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LEY DE AMNISTÍA

Eurodiputados del PP y Cs mandan una carta a Von der Leyen "para que Europa tome medidas para salvaguardar nuestro Estado de Derecho"

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (Foto: EFE)

EL IMPARCIAL

lunes 13 de noviembre de 2023, 21:52h

Actualizado el: 13 de noviembre de 2023, 21:59h

En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, veinte eurodiputados españoles del Partido Popular y de Ciudadanos instan a las instituciones europeas "a monitorizar y seguir los desarrollos relacionados con las preocupaciones" que plantea la ley de amnistía pactada en España y recuerdan que la Unión Europea "debe salvaguardar los principios y valores fundacionales y tomar medidas para proteger nuestro Estado de Derecho".

En el comunicado remarcan que la amnistía "supone una grave vulneración del Estado de Derecho y de la separación de poderes y va en contra de las decisiones judiciales independientes" y "marca el inicio de una era de desestabilización política y una clara degradación de los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho", señalando además "la enorme tensión social" que está creando.

Los parlamentarios acompañan su argumentación con el listado de organismos y asociaciones que ya han mostrado su preocupación: 17 del Poder Judicial, 4 de fiscales, 38 de abogados y procuradores, 12 de funcionarios del Estado, 12 de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, 9 académicas, 16 organizaciones empresariales y diez gobiernos autonómicos.

Por su interés, reproducimos el contenido íntegro de la misma a continuación:

Bruselas , 13 de noviembre de 2023

Estimada Presidenta de la Comisión Europea Sra. Ursula Von der Leyen,

Como usted bien sabe, España se encuentra al borde de la crisis constitucional y política más importante de los últimos seis años. El acuerdo firmado el 9 de noviembre de 2023 entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el partido de Carles Puigdemont (Junts per Catalunya) para la investidura del Sr. Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno español marca el inicio de una era de desestabilización política y una clara degradación de los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho.

Accediendo a las exigencias del independentismo catalán, Pedro Sánchez se ha comprometido a introducir una ley de amnistía a cambio de los 7 votos del partido de Carles Puigdemont que necesita para ser investido presidente del Gobierno español. Esta amnistía supone una grave vulneración del Estado de Derecho y de la separación de poderes y va en contra de las decisiones judiciales independientes. El objetivo de la misma es revocar los procedimientos judiciales y las sanciones pendientes de aproximadamente 3.000 personas. Se incluyen delitos cometidos hasta hace una década entre los que figuran actos de corrupción y terrorismo.

Además, el acuerdo también hace referencia a la creación de comisiones parlamentarias para investigar si se ha producido “lawfare o judicialización de la política”, con poderes para perseguir acciones de responsabilidad o enmiendas legislativas. El acuerdo supone, en la práctica, someter los procedimientos y decisiones judiciales a revisión parlamentaria con evidente injerencia en la independencia judicial y la separación de poderes.

El acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez supone una deslegitimación de facto del poder judicial y una quiebra del principio de igualdad ante la ley. El acuerdo está creando, además, una enorme tensión social.

Todas las asociaciones españolas de jueces, desde las más progresistas a las más conservadoras (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) emitieron un comunicado conjunto para rechazar las referencias a la "lawfare o judicialización de la política" y sus consecuencias. Reconocen que el acuerdo supone una clara injerencia en la independencia judicial y vulnera el principio de separación de poderes. Subrayan que el Poder Judicial español es independiente, está libre de influencias políticas y mantiene un sistema de garantías judiciales.

Las asociaciones de fiscales también han emitido los correspondientes comunicados, rechazando el acuerdo de gobierno, la mención al concepto de "lawfare" y la creación de comisiones parlamentarias de investigación para investigar los procedimientos judiciales, ya que ello pervertiría por completo el sistema constitucional de separación de poderes.

El Consejo General del Poder Judicial, que ya se había pronunciado en contra de la ley de amnistía, también expresó su preocupación por el acuerdo.

En su comunicado, explican que el acuerdo “implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos”.

Por otra parte, diversas asociaciones profesionales, entre ellas las de funcionarios de justicia, inspectores de hacienda y seguridad social, colegios de abogados, abogados, procuradores, profesores de derecho constitucional, Tribunal de Cuentas y otros funcionarios de la administración, han manifestado rápidamente su preocupación por la gravedad de los asuntos señalados en el acuerdo. Hacen hincapié en el imperativo de salvaguardar el Estado de Derecho, mantener la separación de poderes, prohibir la arbitrariedad y garantizar que las autoridades se atengan al imperio de la ley.

Adjunto a esta comunicación encontrará las declaraciones oficiales de todas estas asociaciones.

Instamos a las instituciones europeas a monitorizar y seguir los desarrollos relacionados con las preocupaciones planteadas por todos estos grupos especializados y la ley de amnistía en general, en línea con el trabajo del Comisario de Justicia Sr. Reynders, tal y como se expresa en la carta al Gobierno español firmada el 8 de noviembre de 2023. La Unión Europea debe salvaguardar los principios y valores fundacionales y tomar medidas para proteger nuestro Estado de Derecho en virtud de los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea.

