El expresidente catalán
Carles Puigdemont, huido en Bélgica desde 2017, no se ha presentado este viernes en la vista que celebra el
Tribunal de Cuentas sobre el desvío de fondos para sufragar el
procés, en la que estaba citado a declarar a propuesta de la defensa de otros ex altos cargos demandados.
Puigdemont estaba citado presencialmente en la vista después de que el órgano contable rechazase su petición y la de otras defensas para que compareciese por videoconferencia por no justificar las razones que le impedían acudir al proceso y no haber presentado la solicitud con mayor antelación.
"Señor Boye, ¿me confirma que su patrocinado no ha comparecido?", ha preguntado la consejera a su abogado. "Le confirmo, señoría, que no ha comparecido, que quería comparecer y que nunca ha sido citado personalmente", ha respondido este, tras justificar que plantearon tarde la solicitud de videoconferencia porque hasta el último momento no se sabía si Puigdemont podría haber venido gracias a la ley de amnistía.
La proposición de ley de amnistía, impulsada por el PSOE y sus socios independentistas, fue el argumento que usaron las defensas de varios de estos exdirigentes, incluido Oriol Junqueras, para suspender este procedimiento contable, que encajaría en esa medida de gracia si finalmente se aprueba.
Una petición a la que se ha opuesto explícitamente este viernes la Fiscalía por ser la amnistía "un acontecimiento futuro, no incierto, pero sí de una certeza cuya existencia no se puede afirmar" y cuyos efectos no serán tangibles hasta que entre en vigor.
A quien sí ha escuchado la consejera ha sido a quien fuese interventora general del Estado, que ha explicado que no tenía "ni competencia ni capacidad" para controlar todos los gastos de Cataluña, y ha señalado que ella estimaba que el "control era suficiente" si "el crédito era adecuado y venía con las firmas correspondientes", entre ellas la de la interventora de la Generalidad.
El abogado de Puigdemont ha aludido a que la testigo -propuesta por las defensas- es familiar de la jueza Carmen Lamela, que inició la causa del 'procés' que luego se trasladó al Tribunal Supremo, un comentario que ha sido censurado tanto por la consejera como por el fiscal.
También han declarado un exintegrante del Comité Ejecutivo del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) -organismo que, según ha indicado, no se llegó a disolver con la aplicación del artículo 155- y un profesor universitario que realizó un censo de tratados internacionales suscritos por el Estado.
Una vez recabados los testimonios, la consejera ha dado por finalizada la vista a la espera de decidir si suspende o no el procedimiento. Si no lo hace, dará un plazo a las partes para que presenten sus conclusiones de cara a una futura sentencia que podrá verse condicionada por el avance de la proposición de ley de amnistía.
El procedimiento trata de dirimir la presunta responsabilidad contable de 35 ex altos cargos catalanes, incluidos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsejeros en el desvío de fondos públicos para sufragar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del 'procés'.
La Fiscalía cifra ese supuesto desvío en unos 3,4 millones de euros, que solicita que abonen los demandados, mientras que Sociedad Civil Catalana, que también ejerce de demandante, lo eleva a 5,3 millones.
Al término de la vista, el exconsejero catalán Francesc Homs, que ejerce de defensa, ha afirmado ante los medios que "lo razonable" sería suspender un procedimiento que, en su opinión, está lleno de contradicciones y que, según el abogado Gonzalo Boye, vulnera los derechos de los demandados.
Por contra, Sociedad Civil Catalana confía en una futura condena y ha celebrado que la vista se haya producido pese al "contexto y la injerencia del Ejecutivo"
Si (
No(
