Sánchez deja la amnistía en manos de Pumpido y negociará el referéndum en la mesa de diálogo

En plena negociaciones para la investidura, Pedro Sánchez ha optado por dejar la controvertida ley de amnistía 'en manos' del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; al tiempo que tratará de convencer a Junts y ERC de negociar la celebración de un referéndum (o consulta) en la mesa de diálogo.

Sánchez ha arrancado este miércoles las conversaciones con las fuerzas políticas, salvo Vox, con el fin de recabar los apoyos que necesita para repetir como jefe del Ejecutivo y lo ha hecho empezando por la líder de Sumar y vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, con quien formará gobierno si logra el respaldo de los independentistas.

Jaume Asens, enlace entre Sumar y Carles Puigdemont, ha dejado claro que la prioridad es que la ley de amnistía pase el filtro del Tribunal Constitucional, y cree que ahora tienen una oportunidad real debido a la nueva "mayoría progresista" en dicho tribunal. Además, Asens ha mencionado que la estrategia de la izquierda es anular la acción de la Justicia contra los líderes independentistas implicados en el referéndum ilegal del 1-O.

Ayer mismo, el presidente del Gobierno, aseguró que los pactos que pueda alcanzar de cara a su investidura y para toda la legislatura serán transparentes y serán refrendados por el poder legislativo y "seguro" hasta por el Tribunal Constitucional que deberá pronunciarse para avalar su "absoluta garantía".

Sánchez ha encargado a Salvador Illa, líder del PSC, la negociación de estos asuntos cruciales para que los separatistas brinden a Sánchez su apoyo en la investidura. Según ha indicado Ferraz, Illa trabajará en coordinación permanente con Sánchez en estas cuestiones relacionadas con Cataluña.

De esta forma, el Ejecutivo busca obtener una 'doble legitimación' tanto del Congreso, donde aspira a conseguir una exigua mayoría absoluta con los votos de Junts, ERC, Bildu o el PNV; como del Tribunal Constitucional, donde también tiene la mayoría, así como la presidencia y vicepresidencia.

Cándido Conde-Pumpido ha subrayado este miércoles que los representantes de los demás poderes del Estado "están siempre obligados a respetar de forma rigurosa las resoluciones judiciales" y que, a su vez, los jueces tampoco pueden injerir en las resoluciones del resto de poderes. "Solo a través de este respeto interno y del principio de no injerencia puede garantizarse en cualquier ordenamiento la independencia judicial", ha enfatizado.

Con todo, los partidos secesionistas dan por hecho que en Moncloa encontrarán un 'encaje' constitucional para la amnistía y su atención está ahora centrada en la celebración de un 1-O pactado con el Estado, algo que vienen reclamando desde que ERC prestó su apoyo al PSOE y Podemos, ya en la anterior legislatura.

Consciente de la manifiesta anticonstitucionalidad de la celebración de un referéndum de autodeterminación, la idea del Gobierno en funciones es retrasar al máximo esa hipotética consulta y tratar de convencer a sus socios separatistas de buscar una opción alternativa, como una votación sobre el estatut.

En este sentido, el próximo 23 de octubre es una fecha para marcar en rojo en el calendario. Ese día se darán a conocer previsiblemente los resultados de otra consulta, esta telemática, en la que el Consell de la República de Carles Puigdemont votará si deben "bloquear" la investidura de Sánchez.

No obtsante, esta votación no es vinculante. Según Junts, el resultado no afectará a las conversaciones que tienen sobre la investidura y que giran sobre la exigencia de una amnistía para los protagonistas del procés y la celebración de un referéndum de autodeterminación. En este mismo sentido, el presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, ha asegurado que las negociaciones para investir a Sánchez van "por el camino correcto".

Y en medio de todo esto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha urgido a Sánchez a que ponga fecha a su investidura -el límite es el 27 de noviembre- y ha aprovechado para afear a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que a él le diera 24 horas para hacerlo y le sugiriera la fecha del 26 de septiembre, que asumió "como un diputado disciplinado", tras hablarlo con Moncloa.