La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido
el auto del juez Manuel García Castellón que dirige la investigación por
terrorismo sobre el movimiento Tsunami Democràtic contra el expresidente
Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otra decena de investigados.
El Ministerio Público se apoya en la convicción de que las actuaciones de ese movimiento no encajan en el delito de terrorismo y, al haber desaparecido el de sedición por la reforma del Código Penal, la causa solo puede seguirse por desórdenes públicos y en los juzgados de Barcelona.
Antes de que el juez dictara este auto, la Fiscalía de la Audiencia ya estaba preparando un informe para que la causa fuera juzgada en Barcelona por desórdenes públicos, de acuerdo con las informaciones policiales que constan en el procedimiento.
El juez considera que las acciones desplegadas por Tsunami Democràtic, una "organización estructurada" y "jerarquizada" surgida en 2019 en protesta contra la sentencia del 'procés', podrían incurrir en "actos de terrorismo" y también sería posible calificarlas como "delitos de desórdenes públicos terroristas", que requiere que se cometan por una organización terrorista o individualmente, pero amparados en ella. A su juicio, buscaban "subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".