A Pedro Sánchez, genuflexo ante el rebenque secesionista, Carlos Puigdemont le ha lanzado el gran...
A Pedro Sánchez, genuflexo ante el rebenque secesionista, Carlos Puigdemont le ha lanzado el gran órdago: todo o nada; o ley de Amnistía anterior a la investidura o nuevas elecciones. Y el prófugo golpista, además, no esconde que actuará después unilateralmente si le hace falta para exigir el derecho de autodeterminación y el referéndum anticonstitucional.
Ésta es la realidad, la pura realidad, de la posición del separatismo catalán, tal vez dulcificada en las declaraciones de ERC, pero vigente en las exigencias de Carlos Puigdemont. José Ortega y Gasset, primera inteligencia del siglo XX español, ya lo anticipó en los años treinta de la pasada centuria: inútil hacer concesiones para apaciguar a los secesionistas; su objetivo es la plena independencia y con ella la fractura de la unidad territorial que España mantiene desde hace cinco siglos.
Salvo que encuestas solventes le anticipen resultados mejores, Pedro Sánchez no se jugará su puesto. Para permanecer en la silla curul del palacio de la Moncloa está dispuesto a conceder todo lo que se le exige. Carlos Puigdemont está consciente de la profunda debilidad del actual presidente en funciones. Y juega con él a placer. Su ruta parece clara. Pretende regresar a España en triunfo tras ser amnistiado, después de que se reconozca que no ha cometido delito alguno. Entrará en apoteosis en Barcelona e inmediatamente lanzará el órdago político: referéndum para convertir a Cataluña en un Estado independiente. Pedro Sánchez forcejeará, pero, según los que le conocen bien terminará pro ceder esgrimiendo cuantos sofismas sean necesarios. Tiene razón José María Aznar, nuestra nación está al borde de la quiebra porque la ambición de poder de Pedro Sánchez se encuentra por encima de la Historia de España. “Pedro Sánchez no es cautivo de los separatistas; es cómplice de ellos”. Y añade el expresidente: “La amnistía es un acto en contra de la Transición española, de la Constitución y en contra de los cimientos de la convivencia. Hay una situación en España que puede clasificarse de riesgo existencial para la continuidad histórica del país”.
