Tópicos

Utilizaremos la expresión en su mal sentido, esto es, no para significar un criterio a tener en cuenta, junto con otros elementos, para la interpretación o correcta comprensión de algo, por ejemplo de un texto o una cuestión a debate. Tampoco como la expresión compendiada, pero quizás algo simplificada ,de sentido común que puede contenerse en un refrán popular. Hablamos de tópicos en sentido peyorativo para referirnos más bien a prejuicios, esto es, a posiciones mentales generalizadas, pero poco rigurosas o no fundamentadas, que ofrecen una deficiente perspectiva para abordar un asunto y, por ello, deben ser desechadas sin falta. Los tópicos constituyen realmente un bagaje nefasto en la percepción correcta de un problema, precisamente por su carácter previo e incuestionado. También, sin duda, por su condición inadvertida, que contamina inevitablemente el análisis.

Si hablamos de nuestra forma política territorial, señalaría dos tópicos bien arraigados. El primero consiste en focalizar en el Senado la causa de los problemas de nuestro Estado. No somos un Estado federal, que es el sistema con mayor capacidad de integración existente, pero si “federalizásemos” la Cámara alta, y la convirtiéramos en un Senado territorial, el centrifuguismo y los déficits de cooperación de nuestro Estado se reducirían extraordinariamente. Esta es una visión algo pobre de los problemas del modelo que se producen, como se ha insistido tantas veces, especialmente en el campo de la integración y de la cultura política, más que en el plano propiamente institucional o de la articulación. Reformemos el Senado, que ciertamente es una tarea primordial y que efectivamente va a mejorar la integración, pero no olvidemos el origen político de los problemas de la forma autonómica y que la cooperación ha de producirse asimismo en el plano del trabajo conjunto de los ejecutivos. Sobre todo que nadie piense que el carácter territorial de la representación en el Senado, pueda ignorar esa misma dimensión al Congreso, en el que se defienden simultáneamente los intereses nacionales y los de las circunscripciones de donde proceden los diputados, de manera que juzgaría insensato reducir el peso territorial del Congreso, disminuyendo en el mismo, por ejemplo, la cuota de los partidos nacionalistas a través de reformas electorales.

El segundo tópico es el de la atribución a la provincia de cuantos males achacan a nuestro sistema. La provincia pervierte el sistema electoral, impidiendo su proporcionalidad, que no se sabe por qué es considerada un canon irrefutable no solo de constitucionalidad, lo cual evidentemente no es, si no también de justicia y equidad. La provincia truca la territorialidad de nuestra forma política, y es, un arma artera del centralismo, en suma, un ariete con que enfrentar el desarrollo autonómico del Estado. No creo que me llevan a la defensa de la provincia mis convicciones foralistas. Me parecen, desde su creación por Javier de Burgos en el siglo pasado, las mismas un acierto pleno en la articulación del territorio español, como nudos de su estructura económica y de prestación descentralizada de servicios. La defensa en términos constitucionales de la Provincia la llevó a cabo acertadamente el Tribunal Constitucional en una importante sentencia, me refiero a la de las Diputaciones catalanas, que no sólo buscaba asegurar con el mantenimiento del equipamiento institucional de la provincia cierta homogeneidad organizativa en el Estado autonómico, sino afirmar un elemento imprescindible de nuestro régimen local. Bien está , entonces, que las provincias sigan aportando pluralismo territorial a nuestro sistema político, como creía Ortega, y que tengan la dotación institucional, entre ella su correspondiente representación parlamentaria, que la Constitución sabiamente les asegura.