La transferencia de las políticas de inmigración a Cataluña ha levantado una gran polémica por ser una competencia exclusiva del Estado y, más que probablemente, inconstitucional. De entre las inauditas cesiones de Sánchez a Puigdemont para sacar adelante sus decretos, la gestión de la extranjería demuestra el cinismo del presidente, quien después de tildar al prófugo de Waterloo como “el Le Pen español”, ahora se ha convertido en su socio principal.
Un socio que, como creía el presidente del Gobierno, es un racista de pura cepa como todo nacionalista radical. Porque el nacionalismo se basa en el supremacismo de los que creen que son superiores a los demás por haber nacido en Alemania, como los nazis, o en Cataluña, como es el caso del prófugo de la Justicia. Hitler propagó la teoría de la superioridad de los arios y, con esa excusa, el odio a los judíos. Ya Arzallus en su día se inventó la teoría de que los vascos pertenecían al grupo sanguíneo RH negativo, que les diferenciaba del resto de los mortales. Y ahora, los separatistas catalanes también se arrogan una superioridad, originada en unos ancestros que ni siquiera ellos saben identificar.
A pesar de ello, a pesar de su racismo militante, Pedro Sánchez tiene la intención de ceder la gestión de la política migratoria a la Generalidad. No sólo es una competencia exclusiva del Estado. También se trata de una decisión peligrosa para los derechos humanos de los inmigrantes, ya sean de Somalia o de Soria. Porque si llegan a controlar la gestión de la extranjería, los separatistas cribarán con sus teorías racistas a los ciudadanos que, simplemente, soliciten la residencia. Ya han aplicado su xenofobia con aquellos que no hablan catalán, incluso han impedido que médicos relevantes puedan ejercer su profesión en la Comunidad Autónoma por ese motivo.
Pero Pedro Sánchez se mostró muy satisfecho después de haber tragado todos los sapos que Puigdemont le mandaba desde Waterloo mientras se debatían los tres decretos de marras. Aseguró que “bien está lo que bien acaba.” El problema es que ha acabado bien para él y su Gobierno, a pesar del trastazo de Yolanda Díaz por traidora, soberbia y autoritaria. También, sin duda, ha acabado bien para Puigdemont que celebraba por todo lo alto la goleada que le había endosado al presidente del Gobierno. Pero no ha acabado bien para la mayoría de españoles y para la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes que recalen en Cataluña. Porque, vengan de donde vengan, serán tratados como inferiores por un Gobierno nacionalista y, por tanto, xenófobo.