El órdago de Feijóo

Feijóo no será investido presidente de Gobierno. Pero no debiera desaprovechar la magnífica ocasión de su discurso de investidura para dirigirse a toda la nación y proponer la celebración de un referéndum. LLeva años el separatismo antiespañol reivindicando su derecho a decidir mediante la celebración en sus regiones de un referéndum sobre la autodeterminación o la independencia. Es hora de defender el derecho de todos los españoles a decidir si quieren que, de una vez por todas, se cierre el proceso de organización territorial del Estado y ponerlo a cubierto de presiones y modificaciones extra constitucionales; si quieren que se cumpla la Constitución en materia autonómica cesando las vulneraciones de la misma; si quieren que vuelvan al Estado central las competencias necesarias en materia económica y educativa para dirigir efectivamente los intereses del conjunto de la nación; si quieren, en suma, la reforma del sistema electoral suprimiendo la provincia como circunscripción electoral, a fin de no penalizar a partidos pequeños de ámbito nacional, y de no favorecer a partidos que concentran su voto en una circunscripción provincial. Y es que la representatividad del modelo falla cuando en unas elecciones generales un partido que se presenta en todo el territorio nacional logra el 4,7% de los votos, obteniendo 5 diputados, y otro partido que se presenta únicamente en una región obtiene 16 diputados con el 4,1% de los votos a nivel nacional.

Además, Feijóo debiera explicar a los españoles que el nivel de descentralización que estableció la Constitución de 1978 es tan alto, que su naturaleza es federal. Que si se compara el poder que tienen las Comunidades Autónomas con el que tienen los órganos federados en Estados federales de Occidente como EEUU, Alemania, Brasil o Suiza, se concluye que ambos poderes son análogos. Que, en consecuencia, en materia de traspaso de competencias fue mucho lo que se admitió y se cedió en 1978 a favor de los poderes autonómicos. Que a pesar de que nuestra Constitución no admite lo confederal, ya que designa al pueblo español como sujeto de la soberanía nacional, mientras que en los Estados confederados los miembros de la Confederación tienen poderes soberanos, sin embargo, la Carta magna contiene una excepción de tipo confederal: los Conciertos Económicos con el País Vasco y con Navarra, al amparo de la Disposición Adicional Primera sobre los territorios forales. Que dichos Conciertos fueron otorgados por Cánovas a principios del siglo XX, siendo respetados por el régimen franquista, y, finalmente heredados por el actual régimen, contribuyendo desde entonces a que la prosperidad se incrementara en esos territorios. Que tales Conciertos económicos son contrarios al principio de igualdad entre todos los españoles que propugna la propia Constitución, al ser instrumentos que permiten a la Comunidad que los disfruta decidir la financiación del Estado, en suma, limitar y condicionar las competencias y funciones del Estado. Y es que si la Comunidad concertada no firma el Concierto porque no le gustan las condiciones de financiación que fija el Estado, éste no recibirá nada de la Comunidad Concertada teniendo, además, que ceder si quiere recibir lo que aqeulla quiera dar. Que antes de su demanda independentista, la Comunidad catalana pidió un Concierto como los vascos y navarros, llegando a decir que con un sistema de Concierto se solucionaría su crisis económica. Claro, porque con un sistema así se solucionaría la crisis económica de cualquier Comunidad autónoma que disfrutara de ello, pero a costa de los demás españoles que no disfruten de un Concierto igual. Y eso no es justo al quebrarse el principio de que todos los españoles son iguales. Todo esto debiera explicarlo Feijóo a la nación.

Finalmente, Feijóo debiera contar, además, lo que viene ocurriendo en España desde hace más de cuarenta años por la llamada cuestión territorial. Que las violaciones de la Constitución en dicha cuestión se cometen desde hace mucho tiempo y son innumerables. Que las cesiones a los partidos soberanistas por los distintos Gobiernos de turno han sido muchas, unas veces por conseguir apoyo parlamentario; otras por una candorosa política de apaciguar a la fiera dejándose devorar por ella. Y ni en un caso ni en otro, la Oposición de turno ha protestado por dichas cesiones, demostrando los dos grandes partidos nacionales que han actuado por un interés partidista y no general. Que hay Comunidades Autónomas que reiteradamente incumplen las leyes del Estado que no son de su agrado. Que hay entes públicos que incumplen manifiestamente sentencias del Tribunal Supremo. Que hay partidos políticos con responsabilidades de gobierno y presencia parlamentaria que proponen como objetivo la independencia y que la alcanzarán digan lo que digan la Constitución y las leyes. Que los dirigentes separatistas catalanes cometieron un delito de sedición, de cuya condena han sido indultados. Que ahora exigen amnistía e independencia a cambio de investir presidente a quien no puede conceder ni la amnistía ni la independencia, al ser contrarias a la Constitución.

Finalmente, Feijóo debiera incluir también en su discurso que el Estado es ya incapaz de ejercer, ni siquiera, las funciones propias de un poder central en un Estado federal porque algunos Estatutos de Autonomía ya no pueden modificarse por iniciativa del Estado; porque, según la Constitución, la enseñanza de las Humanidades es una competencia exclusiva del Estado, sin embargo, el Gobierno central no puede regular dicha materia sin que se lo permitan los gobiernos autonómicos; porque las Comunidades Autónomas están gestionando los Puertos de interés general, que según la Constitución son de competencia exclusiva del Estado; porque, en plena pandemia el Ministerio de Sanidad fracasó por falta de colaboración autonómica, en su intento de coordinarse con las Comunidades Autónomas a fin de conseguir ahorros con una central de compras para adquirir material sanitario. En resumen, el ciudadano debe saber que el proceso de debilitamiento del poder del Estado no se detiene, sino que avanza veloz. Y que se está suplantando al pueblo español en el ejercicio de la soberanía nacional y como sujeto constituyente. Por tanto, son los ciudadanos de la nación española quienes deben decidir si se pone freno a esta deriva creciente de descomposición del Estado o se deja caer al Estado. Un órdago frente a otro órdago.