Tragedia de Acapulco: huracán, sí, pero peor la negligencia del Estado

A mi hijo Juan Carlos, atrapado

36 horas en un hotel de

la zona zero de Acapulco

Luego de grandes tragedias que implican toma de decisiones gubernamentales comienza el ajuste de cuentas con una argumentación impecable: ¿pudo haber sido evitable el nivel de desastre? En el caso del huracán Otis categoría 5 que azotó el Pacífico por el lado del mítico puerto turístico de Acapulco, la peor parte estuvo en la negligencia del Estado federal y de las autoridades locales.

A las seis de la tarde del martes 24 estaba prevista la inauguración de un Congreso Internacional de la Cámara empresarial minera con la presencia anunciada con anticipación de la gobernadora del estado, Evelyn Salgado. Con todas las personas reunidas, durante una hora nadie dio explicación del retraso de la funcionaria ni de lo que estaba ocurriendo en las afueras del hotel.

A las siete de la noche un ujier del Gobierno estatal tomó el micrófono para anunciar que la gobernadora ya no llegaría y que había salido del Estado porque estaba entrando un ciclón de magnitudes inconmensurables. Como pudieron y sin información del huracán ni menos aún de las oficinas de Protección Civil, los asistentes corrieron a refugiarse en sus habitaciones; un par de horas después, el huracán azotó la zona turística hotelera con vientos de 300 kilómetros por hora.

Durante 36 horas no hubo ninguna autoridad federal o estatal que informará, que ocupara con fuerzas de seguridad las calles, que organizara la evacuación o que atendiera a los huéspedes que ya no pudieron salir de su hotel por los vientos asesinos.

La respuesta gubernamental durante la conferencia de prensa mañanera del presidente el miércoles 25 carecía de información real de lo que había ocurrido, pues los vientos habían destruido la zona hotelera entre las diez de la noche y las cuatro de la mañana. La gobernadora Salgado se encontraba fuera de la zona de Acapulco, pero ninguna oficina de su gobierno estatal tomó cartas para controlar el desconcierto de los turistas y las fuerzas militares de seguridad que operan para casos de emergencia tardaron más de un día en arribar.

Durante 36 horas, miles de turistas atrapados en sus hoteles tuvieron que sobrevivir por sí mismas; las instalaciones hoteleras carecían de zonas de refugio, los empleados se quejaron de que no existían protocolos de emergencia para atención y las bodegas de suministros de agua y alimentos estaban preparadas para las labores cotidianas. Se supone, por leyes de Protección Civil, que cada instalación pública o privada debe de contar con instrumentos físicos para atender tragedias de huracanes o incendios y personal capacitado para casos de emergencia.

La furia del viento de Otis encontró las estructuras hoteleras como castillos de papel, con datos violatorios de seguridad y Protección Civil como el hecho de que las salidas de emergencia están protegidas con cristales muy delgados que estallaron y lastimaron a muchos de los huéspedes. Varios de los hoteles en la zona zero regresaron al estado de naturaleza ocupando salones de baile, instalaciones de spa, zonas de bar y los pasillos de los pisos inferiores, y el pánico de varios huéspedes los llevó a subir a las habitaciones donde el huracán había destruido ventanas ya habitaciones. Los baños, que suelen ser zonas de refugio, también tenían paredes de papel.

La negligencia directa de la gobernadora Salgado se explica por razones políticas: ella no estaba perfilada para competir en el 2021 por la gubernatura estatal, pues el candidato anunciado por el presidente López Obrador era el senador Félix Salgado Macedonio, auto promovido como un “toro sin cerca”, un político bravo que resolvía asuntos a golpes y amenazas; sin embargo, acusaciones de violación sexual y gasto preelectoral abusivo llevó al Instituto Nacional Electoral a retirarle el registro para competir por la gubernatura, pero por decisión presidencial y del propio político castigado impusieron a su hija como candidata del partido Morena y el resultado electoral benefició por todo el apoyo presidencial. Pero la gobernadora carecía de sensibilidad para ejercer el cargo.

El puerto de Acapulco es la zona más famosa del estado de Guerrero, una plaza atravesada por las contradicciones y desigualdades sociales entre riqueza y pobreza, con más del 80% de personas en condiciones de marginación y con presencia activa de guerrilleros, grupos caciquiles, autodefensas, partidos radicales y de manera sobresaliente bandas del crimen organizado vinculadas sobre todo al narcotráfico.

Guerrero es considerado un estado salvaje, sin tejido social, sin instituciones políticas y gobernado por manos duras de caciques. Lo grave del asunto es que este estado de naturaleza política fue administrado por el PRI hasta el 2005, cuando una corriente de políticos locales forjados en el PRI se pasó a la oposición entonces del PRD de López Obrador y la estabilidad política se degradó varios escalones más por la corrupción de quienes llegaron con la bandera de lucha contra la corrupción.

Ahora mismo, el presidente López Obrador no puede cerrar la crisis de Ayotzinapa: 43 estudiantes normalistas fueron secuestrados por policías municipales de la alcaldía perredista de Iguala y entregados a la banda criminal Guerreros Unidos para que fueran sacrificados, discutiendo eso todavía si fue posible la versión oficial de haber sido incinerados en un basurero local.

El estado de Guerrero aparece, en toda su dimensión política, como un cacicazgo del grupo político de Félix Salgado Macedonio y su hija y el partido Morena del presidente de la República; la gobernadora ha sido protegida por el presidente López Obrador y sin ninguna investigación la exoneró de la negligencia que jurídicamente pudiera tipificarse como criminal de autoridades que supieron del huracán destructivo con 24 horas de anticipación, pero no realizaron ninguna actividad de protección ciudadana.

La zona turística de Acapulco quedó destruida, como zona de guerra; ante la falta de autoridades los habitantes salieron al saqueo sin que ninguna fuerza de seguridad pudiera impedirlo; la reconstrucción de la zona hotelera tardará muchos años y requerirá de miles de millones de dólares, pero sobre todo, la crisis provocada por Otis estaría exigiendo que el gobierno federal tomará con seriedad la crisis urbana, turística, social y política de lo ocurrido, comenzando por el reconocimiento de la negligencia de la gobernadora Evelyn Salgado.