Atentamente,

Dolors Montserrat Montserrat, MEP

Antonio Javier López-Istúriz White, MEP

Juan Ignacio Zoido Álvarez, MEP

Pilar del Castillo Vera, MEP

Francisco Javier Zarzalejos Nieto, MEP

José Manuel García-Margallo y Marfil, MEP

Francisco José Millán Mon, MEP

María Rosa Estaràs Ferragut, MEP

Isabel Benjumea Benjumea, MEP

Pablo Arias Echeverría, MEP

Leopoldo López Gil, MEP

Gabriel Mato Adrover, MEP

Ana Collado Jiménez, MEP

Adrián Vázquez Lázara, MEP

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, MEP

Soraya Rodríguez Ramos, MEP

José Ramón Bauzá Díaz, MEP

Jordi Cañas Pérez, MEP

Susana Solís Pérez, MEP

Eva María Poptcheva, MEP

ANEXOS

LISTA DE ASOCIACIONES QUE HAN COMUNICADO UNA POSICIÓN OFICIAL MOSTRANDO SU PREOCUPACIÓN SOBRE LA LEY

PODER JUDICIAL

1. Consejo General del Poder Judicial

2. Asociación Profesional de la Magistratura - APM

3. Asociación Judicial Francisco de Vitoria

4. Juezas y Jueces para la Democracia

5. Foro Judicial Independiente

6. Jueces decanos de 80 partidos judiciales de España

7. Tribunal Superior de Justicia de Aragón

8. Tribunal Superior de Justicia de Canarias

9. Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

10. Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

11. Tribunal Superior de Justicia de Madrid

12. Tribunal Superior de Justicia de Murcia

13. Comisión Permanente de los Presidentes y Presidentas de Audiencias Provinciales de España

14. Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias

15. Juez decano de Málaga, José María Paéz

16. Juez Decano de Almería

17. Juez Decano de Zaragoza

FISCALES

1. Asociación de Fiscales

2. Unión Progresista de Fiscales

3. Asociación Profesional e Independiente de Fiscales

4. Fiscal jefe de Zaragoza

ABOGADOS Y PROCURADORES

1. Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia

2. Colegio General de Procuradores de España

3. Asociación de Abogados del Estado

4. Asociación de los Cuerpos de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas

5. Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia

6. Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social

7. Asociación Profesional de Secretarios, Interventores, y Tesoreros de la Administración Local

8. Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante

9. Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería

10. Ilustre Colegio de la Abogacía de Badajoz

11. Ilustre Colegio de la Abogacía de Cartagena

12. Ilustre Colegio de la Abogacía de Cádiz

13. Ilustre Colegio de la Abogacía de Cantabria

14. Ilustre Colegio de la Abogacía de Ciudad Real

15. Ilustre Colegio de la Abogacía de Granada

16. Ilustre Colegio de la Abogacía de las Islas Baleares

17. Ilustre Colegio de la Abogacía de Lorca

18. Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid

19. Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara

20. Asociación de Letrados de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (ASLACAM)

21. Ilustre Colegio de la Abogacía de Murcia

22. Abogados y procuradores catalanes en defensa del Estado de Derecho

23. Ilustre Colegio de Procuradores de Córdoba

24. Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Toledo

25. Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid

26. Ilustre Colegio de Abogados de Lucena

27. Ilustre Colegio de la Abogacía de Córdoba

28. Consejo Andaluz de Colegios de Abogados

29. Comunicado de Profesionales del Derecho

30. Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) de Granada

31. Bufete Pérez-Llorca

32. Bufete Garrigues

33. Bufete Broseta

34. Bufete Ontier

35. Bufete White&Case

36. Bufete Uría Menéndez

37. Bufete Cuatrecasas

38. Fundación Hay Derecho

ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS DEL ESTADO

1. Asociación de Diplomáticos Españoles

2. Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado

3. Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

4. Asociación del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado (ACSIAE)

5. Asociación de Funcionarios del Cuerpo Superior Técnico de la Administración de la Seguridad Social

6. Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social

7. Asociación Profesional de Médicos Evaluadores de la Seguridad Social

8. FEDECA. Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado.

9. Asociación de Funcionarios de Cuerpos Superiores del Tribunal de Cuentas (AFCS)

10. Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social

11. Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local 12. Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera

CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

1. Asociación Española de Guardias Civiles

2. Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)

3. JUCIL. Asociación profesional de la Guardia Civil

4. Asociación Pro Guardia Civil (APROGC)

5. Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC)

6. Asociación Profesional de Suboficiales de la Guardia Civil

7. Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional

8. Alternativa Sindical de Policía (ASP)

9. Confederación Española de Policía (CEP)

10. Sindicato Unificado de Policía (SUP)

11. JUPOL, Sindicato del Cuerpo Nacional de Policía