Quiere acelerar el proceso para ser presidente antes de que la Princesa de Asturias jure la Constitución en el Congreso.
El presidente en funciones, Pedro Sánchez, sigue maniobrando en la sombra con los grupos parlamentarios con la intención de ser investido presidente en octubre. El hueso más duro de la negociación es el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, al que pretende contentar con una ley de amnistía.
La operación política también implica movimientos en el Tribunal Constitucional, donde Sánchez debe asegurarse el apoyo de los magistrados para que no tumben una ley que dejaría sin responsabilidad penal a los líderes del golpe de estado del 1 de octubre.
Se trata de tener todo atado antes de que la Princesa de Asturias, Leonor, jure la Constitución en el Congreso de los Diputados, el 31 de octubre.
El presidente del Gobierno en funciones confía ser investido en "poco tiempo" tras el debate de "consumación" de la derrota del líder del PP al que ha acusado de no haber ofrecido ante el Congreso propuesta alguna y de "vender miedo y frustración".
Sánchez, en sus primeras declaraciones desde el inicio del debate de investidura de Feijóo, se ha referido a ese intento del presidente del PP en la clausura de la reunión que han celebrado en Madrid los integrantes del grupo de socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo. Se ha dirigido a todos los asistentes para destacar que podrán asistir este viernes "en directo", en la segunda votación de investidura del líder del PP, a la "consumación" parlamentaria de la derrota que tuvo en los comicios del 23 de julio la propuesta "reaccionaria" que planteó junto a Vox.
Con el previsible ‘no’ del Congreso al candidato que en estos momentos tiene el encargo del Rey para ser investido como presidente, Alberto Núñez Feijóo, que se materializará este viernes, Sánchez acelerará su operación para tratar de ser investido presidente.
La votación del Congreso que ha rechazado este miércoles la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como presidente del Gobierno activa el plazo para que un candidato logre los apoyos necesarios antes del 27 de noviembre o, de lo contrario, se convocarán elecciones para el 14 de enero.
No hay norma alguna que determine cuánto tiempo ha de pasar desde que se celebran comicios hasta que se elige a un jefe del Ejecutivo, circunstancia que puede prolongar sine die la existencia de un Gobierno en funciones.
Sin embargo, la Constitución sí concreta en su artículo 99 que tras la primera votación de un candidato, se abre un plazo de dos meses para que alguien consiga los respaldos necesarios o, si no, el rey disolverá las Cortes Generales y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso que deberían celebrarse en un plazo de 47 días.
Con el calendario en la mano, los dos meses se cumplirían por tanto el lunes 27 de noviembre, y si para entonces nadie ha conseguido los apoyos exigidos para ser investido, finalizaría la XV legislatura, se disolverían las Cortes y habría repetición electoral el 14 de enero.
A pesar de tener estos plazos de margen, Sánchez parece decidido a acelerar su investidura en un ‘Gobierno Frankenstein’ ampliado, que necesitaría el apoyo de Sumar, Bildu, PNV, ERC y Junts.