Una minoría de asesores de Moncloa intentar convencer a Pedro Sánchez para que no se comprometa con los separatistas en aprobar una ley de amnistía y autorizar un referéndum de autodeterminación. El argumento es inteligente. En las semanas que restan hasta que se celebre la sesión de investidura, el presidente en funciones puede negociar con Puigdemont, Junqueras y Otegui para convencerles de que con un Gobierno del PSOE, sus partidos tendrían unos privilegios que nunca lograrían con uno del PP. Que buscaría “alivios judiciales”, término acuñado por El País, para los condenados por el “procés” y para los presos etarras. Pero que ahora resulta imposible cumplir con sus exigencias por ser inconstitucionales. Y el día que se presente a la investidura debería proclamar su compromiso con la Carta Magna. Esta decisión haría casi imposible que saliera elegido presidente y se produciría una repetición electoral. Pero en tal caso, se daría el gusto de acusar al PP de mentir y, sobre todo, obtendría una amplia ventaja ante los siguientes comicios. Hay otro factor a tener en cuenta. No hay que descartar que el líder del PSOE se humille ante el prófugo de Waterloo, pero, al final, no obtenga su apoyo ante la desconfianza del expresidente de la Generalidad. Y, en ese caso, se celebrarían nuevas elecciones con un líder del PSOE abofeteado y puesto en ridículo. Sin duda, recibiría un durísimo castigo en las urnas.
Resulta improbable que Sánchez asuma los consejos de estos pocos asesores que han tenido la valentía de proponer un plan alternativo. Unos asesores que pronto serán expulsados de La Moncloa por semejante idea. Porque todo apunta a que el presidente en funciones prefiere pájaro en mano y, por tanto, se prepara para desguazar la Constitución y amarrar la poltrona. Pero por mucho que Sánchez esté dispuesto a todo, resulta técnicamente imposible que se presente a la sesión de investidura con las garantías suficientes para cumplir con las exigencias de los secesionistas. Y, como decíamos, podría llevarse una sorpresa. Pero todo apunta a que el entero Gobierno, con Yolanda Díaz como punta de lanza, ya se ha lanzado a redactar los documentos que convenzan a Puigdemont, Junqueras y Otegui de que los condenados por el 1-O serán “perdonados” y los etarras encarcelados por sus asesinatos también podrán acogerse a la amnistía por ser “presos políticos”. De ahí, que la repetición electoral sea la única salida al atolladero político de España, emponzoñado por Pedro Sánchez y sus siniestros socios. Por desgracia, todo depende del prófugo de Waterloo.