El Gobierno es consciente de que su supervivencia pende de un hilo que se encuentra en Waterloo, que sin los 7 escaños de Puigdemont, “colorín colorado”. Y el prófugo de la Justicia sólo tiene un afán: ser amnistiado para volver como un héroe a España. De ahí, la cacería emprendida por Pedro Sánchez y todos sus ministros contra aquellos que pueden arramplar con su coalición basada en una débil mayoría parlamentaria.
Teresa Ribera, que se había mostrado siempre como una ministra moderada y sensata, se ha unido con armas y bagajes a la cacería y ha arramplado contra el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, por haber reiterado su tesis de que el Tribunal Supremo investigue a Puigdemont por terrorismo, por el vandalismo del llamado Tsunami Democrátic. El valiente magistrado ya había sido insultado por diputados de ERC, Junts, Podemos y Sumar. Y, ahora, la vicepresidenta tercera ha hecho unas bochornosas declaraciones a la Sexta, que atentan gravemente con la independencia judicial que deben acatar los políticos, en especial si forman parte del Gobierno.
Teresa Ribera acusa abiertamente al juez García Castellón de prevaricación al declarar que “nos tiene acostumbrados a que se incline siempre en un determinado sentido con motivación política en sentencias que tienden a salir en momentos políticos sensibles.” Se trata de un gravísimo ataque al magistrado única y exclusivamente por el efecto que pueda tener su sentencia en la aprobación de la ley de amnistía, en la que se basa esa mayoría parlamentaria de la que depende su lustrosa vicepresidencia. Se trata, en fin, de la habitual deriva de Pedro Sánchez contra la separación de poderes en su desesperado intento de controlar el Poder Judicial.