En contra del pueblo

Lo ocurrido el domingo, día 12, no se veía probablemente desde los luctuosos acontecimientos del 11-F de 2004. Un echarse a la calle tan masivo de la ciudadanía no sucedía, al menos, desde entonces, cuando quiso expresarse el más fuerte rechazo a los atentados de la estación de Atocha, que se entendieron, sin duda, también como una grave amenaza a la seguridad de todos. La gente ha querido también ahora expresar su frontal rechazo a lo que Sánchez se propone hacer para conseguir mantener la presidencia del Gobierno a costa de las bases mismas en que se asienta la seguridad de la gente y de la más elemental igualdad en la efectividad de sus derechos La manifestación ha sido convocada por el PP, pero en todas las ciudades de España se ha aprovechado esa iniciativa para dejar oír bien claro por parte de una masa enorme de ciudadanos, de todo tipo, que no es aceptable la amnistía, que no cabe cambiar el relato de tantos hechos históricos y actuales, que no debe subordinarse un Gobierno a los dictados de un irresponsable delincuente prófugo, que, con manifiesto abuso de su cargo, trató de separar de España una parte de su territorio y de su población, o que, en fin, los pactos con los que quiere mantenerse el Gobierno hieren la dignidad de los españoles. No cabe reducir la enorme trascendencia de esta manifestación popular y pacífica de millones de españoles.

El entorno de Sánchez ha tratado de defenderse, atacando a la oposición, diciéndola que no han aceptado el resultado de las elecciones últimas. Pero es evidente que quienes no lo han aceptado son precisamente Sánchez y sus corifeos. Porque ni Sánchez ni ninguno de los candidatos del PSOE dijeron a los electores que iban a apoyar la amnistía pretendida por los separatistas, la celebración de un referéndum, la cesión de los ingresos tributarios, etc. que ahora les han concedido a cambio de su voto para obtener la Presidencia del Gobierno. Todo lo contrario: hasta las elecciones del 23 de julio habían constantemente sostenido con aparente firmeza todo lo contrario. Incluso los que votaron al PSOE votaron en realidad en contra de la amnistía y el referéndum, aunque respaldaran a su líder en lo que había sido su trayectoria hasta entonces.

Es difícilmente rebatible que la gran mayoría del pueblo español se ha opuesto y se opone en particular a la amnistía. El movimiento ciudadano del pasado domingo en todas las ciudades de España no es sino una expresión contundente de ello.

Si la amnistía va adelante, lo hará en contra del pueblo, como una manifestación bochornosa de decisión autoritaria y antidemocrática imperada ostensiblemente por el único fin de lograr o retener el Gobierno, merced a unos acuerdos con una o varias muy pequeñas minorías del conjunto del país, y que son también minorías en los territorios que pretenden separar de España.

Una amnistía, cuando se ha producido y donde se ha considerado admisible, ha sido siempre una medida consecuencia de un gran acuerdo social en la comunidad política para acabar con una etapa larga de graves enfrentamientos y de actuaciones dictatoriales o delictivas por una y otra parte, sobre unas nuevas bases, admitidas por todos para la convivencia estable y, en nuestros tiempos, con un Estado democrático de Derecho. Y por eso, como ha recordado Borrell –sin querer, por cierto, entrar, por razón de su cargo, en valoraciones sobre la que se ha acordado para los independentistas catalanes-, suelen ser un “borrón y cuenta nueva”. Pero nada de esto acontece con respecto a la generosa amnistía que ya la proposición de ley presentada en el Congreso pretende. Las cabezas de los amnistiados ya lo han dicho y repetido, incluso chulescamente: en nada van a cambiar, lo volverán a hacer. No van a parar hasta conseguir lo que ellos llaman “el derecho a decidir” y, a la postre, la independencia. Han dicho que incluso van a hacerlo, si lo ven oportuno, por la misma vía unilateral que ya usaron. ¿Qué justificación tiene, entonces, la amnistía? ¿A qué nueva convivencia mira o se supone que va a facilitar? ¿En qué va a contribuir a mejorar el clima social y a resolver el problema, sin duda político, de Cataluña? Es completamente falaz afirmar que responde al interés general y tiene por fin lograr mejorar la convivencia. Eso no es sino el ropaje con el que quiere disfrazarse lo que no es más que una pura conveniencia de quienes quieren mantener a Sánchez en el Gobierno tras perder él y su partido las elecciones pasadas. Sin el voto de los independentistas que exigen esta inadmisible amnistía, Sánchez tendría que dejar la Moncloa, más pronto que tarde. La clara percepción de esto es lo que ha llevado al pueblo español a la calle. ¿No habrá entre los diputados socialistas quienes se hayan dado cuenta de la deriva en que Sánchez está metiendo al PSOE y se nieguen a respaldar esta indignidad que, como reconocidas plumas de la izquierda vienen afirmando con rotundidad, va a ser letal para este partido?