Intolerable acoso a los jueces con el beneplácito del Gobierno

El Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el grueso de las asociaciones de jueces y fiscales han emitido durísimos comunicados tras el ataque de la diputada de Junts, Miriam Nogueras, a los jueces que han tratado asuntos relacionados con el ‘procés’. El silencio del Gobierno ha sido lo que más ha dolido. La Judicatura entera está estupefacta, atónita, indignada con un señalamiento propio de los regímenes autoritarios. El momento es especialmente delicado para la separación de poderes y el Estado de Derecho en España.

Se trata del comienzo de una operación en la que los partidos independentistas se reservan el derecho a vengarse de los jueces que instruyeron causas que han perjudicado sus intereses. El llamado ‘lawfare’ que pactaron Pedro Sánchez y Carles Puigdemont no es otra cosa que la subversión de la separación de poderes en España, la impunidad para algunos políticos, que pretenden situarse por encima del imperio de la ley.

Y todo por siete votos en el Congreso de los Diputados. Los que Pedro Sánchez ha necesitado para ser presidente del Gobierno, al precio de poner a la nación española al borde del abismo. Se trata de un desmantelamiento de las instituciones como no se recuerda en la historia reciente de España.

"El señalamiento -y la finalidad que de él se desprende- de varios magistrados del Supremo resulta inadmisible en un Estado de Derecho uno de cuyos principios fundamentales es la separación de poderes", asegura el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte.

El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, tras suspender de forma fulminante su reunión con el Ministro de Justicia Félix Bolaños condenaba el ataque de Miriam Nogueras y consideraba que se trata de un señalamiento que "carece de precedentes" y "no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho".

Jueces y fiscales calificaban el ataque de Nogueras como "inasumible en democracia", "tremendamente irresponsable", “inadmisible”.

No hay matices. La indignación entre los magistrados es total. El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado un peligroso camino con los peores compañeros de viaje y las espadas están en alto. El Gobierno no debería tolerar la humillación a los jueces por parte de partidos independentistas que pretenden situarse por encima de la Justicia para atacar la unidad de España.