Sánchez y Feijóo acuerdan que Europa medie en la renovación del CGPJ

Si Feijóo considera que la Comisión va a "supervisar" esas negociaciones, el Ejecutivo, como ha explicado por boca de su portavoz, la ministra Pilar Alegría, lo interpreta como una "mediación" y una "verificación", buscando un paralelismo con el término utilizado en sus acuerdos con Junts y ERC.

Y si el PP plantea que se haga de forma "simultánea" la renovación y la reforma de la ley de elección del CGPJ, el Gobierno se aviene a hablar a la vez de ambas cosas pero dejando claro que primero tiene que efectuarse la elección de los nuevos vocales y más adelante esa hipotética modificación legislativa.

Sánchez y el jefe de la oposición se han reunido durante dos horas en el Congreso, y aunque han evidenciado que mantienen diferencias irreconciliables, han avanzado en dos asuntos que estaban sobre la mesa: esa renovación pendiente del órgano de gobierno de los jueces y la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término "disminuidos" relativo a las personas con alguna discapacidad.

Ha sido el Partido Popular quien se ha adelantado a anunciar el acuerdo sobre el CGPJ subrayando que ha sido gracias a una propuesta de su presidente aceptada por el jefe del Ejecutivo y consistente en que la Comisión, como ha explicado Feijóo en rueda de prensa en el Congreso, "supervise" las negociaciones.

Alegría, que ha comparecido ante los periodistas en el Palacio de la Moncloa, ha utilizado sin embargo los verbos "mediar y verificar" para definir el papel de la Comisión valorando que sea un "magnífico punto de partida" para intentar un acuerdo que cree urgente para desbloquear una situación que se prolonga cinco años.

Antes de que Alegría usara esos términos, el presidente del PP ya había rechazado que se hablara de "mediador" porque equiparar a la Comisión con "un mediador salvadoreño" (en alusión a la persona que desempeña esa función en el diálogo entre el PSOE y Junts) cree que es "una falta de respeto".

Feijóo plantea que el plazo para cerrar el pacto debería ser antes de la celebración de las elecciones europeas que deben renovar los órganos de la UE, y Alegría ha abogado también por hacerla lo antes posible.

Fuentes del Gobierno han avanzado que la intención es que antes de fin de año el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ponga en contacto con el responsable de Institucional del PP, Esteban González Pons, para dar los primeros pasos de la nueva negociación.

Pero otra discrepancia es sobre el ritmo, porque el Gobierno insiste en que primero debe hacerse la renovación del CGPJ y después la reforma de la ley ya que es algo que ha planteado incluso la persona que Feijóo cree que puede desempeñar el papel de supervisión por parte de la Comisión, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

No pone trabas el Ejecutivo a que pueda serlo pero citan también a la vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová.

Feijóo ha mostrado su desconfianza hacia el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como negociador por parte del Gobierno aunque ha asumido que será el que se encargue de ello, y Alegría le ha instado a respetar a las personas que cada uno decida.

Sí ha habido satisfacción mutua ante el compromiso de reformar el artículo 49 de la Constitución, para lo que se ha acordado presentar una proposición de ley conjunta antes del 31 de diciembre y celebrar un pleno monográfico en enero en el Congreso para tramitarla.

Pese a los acuerdos sobre el CGPJ y el artículo 49, Feijóo ha lamentado haber conseguido "poco" en la reunión y que Sánchez no haya mostrado voluntad de rectificar en cuestiones como sus pactos con los independentistas catalanes y con EH Bildu.

También ha criticado que se haya negado a esperar a que haya un nuevo sistema de financiación autonómica para poder proceder a la condonación de deuda de algunas autonomías y, por la conversación, entiende que el presidente podría estar dispuesto a ceder a nuevas comunidades la gestión del cien por cien de los tributos.

Por su parte, el Gobierno ha acusado a Feijóo de haber cerrado la puerta a crear una mesa de trabajo para abordar la reforma de la financiación autonómica.