España renuncia a debatir la inclusión de las lenguas cooficiales en la Eurocámara

Uno de los primeros pactos del PSOE con Junts, que permitió a la socialista Francina Armengol asumir la presidencia del Congreso de los Diputados, consistía en lograr que el catalán se convirtiera en lengua oficial de la UE y su uso estuviera permitido en el Parlamento Europeo. Sin embargo, este lunes el PSOE ha renunciado a seguir adelante con su promesa después de retirar el debate de los asuntos del día del último Consejo de Asuntos Generales en el cierre de la presidencia española del Consejo de la UE.

La falta de apoyos necesarios para que saliera adelante, siendo necesaria la unanimidad de los 27, ha provocado el desestimiento de Sánchez. A partir del 1 de enero, con Bélgica en la presidencia, la promesa quedará diluida fuera de las prioridades en la agenda belga.

La rendición española llega después de conocerse un informe preliminar de la Comisión Europea que estimaba el gasto de la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en unos 132 millones de euros, un coste el el Gobierno de Sánchez estaba dispuesto a asumir si se llegaba a aprobar su inclusión.

Bruselas ha multiplicado por tres los 44 millones que cuesta actualmente al año a traducción y la interpretación al gaélico, pero deja claro que debe "llegar a un cálculo más preciso" en caso de que se aceptara el uso de las lenguas cooficiales en España.

Según el informe, el coste de añadir un idioma oficial al régimen lingüístico de la UE depende de la facilidad de contratación de personal para la traducción y la interpretación y de lo que cueste revisar y publicar los textos legales en esa lengua. "Dependiendo de la cantidad de traductores e intérpretes cualificados, que puede variar según la lengua, es necesario identificar y organizar una formación específica con las autoridades españolas", indica el documento.

El coste definitivo dependerá también de los sistemas de inteligencia artificial de traducción automática que existan en cada lengua y si no existen, se necesitará invertir en ellos, asegura Bruselas.

Por último, habrá que tener en cuenta los periodos de transición que se establezcan hasta que la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera sea completa.

En este sentido, hay que tener en cuenta que Dublín pidió la oficialidad del gaélico en 2005 y la medida se aprobó en 2007 con una importante salvedad: al constatar que había un número limitado de traductores y recursos tecnológicos para este idioma se decidió que no todos los documentos se tradujeran en ese momento con una derogación temporal especial que caducaba en 2022.

La derogación empezó a retirarse en 2015 a petición de Irlanda a medida que la capacidad de traducción al gaélico en los organismos comunitarios ha ido incrementándose y desde 2022, 17 años después de que Dublín pidiera convertirlo en idioma oficial, es una lengua con estatus completo ante las instituciones europeas.

España se comprometió a asumir el coste total de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego para vencer así las reticencias de sus socios y pretende introducir seis condiciones para garantizar que otras lenguas minoritarias como el ruso no podrán reclamar la oficialidad en la UE, un temor de los países del Este.

Se trata de factores como que las tres son "originarias de un Estado miembro", cuentan con reconocimiento constitucional en ese Estado y son lenguas de trabajo en el Parlamento nacional de un país de la UE, cambio que en España llegó precisamente a raíz de las negociaciones de investidura tras las elecciones del 23 de julio.

También señalan la existencia de acuerdos administrativos con más de diez años de recorrido para que estas lenguas puedan usarse en varias instituciones de la Unión Europea, el hecho de los tratados europeos están traducidos a los tres idiomas y que España se haya comprometido a asumir todos los costes "derivados de su utilización en las instituciones de la Unión".