Los políticos separatistas, esa patología

El español es un ciudadano atónito, un espectador de las cosas que ve cómo los separatistas chantajean al candidato socialista a la investidura en busca de muchas “realidades nacionales” dentro del Estado español, en la ansiada relación bilateral con el Gobierno central. De manera que, desde el plebiscito del 23-J, vivimos en un país plurinacional y no nos habíamos enterado, unas regiones autónomas con aspiración estatal que no reconoce que la realidad de España es nacional. Paradojas de los independentismos.

Pasada la algarada mental de la votación, transcurrido el largo y cálido estío, nos vemos frente a un horizonte incierto en el que un prófugo decide el futuro de un país entero: “Las condiciones no las pone quien pide ayuda. Esto es al revés. No somos nosotros los que necesitamos apoyo para la investidura”, ha contestado Carles Puigdemont, que exige una amnistía al procés. Como una prolongación de la amenaza permanente de ruptura con la legalidad, como sucedió en 2017, el PSOE y Sumar negocian con Junts a puerta cerrada para que Sánchez pueda seguir gobernando cuatro años más, personajes que viven su fiesta del Poder ya al margen del pueblo, en la gran kermés del expresident, refugiado en las hopalandas belgas hace casi seis años.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, acusado de rebelión, malversación y sedición, e indultado en 2021 por el Gobierno, aseguró el pasado lunes en la Diada que “renunciar a la unilateralidad sería renunciar a la nación”. La realidad en torno a los procesados reviste de aires nuevos tras la visita de tres horas de Yolanda Díaz a Puigdemont, devolviéndolo así de santo y hermoso a las portadas de los periódicos y a los informativos, revistiéndolo de legitimidad: nadie se acordaba de él. Al día siguiente, el prófugo independentista fue claro en sus peticiones entre dorados y candelabros del palacete de Waterloo: sus líneas rojas para investir a Sánchez eran (son) una amnistía que ponga fin a la vía judicial contra los independentistas, un mecanismo de mediación y verificación, y el compromiso de que el pacto se rija por “los tratados internacionales” –así en global– y no por la Constitución española, amén de dejar abierta la vía de la unilateralidad.

El gran caos de la gobernabilidad de España está más vigente y tonante que nunca, y la investidura se presenta larga e incierta, en las penumbras del gran espectáculo de la formación del nuevo Ejecutivo. La plenitud del resultado electoral pertenece ya a un mundo pasado y transicional, el recuerdo de otro tiempo político más dulce frente al remiendo y la nada de este. Sospechábamos, en medio de las vacaciones, que al ejercer nuestro derecho al voto –recordemos las largas caravanas desde la playa a la urbe, los fallos de los trenes y los atascos postales– que aquello ni siquiera nos iba a ofrecer una mínima garantía de Gobierno, sino que lo asumíamos como un sacrificio impuesto interesadamente por los fontaneros monclovitas, como un ritual más, como estar viendo al mismo tiempo el pasado inmediato de nuestras vidas, y el presente ruinoso, tan de futuro.

El español es ya un espectador de una vida política sin limitaciones, en la que todo desatino es posible, en un remolino de felones y delincuentes que pagamos todos, un descenso único a la realidad española (estamos a la cola de Europa en teletrabajo y renta per cápita y somos líderes en el ranking de pobreza infantil, destrucción del tejido empresarial o abandono escolar), la verdadera toma de posesión que garantizará la inestabilidad en los próximos años. Hemos perdido la facultad de participar de las decisiones de la vida pública, que la sentimos ya como anomalía, como una patología más, una variante vírica, pero esta cronificada y dolorosa, al mismo tiempo. En el invierno, las cosas se verán más crudas y entonces nos iremos asomando a otras elecciones, habiendo vivido las miserias del otoño, al margen de la letra y el espíritu de la Constitución. Por supuesto.

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