Ayuso tramita de urgencia una ley para que sea la Comunidad la que recaude el impuesto de grandes fortunas y no Hacienda

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la tramitación urgente de una nueva ley para que Madrid recaude directamente el Impuesto de las Grandes Fortunas después de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara este martes su recurso.

“Lo vamos a hacer lo antes posible para que esa recaudación quede en manos del contribuyente madrileño y, de esta manera, se lo podamos devolver al mismo”, ha explicado la presidenta.

Díaz Ayuso ha asegurado que busca destinarlo “a lo que los ciudadanos votaron libremente en las urnas en las últimas elecciones y fue una baja fiscalidad y libertad también a la hora de pagar con sus impuestos, para que podamos crear más prosperidad y puestos de trabajo”.

“En otros países donde se ha aplicado este impuesto ha causado daños enormes y, como esto atenta contra la autonomía fiscal de Madrid, lo que vamos a hacer es seguir defendiéndola”, ha dicho, “lo me sorprende es que le den tanta independencia a algunas comunidades autónomas para hacer lo que les dé la gana y que Madrid no pueda hacer lo suyo con su propia fiscalidad”.

“Además”, ha explicado, “es un impuesto que se recauda el 90% en Madrid. Por tanto, va contra el patrimonio y el trabajo y el esfuerzo el contribuyente madrileño”.

El Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, que el Gobierno regional presentó en febrero de este año por considerarlo "un atentado" contra la Comunidad de Madrid, avalando así la tasa.

Según han confirmado a EFE fuentes jurídicas, la votación se ha saldado con una mayoría de siete a cuatro.

El impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, aprobado para los años 2023 y 2024, afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se produce entre el 1 y el 31 de julio.

El pasado mes de septiembre la Audiencia Nacional ya descartó suspender cautelarmente el impuesto, como pretendía la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), al entender que ello supondría la suspensión de una ley, algo que está fuera de sus competencias.