Reales academias, adelante

El primer titular de El Imparcial el dos de noviembre, día de los difuntos, fue: “Rendición total de Sánchez: acepta un mediador y el reconocimiento de Cataluña como nación”. Los pensadores políticos y periodistas racionales llevan mucho tiempo acusando al presidente del gobierno de hozar en la mentira con tal de mantenerse en la “silla curul de La Moncloa” (L. M. Anson). El penúltimo delito se perpetró el 31 de octubre cuando asistíamos en la superficie a la jura de la Constitución por la Princesa de Asturias, uno de los actos más genuinos de la democracia, y en el trasfondo estaba la “amnistía”, la venta de la nación española al grupo que aporta los siete votos necesitados por el presidente—perdedor de las elecciones—para seguir como tal en el gobierno. Ante tanta crítica ponderada como le han dedicado analistas competentes (Anson, Graciano Palomo, Agapito Maestre), una andanada por mi parte no tendría ningún efecto. Se suele decir que las naciones tienen el gobierno que merecen; pues bien, en este caso, no y “no es no”, como le gritaban a Rajoy Sánchez y sus lacayos desde 2012. Los más prestigiosos socialistas no se reconocen en las amalgamas del PSOE con comunistas, separatistas y sucesores legalizados de ETA. Los partidos de centro-derecha, ganadores de las elecciones del 28 de mayo y del 23 de julio, demonizados con el calificativo de “extrema derecha”, organizan manifestaciones multitudinarias en favor de un gobierno respetuoso con los millones de ciudadanos trabajadores, estudiosos, creadores de empresa y puestos de trabajo, y generoso con los sacrificados autónomos del pequeño comercio. Pero el poder que se toma el audaz presidente en funciones, saltándose las sentencias judiciales y, por supuesto, cambiando de opinión según su conveniencia, raya en lo inverosímil. Como no entiendo de política, pregunto: ¿tanto poder puede arrogarse una persona como para cambiar leyes a su antojo? Aquí es donde entra mi propuesta: el gobierno ha concedido una amnistía ilegal, como la han calificado expertos estudiosos de la Constitución. La sociedad debe reaccionar sin violencia a esa arbitrariedad; pero ¿quién tiene la autoridad para hacerlo? Por supuesto, esperamos que el Tribunal Supremo y el Constitucional anulen el esperpento. Pero, además, la nación tiene instituciones dotadas de autoridad, si no de poder, para denunciar los desmanes y proponer ideas para el presente y futuro. Pienso en las reales academias, en primer lugar, la de Jurisprudencia y Legislación. Este organismo, con todo el prestigio acumulado por su respetable historia, debería instruir a esta nación desamparada con un manifiesto preciso sobre la legitimidad o frivolidad de los saltos del gobierno. Ojalá tenga sentido mi ruego. Pero entremos ahora en la última frase citada de El Imparcial del 2 de noviembre: “Sánchez…acepta el reconocimiento de Cataluña como nación”. En 1330 Ramón Muntaner proclamó que Cataluña no era una “pequeña provincia” (Crónica de los reyes de Aragón, cap. 29). Ahora los separatistas catalanes y vascos exigen que el gobierno de España reconozca a sus territorios como “naciones”. Sin duda en tiempo de Cervantes y Gracián lo eran; pero en una idea seria del concepto de nación en el siglo XXI, sencillamente no lo son; el País Vasco (Euscadi, nombre inventado por Sabino Arana, de baja capacidad mental, según Unamuno), fue siempre una región dependiente del reino de Navarra o de Castilla, y Cataluña forma parte de la Corona de Aragón desde 1137. Por supuesto, como se recuerda con mayor frecuencia, España ha sido una nación-estado, constituida por sus diferentes reinos medievales y regiones modernas, desde 1474, cuando Isabel hereda el trono de Castilla, y 1479, el año en que Fernando hereda el de Aragón. Todavía más escandalosa desde el punto de vista histórico es la reclamación de que Euscadi se anexione Navarra. El reino de Navarra, unido a Castilla por Fernando el Católico en 1513, no puede perder su identidad, conquistado por un partido con bastantes instancias de delincuencia todavía pendientes. ¿Es posible que decisiones tan cruciales sobre el pasado, futuro y presente de España, como es la idea de nación, se abandonen a políticos tan arrogantes como ignorantes? Yo creo que, en este caso, la Real Academia de la Historia, cuyos socios están acreditados por una trayectoria profesional de la mayor calidad y prestigio, debieran reivindicar su derecho a pronunciarse sobre la “realidad histórica de España” (Américo Castro), y no dejar decisiones tan fundamentales a las ocurrencias de advenedizos codiciosos. En un momento de crisis de la legalidad parecido al presente, escribió Ortega y Gasset su artículo “Bajo el arco en ruina” (El Imparcial, 11 de junio de 1917). Para mi llamada a las academias imito las últimas palabras del pensador en su ensayo “La redención de las provincias”: “Eh, las provincias en pie”. Pues bien: ¡eh, reales academias, adelante, por favor!