Desde su creación al comienzo de la Transición, el Tribunal Constitucional ha estado siempre...
Desde su creación al comienzo de la Transición, el Tribunal Constitucional ha estado siempre cuestionado. La larga sombra de la politización se ha cernido sobre él. Debió ser una sala del Tribunal Supremo, pero Adolfo Suárez, a imitación de algunos países europeos, prefirió que funcionara exento.
Resultaría interminable la lista de acusaciones que ha recibido el Tribunal Constitucional. Algunos de sus magistrados pretendieron en su día convertirlo en un Tribunal de casación del Supremo, lo que provocó las iras de los magistrados del Alto Tribunal que había consolidado durante más de dos siglos su prestigio en España. Hasta tal punto la situación se hizo grave que la Sala Segunda del Tribunal Supremo estuvo dispuesta a querellarse contra el Tribunal Constitucional, lo que hubiera provocado un escándalo nacional e internacional, comprometiendo la estabilidad de la entonces jovencísima democracia española. Entre Pascual Sala y el Rey Juan Carlos se recondujo la gravísima situación.
Ahora las cosas han vuelto a extremarse. Y son muchos los magistrados del Tribunal Supremo que no están dispuestos a tolerar la politización del Tribunal Constitucional. En un editorial de El Debate -“No, eso no es un Tribunal Constitucional”- se arremete contra la escandalosa politización del TC y se afirma que la democracia está amenazada porque muchos de sus magistrados se han convertido en una extensión de las necesidades “de un presidente antisistema”.
Entre el estruendo de los rumores, los bulos, las calumnias, las insidias, los chismes que inundan hoy algunos periódicos impresos, hablados, audiovisuales y digitales, se pierde la denuncia de la transformación del Tribunal Constitucional en un instrumento al servicio de la política de Pedro Sánchez. Felipe González, por supuesto, ha clamado contra el acoso sanchista a la independencia de jueces y magistrados, y estos se han manifestado públicamente con respeto y moderación, pero de forma contundente.
El Tribunal Constitucional está dispuesto, según algunos observadores, a decir que sí a la Ley de Amnistía, aunque sectores relevantes de la vida nacional subrayen, como lo están haciendo, su palmaria inconstitucionalidad.
