece brevemente en esta historia), donde yacía postrado el rey Alfonso moribundo. La Reina quería saber de primera mano la posición de los liberales, caso de producirse el esperado y fatal desenlace. Sagasta garantizó su total apoyo, presentándose a la entrevista con la lista de un “gabinete liberal de altura”, previamente acordado (ese mismo 24 de noviembre) por todas las facciones del partido liberal. En efecto, los liberales, reunidos en casa de Sagasta, habían manifestado unánimemente su adhesión al trono y su voluntad de defenderlo, aunque por distintos motivos: unos, “monárquicos de corazón”, “por amor a la persona y a la dinastía”; otros, monárquicos de razón, porque representaba “la legalidad constitucional y la salvación de la libertad y el orden”. Más tarde, y por mediación de Martínez Campos, Sagasta se trasladó a la presidencia del Consejo de Ministros, en la calle Alcalá, donde le esperaba Cánovas para cerrar el acuerdo. Los nuevos ministros liberales juraron sus cargos en el Palacio de Oriente. En el mismo acto, el nuevo ministro de Gracia y Justicia, Manuel Alonso Martínez, como notario mayor del Reino, recibió el juramento constitucional de la Regente, que doña Cristina habría de renovar solemnemente ante las Cortes, el 30 de diciembre de aquel año. En la escena, (inmortalizada muchos años después por el pincel de Sorolla y que se conserva en el Senado), Cánovas aparece como Presidente del Congreso, y Sagasta como Presidente del Consejo.

Ese fue el “Pacto”, que hoy llamaríamos de Legislatura. ¿Pactos de caciques? Puede, pero seamos prudentes, porque, si acudimos al santoral de la izquierda, leeremos a un Azaña lamentándose de que los republicanos no hubieran sido capaces de llegar a acuerdos similares al que hicieron los valedores de la Restauración. Puede, pues, que debiéramos ser más precavidos que despectivos. Sobre todo, si uno es socialista: porque, la ley de Asociaciones, aprobada durante el “gobierno largo” de Sagasta (1885-1890), fruto de ese pacto, fue lo que permitió la fundación del PSOE y de la UGT. Dejando a un lado –y nada menos- la aprobación del Código Civil, el Jurado, y una ley que blindaba la absoluta libertad de imprenta, desde la peculiar deriva nacionalista del partido socialista actual, quizá fuera oportuno detenernos en la aprobación del sufragio universal (masculino), con antelación a la mayoría de los países occidentales. Sin entrar en el debate si tal extensión del sufragio, en un país abrumadoramente agrario y masivamente analfabeto, contribuyó a democratizar la política española, o más bien incrementó la bolsa de fraude, haciendo que las elecciones dependieran de los gobiernos, que no estos de las elecciones, no se nos debe escapar la trascendencia ideológica de una medida de ese alcance: por primera vez, y de forma definitiva, los conservadores españoles aceptaron e hicieron suyo, respetándolo (en las elecciones de 1891), el principio de la soberanía nacional, bandera de la izquierda española desde 1812. Y así fue desde entonces (también en la Constitución republicana y en los decretos de abril y mayo de de 1931), hasta que, en nuestros días, la deriva nacionalista de Zapatero-Sánchez rompiera con ese principio de la soberanía nacional.

Por eso, y a pesar de su probable investidura parlamentaria, el Partido socialista atraviesa una coyuntura crecientemente delicada. Y lo de menos son sus reiterados y severos reveses electorales, municipales, autonómicos y generales. Lo peor –desde un punto de vista socialista- es que el PSOE continua crecientemente enredado en el avispero nazional-populista, identitario, tribalista y territorial: una deriva ideológica reaccionaria, supremacista, cuando no racista, fundada en la desigualdad (un hecho que va a quedar expresado en cifras si se condona la deuda catalana); una deriva reaccionaria, en fin, del todo divorciada del origen ilustrado y de la tradición socialista, como un partido internacionalista de ciudadanos. Y en esta probable alianza parlamentaria que nos aguarda, los pactos explícitos con separatistas eusko-nazis y golpistas reclamados por la justicia, van a resultar imposibles de disimular, por más fanfarria propagandista gubernamental que desplegarse pueda.

A Sánchez, como a todos los “apaciguadores” de nazionalistas que en el mundo han sido, le aguardan los idus de marzo: su particular marzo del 39 (el momento en que Hitler rompió el acuerdo de Munich, invadiendo el resto de Checoslovaquia que, un año antes, había firmado respetar). Y, entonces, a ver qué les cuenta a esa mayoría social, de populares y socialistas, fuera de la minoría de comunistas, populistas y separatistas de su Frankestein parlamentario. Es una historia conocida y repetida: los “apaciguadores” suelen caer en la cuenta demasiado tarde que los nacionalistas pueden ser pacíficos, pero raramente son moderados. Son maximalistas y extremistas: no cumplen acuerdos, cubren etapas. La penúltima etapa no es siquiera un referéndum camuflado, que también: antes tendrá que explicar la amnistía ad hominem del prófugo de Waterloo y el espectáculo de verlo paseándose por España.

Con el complejísimo tablero político que, caso de ser investido, le aguarda, de un personaje con la voracidad de poder del señor Sánchez, no se termina de entender que prefiera el papel de sepulturero de la Constitución del 78, acompañado por el macabro séquito de una minoría (social) de comunistas, populistas y separatistas, y el riesgo probable de verse forzado a convocar elecciones tempranas. No se termina de entender, digo, que prefiera esa azarosa alternativa a la contraria: la de postularse como el salvador de la Constitución, dando un giro de ciento ochenta grados, para proponer al PP una Grosse Koalition de dos años cada partido, (en que uno ocupa la Presidencia del Gobierno, mientras el otro preside el Congreso, y viceversa). ¿Utópico? Desde luego. Pero, será por motivos personales, o por una pobre lectura de la sórdida realidad nazionalista, porque, en todo caso, la Koalition resulta mucho menos arriesgada que volver a tirar los dados electorales en unos meses.